EL AMANTE CHINO

EL AMANTE CHINO "... parecería evidenciar la magnitud de los daños que una nación puede autoinflingirle a sus mejores intereses cuando no acierta con la manera de conectarse con el gigante emergente". Andrés Cisneros Antes de que me acuse de apocalíptico, como hicieron algunos amigos antes del asesinato del Fiscal Nisman, le recuerdo que vivimos en un país cuyo gobierno permitió que la corrupción produjera crímenes como los de Cromagnon, de Once y de los archivos de Iron Mountain, en Barracas, mientras llena los cementerios de muertos inexplicables; también yo podría decir la ya famosa frase: "No tengo pruebas, pero no tengo dudas". Ahora, entremos en materia. China ha virado hacia una economía fuertemente capitalista, pero aplica pesados cerrojos a la libertad y, a pesar de combatir recientemente la corrupción hacia adentro, no le hace ascos cuando es para afuera. Tiene la población más grande del planeta, a la que necesita alimentar y dar trabajo y, para ello, requiere de materias primas de todo tipo. En función de ello, ya tiene grandes negocios en varios países del África negra, Venezuela, Ecuador y, ahora, ha comenzado a interesarse en nuestro país, proveedor de alimentos y energía. La Argentina de hoy provee básicamente soja, pero también podría suministrar ingentes cantidades de gas, petróleo y minerales estratégicos, es decir, productos primarios que son y serán industrializados allí. Toda nuestra economía, en comparación con la china, puede ser medida en pocas monedas. Por otra parte, el Gobierno necesita desesperadamente divisas y, para conseguirlas, está dispuesto a hacer todo, comenzando por ceder territorio y renunciar a la soberanía, romper definitivamente con los Estados Unidos y Europa, abrir indiscriminadamente su mercado para los productos chinos, reprimarizar nuestra economía, contratar a empresas chinas sin licitación y a cualquier precio o permitir que trabajadores de esa nacionalidad se desempeñen aquí en condiciones reñidas con nuestras leyes. Pero, como dice la vieja broma, los chinos no son kamikazes, y disponen de uno de los servicios de informaciones más eficientes. Por eso, saben que quien acepta esta descarada colonización y firma por nuestro país los acuerdos de intercambio de monedas y de financiamiento de grandes obras de infraestructura, además del que permitió comenzar a construir, con cesión de soberanía, la base espacial científico-militar en la Patagonia (que constituye una verdadera avanzada en el posicionamiento de China en su silente guerra con los Estados Unidos), es una Presidente que, constitucionalmente, debería entregar el poder en diciembre de este mismo año y cuyo sucesor, seguramente, al menos los revisará y, en algún caso, hasta los anulará en función de un nuevo alineamiento internacional; las amistades que el kirchnerismo ha cultivado en estos años con los países peor vistos desde Occidente -Irán, Rusia, China, Venezuela- están reñidas no solamente con nuestras tradiciones y necesidades geopolíticas sino hasta con la bandera que el Gobierno ha intentado transformar en su baluarte ético, los derechos humanos, que son sistemáticamente violados en todos ellos. La demostración más clara de ese conocimiento que tiene Xi Jinping, Presidente de China, sobre nuestra realidad es, precisamente, el cuentagotas con que está entregando los frutos monetarios de esos acuerdos: de los swaps sólo ha entregado el 10% y, de las inversiones necesarias para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic, en Santa Cruz, apenas US$ 285 millones, un vuelto comparado con los montos involucrados; ¿estarán destinados a pagar la expropiación de las estancias recientemente adquiridas por Lázaro Báez para la familia imperial, que serán inundadas si, a pesar de todo, las centrales hidroeléctricas proyectadas son construidas? Por otra parte, la nueva alianza con Rusia esconde un factor terrible para todo el hemisferio occidental, cual es el compromiso asumido por Putin de construir en la Argentina una planta de enriquecimiento de uranio cuyo producto tendría como destino final a Irán. Detrás de este acuerdo, impulsado por el extinto Chávez, tal vez deban rastrearse las razones