Por Jesus Evaristo Scanavino (*)
La más oscura de las noches se asoma en el horizonte de los argentinos. No es por un alzamiento militar, ni por una invasión extranjera o una inminente peste. Aunque parezca insólito es consecuencia del pésimo manejo de asuntos que son elementales en la administración de cualquier país, como es la seguridad. Nuestros dirigentes parecen no haberse percatado. La población toda esta desesperada, entre llanto y voces de infinito dolor, familiares y amigos de los vecinos masacrados por la delincuencia, braman por soluciones. Pero nadie los escucha. Quienes tienen el poder para aportar alguna medida urgente, de aplicación mediata, apenas si atinan a describir, en el aire, y en los medios de prensa, políticas de estado o proyectos de mediano y largo plazo, ya pensadas hace muchos años sin que ningún gobierno las cumpliera.
El 17 de noviembre fue vilmente asesinada la arquitecta Renata Toscano, en Wilde. Familiares y vecinos, al unísono con todos los argentinos, reclamaron medidas urgentes para que se detengan los asesinatos.
La respuesta de nuestros políticos no se hizo esperar: debates públicos, cruces, acusaciones, diagnósticos y más diagnósticos, de los más variados, siempre echando la culpa al otro, y finalmente proyectos verbales. Medidas de acción rápida, urgentes, efectivas, aunque sean transitorias: Ninguna.
En cambio, los integrantes de la policía de la provincia sí están dando acabadas muestras de solidaridad y entrega para con sus vecinos.
Mucho se podrá criticar a esta institución. Que patrullan poco o que llegan tarde. Otros, los opinadores de siempre, con un lenguaje más insidioso, denunciarán al voleo que hay connivencia policial con el delito; zonas liberadas, etc. Y puede ser también que en algún caso haya existido algo de esto o en el futuro pueda verificarse en algún hecho puntual. Pero lo cierto, lo comprobable día a día, como dato positivo y alentador para los vecinos, es que las mujeres y hombres de la policía, con sus falencias, propias y ajenas, son los únicos que trabajan y sin descanso por la seguridad, a pesar de la inferioridad en que los coloca la legislación vigente. No rehúyen enfrentar a los delincuentes. Tampoco son esquivos a la hora de poner la cara ante la sociedad cuando son requeridos. Hay que reconocerlo.
El día 25 de noviembre, al caer la tarde, otra familia destruida, ahogada en llanto. Una más. La maestra Sandra Almirón era masacrada por un par de malnacidos y por la desidia de una dirigencia enferma de ideología. Tan enferma que ni siquiera puede reconocerlo. Insensibles a los problemas de la gente. Mientras el cuerpo, aun caliente, de esta inocente víctima era manipulado por los peritos, en procura de pruebas de cargo para una condena que probablemente nunca se cumplirá, podíamos ver por televisión (TN “A dos Voces”) a uno de los máximos responsables del calvario que sobrellevamos los bonaerenses, el ex gobernador Felipe Solá, defendiendo el experimento que León Arslanián hizo con la seguridad durante más de diez años, y preocupado –casi furioso- por la reedición del Código Contravencional con el que la policía –según él- podría violar los derechos humanos de los bonaerenses, refiriéndose a infractores y a delincuentes en la etapa predelictual. Lamentable y triste el papel del ex gobernador.
Esa es la filosofía que presidió toda la gestión del ex gobernador Solá y su ministro Arslanián en el área de seguridad. En esa ideología se inspiraron también para la reforma policial, procesal y la reforma judicial. Pensaron únicamente en los derechos de los delincuentes, como finalmente termina por demostrarse. Esa es la filosofía causante del baño de sangre en que los bonaerenses nos vimos sumergidos en los últimos diez años, con más de doscientos policías caídos cumpliendo con su deber y cientos de vecinos masacrados.
Transcurren las horas y los días del asesinato de la maestra Sandra Almirón, como transcurrieron los días de Renata Toscano, y nuestros dirigentes, otra vez convertidos en una bolsa de gatos, oficialistas y opositores, nos dan un espectáculo lamentable y repudiable. Los mismos diagnósticos que escuchamos desde hace 25 años: inclusión social, pobreza, educación, corrupción policial, justicia condicionada, etc., y con total descaro eluden mencionar que todos, a su turno, ya estuvieron en el gobierno y no hicieron absolutamente nada por lo que hoy pregonan y denuncian con total desparpajo, como si no tuvieran nada que ver.