verdaderas que llevaron a la firma del insólito memorandum, ya declarado inconstitucional, ya que quizás encontremos esa crematística a la que son tan adictos los Kirchner. Si ha tenido la paciencia de seguir mis notas, sabrá ya cuánto descreo de una transición pacífica mediante unas elecciones que, a esta altura del año, debieran considerarse inminentes. Recordará, seguramente, por qué estoy convencido que doña Cristina no entregará el poder pero, a riesgo de ser reiterativo, las enumeraré rápidamente: nunca ha respetado la Constitución, dispone de dinero (Ciccone y Casa de la Moneda), de "tropa" (Vatayón Militante, Tupac Amaru, Hinchadas Unidas, etc.), de "fierros" (han desaparecido arsenales enteros -¡hasta un misil!- y, diariamente, ingresan armas más sofisticadas) y de drogas, para pagar la transitoria lealtad de individuos capaces de generar un grave caos en las calles; ahora, además, y los recientes movimientos de la Justicia así lo acreditan, la Presidente se juega su libertad y la de sus hijos y, al menos parcialmente, su fortuna y, sobre todo, no tiene nadie enfrente capaz de encabezar una resistencia civil y las fuerzas armadas serían prescindentes. Entonces, ¿por qué cumpliría hoy las mandas constitucionales y entregaría la banda y el bastón a un sucesor que no será, en ningún caso, "del palo"? Conoce al peronismo desde adentro, y sabe que éste tiene un "día de la lealtad" porque los otros 364 son de la traición, y siempre acude en ayuda del vencedor; si, finalmente, el candidato del FpV fuera Scioli, éste no solamente se cobrará doce años de ininterrumpidas humillaciones sino que todo el PJ -como ya lo ha hecho con Menem y con Duhalde- se alinearía tras él y olvidaría la década en la que pagó con obsecuencia los cargos y prebendas recibidos. Cuando algún lector me ha preguntado cómo imaginaba que actuaría el kirchnerismo si mis especulaciones fueran ciertas, respondo que creo que generará una enorme conmoción social, antes de las PASO, que le permitiera decretar el estado de sitio y suspender las elecciones hasta nuevo aviso; en realidad, hasta que una nueva bonanza económica permitiera que la ciudadanía, tan sensible a lo que marca su bolsillo, su órgano más sensible, nuevamente viera al FpV con buenos ojos, olvidando todas las calamidades que ha producido. Es obvio que ese eventual viento de cola no vendría, en ningún caso, desde los países que ya observan con horror los desmanes de todo tipo que se están produciendo en la Argentina pero sí podría llegar, ¡oh, casualidad!, desde China que, en ese caso, tendría un horizonte más amigable y prolongado para sus intereses aquí y para sus aspiraciones geopolíticas globales. En resumen, si doña Cristina consiguiera asegurar a Xi que ella o alguien indubitablemente fiel permanecería en la Casa Rosada por un lapso prolongado, el mandatario seguramente abrirá las canillas de ese financiamiento que nuestro Banco Central ya necesita como una transfusión sanguínea; todas las cifras involucradas en los convenios firmados son, como dije, sólo monedas para una economía como la china. Entonces, los objetivos finales no pueden ser más coincidentes pero, dado lo escaso de los tiempos restantes, será el régimen argentino quien deberá dar el primer paso y, por eso, considero el affaire Nisman como sólo el inicio de lo que vendrá. Queda, por supuesto, algunas incógnitas: ¿cómo reaccionará el mundo occidental, en especial Estados Unidos, frente a todas estas iniquidades que podrían desbalancear el equilibrio mundial?, ¿puede permitirse que armemos a Irán o que China disponga de una base militar en el continente americano? Los acontecimientos se precipitan en la Argentina, a velocidad de vértigo; a muchos de ellos, no les encuentro otra explicación que las que leyó en esta nota. Rezo, todos los días, para que los hechos y el tiempo vayan demostrando que todo cuanto digo está equivocado, que el proceso electoral se cumpla en paz y con normalidad y que la Justicia cumpla a rajatabla con el rol que la Constitución le asigna pero, lamentablemente, ya sé que los Reyes Magos son los padres. Bs.As., 8 Feb 15 Enrique Guillermo Avogadro Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02

EL ATRILERO: FIN DEL CUENTO CHINO, YA ES REAL

EL ATRILERO: FIN DEL CUENTO CHINO, YA ES REAL: FIN DEL CUENTO CHINO, YA ES REAL Por Malú Kikuchi (7/2/2015) Creo que el cuento chino era mejor como cuento. Si se hiciera realidad, y...

EL ATRILERO: PORQUÉ BAJA EL DÓLAR BLUE

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TIC -´TAC

Massot / Monteverde & Asoc. - 04-Feb-15 - Análisis político Tic–tac por Vicente Massot inc@ar.inter.net Salvo en el supuesto —harto improbable, dicho sea al pasar— de que en el curso de las próximas semanas la fiscal Viviana Fein o quien fuese lograsen develar el misterio en torno de la muerte de Alberto Nisman, el tema —conforme transcurra el tiempo— perderá interés hasta prácticamente desaparecer de las portadas de los diarios, de las pantallas de televisión y de la consideración pública. No otra cosa sucedió —salvando las diferencias— con Cabezas, el comodoro Etchegoyen y María Lourdes Di Natale. Lo expresado antes no es una especulación cínica ni tampoco la reflexión del pesimista por naturaleza respecto de los vicios argentinos. Es —tan sólo— un anticipo deducido menos por iluminación del espíritu que tomando en consideración cómo funciona nuestra sociedad. Conmocionada hasta las lágrimas ni bien se enteró de la defunción de Nisman, apenas se hizo presente cuando debió manifestarse masivamente en las calles, para repudiar cuanto había sucedido. Un día se rasga las vestiduras predicando su fastidio y al otro día viaja a los tradicionales lugares de verano como si tal cosa, olvidándose del tema. Nunca nos enteraremos de lo que aconteció entre el 17 y 18 de enero pasados en el departamento del fiscal que había levantado —contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, básicamente— una acusación tremebunda de encubrimiento. Entre otras razones porque estamos en un país sin instituciones sólidas y con un Estado tan extendido y elefantiásico como ineficiente. Basta prestar atención a las andanzas y declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni; a la desaparición de la escena de la ministro, María Cecilia Rodríguez; y a las declaraciones de la presidente y de los custodios de Nisman, para darnos cuenta que, con semejantes funcionarios, determinar si fue suicidio o asesinato resulta literalmente imposible. La chapucería e improvisación, entre nosotros, siempre se hallan a la orden del día. No son —bueno es aclararlo— características novedosas traídas por el kirchnerismo. En absoluto. Vienen de lejos y ninguna de todas las administraciones que nos tocaron en suerte soportar desde 1945 a la fecha está libre de culpa. Cuando estalló el coche bomba en el edificio de la AMIA todo fue confusión e improvisación. En esas primeras horas, inmediatamente después del atentado, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad que se hicieron presentes actuaron a tontas y a locas. Sin quererlo y por su propia torpeza, borraron pruebas para siempre. Si a eso se le suma la inconcebible falta de pericia de la investigación judicial —tanto en el caso de la embajada israelí como en el de la mutual judía— no es de extrañar que, a veintitrés años del primer hecho y veinte del segundo, todavía sigamos en ayunas respecto de sus responsables. Conclusión: 1) nunca sabremos, a ciencia cierta, si Alberto Nisman se mató o si lo mataron, y 2) las repercusiones se apagarán a medida que pasen los días. Pero aun siendo esto cierto, nadie podría negar que el hecho generó una serie de consecuencias aquí y en el mundo. Desde el punto de vista del análisis es cuanto nos interesa. Se trata de no perder de vista los efectos que ha producido la muerte del fiscal en términos políticos. Y en ese orden, el daño que le ha producido al gobierno es irreparable. Lo demás —esto es, las contradicciones flagrantes entre la Fernández y Berni, las increíbles diferencias entre los testimonios de los custodios, los pasadizos secretos, las huellas digitales, las escuchas y las cerraduras— hay que dejarlo en manos de los expertos, si es que existen en el país. Emular a Agatha Christie y a Poirot —como lo han hecho una legión de comentaristas en las últimas semanas— es poco serio. A todo esto, ¿qué opina la gente? Según la consultora IPSOS Mora y Araujo 70 % considera que no fue un suicidio y que el caso quedará impune. Asimismo, 80 % de la población cree que es seria la denuncia del fiscal, contra Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman por encubrir a Irán en el atentado a la AMIA a cambio de relaciones comerciales. No es todo. Además de reprobar el tratamiento que el gobierno le está dando al asunto —61 % juzga que es malo— en una segunda encuesta aparece una minoría importante —nada menos que 20 % de los encuestados— que sindica a la administración de Cristina Fernández como responsable de la muerte de Nisman. En medio de esta situación, en febrero se desempolvarán las causas judiciales que la feria estival, como todos los años, paralizó por espacio de treinta días. Si damos fe a cuanto se repite en los corrillos de Comodoro Py, no sería de extrañar que en el curso de este mes —o, en su defecto, durante marzo— desfilasen por los juzgados federales con asiento en esa calle del barrio de Retiro el vicepresidente de la República, Amado Boudou; el principal socio económico del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez; y el hijo mayor de la jefe de Estado, Máximo. Los tiempos de la justicia en la Argentina —por momentos exasperantes en punto a lentitud— pueden, según los casos, favorecer o perjudicar a los acusados. No se necesita demasiada ciencia para darse cuenta de que, en el caso de los funcionarios gubernamentales sospechados de corrupción o encubrimiento y de sus cómplices, la posibilidad de contar con magistrados como Norberto Oyarbide se hace más difícil a medida que se acerca el final del mandato. Los problemas que hoy preocupan a Cristina Fernández, después del 11 de diciembre se transformarán en verdaderas pesadillas. Sencillamente porque para ella se habrá acabado la impunidad. Más allá de la causa Nisman y de qué tan cerca o lejos se hallen Amado Boudou, Lázaro Báez y Máximo Kirchner de ser indagados judicialmente, la carrera presidencial ha entrado en su fase final o poco menos. Es cierto que todavía no han sido oficializadas las alianzas; confirmadas las candidaturas; definidos los compañeros de fórmula de Massa, Macri y Scioli; cerrados los eventuales acuerdos que puedan tejerse entre la UCR, el PRO y el FR y substanciadas las PASO. Pero, en atención a que la fecha límite para presentar las listas y fórmulas nacionales es el 30 de junio, los próximos cinco meses serán decisivos. La primera encuesta seria conocida luego de la muerte de Nisman —la de Carlos Fara— registra en GBA y CABA un descenso importante del gobernador de Buenos Aires y un repunte del jefe del Frente Renovador, con Mauricio Macri ubicado como el segundo con mayor intención de voto detrás del de Tigre. Por supuesto, la muestra dista de ser definitiva pero anticiparía algo que parece haberse instalado luego del torpe manejo del gobierno en punto al caso Nisman: una caída en picada de la imagen de Cristina Fernández que castiga también a Scioli en términos de su intención de voto. No es la primera vez que algo así sucede, seguido —tiempo después— de una recuperación del terreno perdido tanto por la presidente como por el mandatario bonaerense. De modo tal que conviene ser cautos en las proyecciones. Ninguno de los tres presidenciables está en condiciones de descuidarse. El virtual empate técnico que existe entre ellos, al menos en términos de la primera vuelta, los obliga a pensar seriamente en tres cosas: 1) los posibles candidatos a vicepresidentes que pueden aportar tres o cuatro puntos claves (si Massa, por ejemplo, logra convencer a De la Sota para que lo acompañe en la boleta electoral) o significar un salvavidas de plomo (si, por ejemplo, a Scioli lo obligan a ir junto a Kicillof o a Alicia Kirchner); 2) las alianzas que puedan forjarse a nivel provincial y —sobre todo— nacional, directamente vinculadas, en cuanto hace al PRO y al FR, a la decisión de la Convención de la UCR que se reunirá a mediados de marzo en la ciudad de Gualeguaychú; y 3) las propuestas de gobierno que, de momento, brillan por su ausencia. El tic-tac vale para todos.