No se animan a decir que fueron ellos quienes apoyaron todas las políticas pseudo garantistas y abolicionistas de la última década, en especial en todas aquellas que tuvieron como fin destruir a la institución policial, a la que hoy le reclaman resultados, y desactivar a todos sus miembros, mediante la persecución y el mal trato, hasta desmotivarlos y convertirlos casi en figuras decorativas, dejando la calle libre al accionar de asesinos, ladrones, narcotraficantes y violadores de todo tipo, situación que desde Apropoba venimos denunciando hace años, cuando repetidamente hemos dicho, que ciertamente existe una zona liberada para el delito y que esa zona es toda la provincia de Buenos Aires. Que fue liberada por los políticos y legisladores con leyes imprudentes, a contrapelo de los reclamos del soberano.
Sabían de antemano que esto iba a ocurrir, porque desde Apropoba hace años lo alertamos permanentemente. También saben que se va a agravar. No importa, por ahora sus miradas están puestas en la cúspide del poder, porque ese es su único anhelo, obtener el poder.
En el largo camino hacia arriba se van abriendo paso entre pobres, desocupados y gente mal tratada por el estado; van ascendiendo sobre las ruinas de las familias, ya incrédulas de toda fe y confianza; dan vuelta la cara a la juventud, desorientada, que abreva de los peores ejemplos y que fue entregada en bandeja a la droga y al narcotráfico; tampoco les importa un bledo los miles y miles de niños mal alimentados y sin educación, hacen como que no los ven. Solamente les interesa su proyecto personal. Llegar a la cúspide.
Desde el poder solucionaran todos los problemas, según vienen prometiendo desde 1983. Pero no les creemos nada, porque vemos a otros, del mismo partido y también opositores, que por detrás han iniciado el mismo camino de ascenso. A codazos y zancadillas avanzan sobre las ruinas del pueblo, decididos a arrebatarle el puesto al que ya llegó, como sea, aún a costa de más sufrimiento para la gente. Al menos así se los ve.
Igual que en la década de los setenta, que por acción u omisión, toda la dirigencia, de derecha o de izquierda, fue responsable de lo que nos pasó, ahora también son responsables de lo que está ocurriendo. Ya es tiempo que tengan una actitud de grandeza, y en lugar de pelear por la cúspide del poder, unirse y dotar a la Policía, a la Justicia y al Servicio Penitenciario de todas las herramientas necesarias para implementar rápidamente medidas, aunque sean excepcionales y transitorias, pero que traigan alivio a la población a partir de hoy. Luego sí, poner en vigencia de una buena vez las mentadas políticas de inclusión social, educación, etc., por las que tantos litros de saliva han gastado en los programas de televisión, y lograr reducir en el futuro las causales de algunas conductas delictivas.
Es necesario que se comprenda la verdadera dimensión de lo que está aconteciendo. Deberían descifrar correctamente el mensaje del pueblo, producto de un razonamiento simple. Estamos diciendo al que quiera oír, que comprendemos la exclusión social, la falta de educación, la desocupación y el abandono o falta de contención, de menores y de mayores, como causante muchas veces –no todas- de conductas delictivas. Pero también decimos a oficialistas y opositores, que para solucionar todos esos problemas ya les hemos otorgado, y han consumido, un cuarto de siglo. Elección tras elección, les hemos renovado el crédito con la esperanza que concretaran las promesas. Y no cumplieron. No han hecho nada por cambiar las condiciones generadoras de delitos y de violencia.
No vengan ahora a insinuarnos que los ciudadanos tenemos que pagar con nuestras vidas, la vida de nuestros hijos o nietos, las consecuencias de tal incumplimiento. No pretendan que aceptemos que para salvaguardar los derechos de los delincuentes, mayores o menores, tengamos que entregar mansamente nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos.
Creo sinceramente que el tiempo se acorta. A los ciudadanos no nos interesa el discurso de los planes a largo ni mediano plazo. Pretendemos sí un cambio de postura del estado frente a la delincuencia a partir de ahora mismo. Que se la combata ostensiblemente, con todas las fuerzas de las leyes que el pueblo se dio para la defensa de su vida, de sus bienes y de sus derechos; y si no alcanzan las existentes que se legisle con toda urgencia. Con mano firme, sin excesos policiales de ninguna índole. Que el Estado-gobierno y políticos, garanticen los derechos humanos del pueblo, que es el soberano, al menos con el mismo esmero que lo hacen para con los delincuentes.
Si esto no ocurre, creo que la población, lamentablemente, descreerá de todo, inclusive de la democracia; podrían producirse reacciones masivas e incontrolables de gente enojada, demandando justicia y seguridad a cualquier precio. Oportunidad propicia para que algún político “iluminado”, de esos que siempre se arrogan la razón y tienen permanentemente un “plan golpista” a mano para denunciar y asustarnos, nos proponga alguna receta salvadora y termine llevándose puesta, de un solo saque, todas las libertades juntas, o lo que queda de ellas.
Entonces sí, “chau país. El último que apague la luz…”
(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo por gentileza de su autor el Comisario (RA) Jesús Evaristo Scanavino, Secretario de Organización de APROPOBA (Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires).