NO MIRAN

Mirando hacia el fondo: ¿Qué muestra la crisis del caso Nisman que la elite política argentina parece que no quiere mirar? by Ricardo Runza marcha_nisman Han pasado ya muchos días desde que la muerte del fiscal Nisman desató una nueva crisis en el Sector Seguridad del Estado nacional argentino y hoy en día casi todos se conforman con mirar la superficie, narrar las consecuencias y obviar los enormes problemas estructurales que tiene el Estado nacional argentino que impactan negativamente en su Sector Seguridad. Las esquirlas estallan sobre algunos organismos del Poder Ejecutivo nacional (tales como: la división custodia de la Policía Federal, los cuerpos forenses de todas las fuerzas del Ministerio de Seguridad, la inteligencia policial de las Fuerzas de Seguridad, el propio Ministerio de Seguridad, la inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la Secretaría de Inteligencia y la propia Presidencia de la Nación de quien depende directamente este último organismo), del Poder Legislativo (en particular, sobre la comisiones parlamentarias relacionadas con los organismos ejecutivos mencionados) y del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial (a través de las fiscalías y los jueces que intervienen en todos los casos que forman parte conjunta de esta crisis). Indudablemente que todos los problemas orgánicos y funcionales del Estado, los malos desempeños individuales y las inoperancias institucionales que muestra esta crisis surgen de algún lado. ¿Pero de dónde? Obviamente, ellos surgen de la cultura de la elite política argentina (es decir de sus valores y creencias), de sus intereses reales, de su modo de ejercer el poder político y esencialmente del actual diseño orgánico funcional del Estado nacional argentino que es intrínsicamente funcional a la cultura, a los intereses y al modelo de ejercer poder que tiene esta elite y que por supuesto poco y nada tiene que ver con un funcionamiento estatal republicano y federal, civilizado, probo y acorde a los estándares esperados que se corresponden al siglo XXI. ¿Qué significa esto? Esta crisis muestra una situación que la sociedad argentina parece no querer reconocer ni ver: su elite política actual tiene intereses contrarios a ella y el pésimo diseño del Estado, alcanzado con la reforma constitucional de 1994 y con el marco legal logrado tras 31 años de democracia, no ha arrojado otra cosa que un Estado fallido que se muestra como tal ante toda la comunidad internacional en todos los campos del quehacer propio del Estado y obviamente ante la misma sociedad argentina, aunque ella todavía no quiera aceptarlo. Arreglar los problemas estructurales de este ESTADO FALLIDO en todo el Sector Seguridad del Estado argentino no se hace con purgas de personal, con cambios de nombres de organismos, con renuncias de algunos funcionarios, con cambios de relación de dependencia, con nuevas leyes o con el cumplimiento de leyes que nacieron fallidas. Tampoco se soluciona con las propuestas facilistas y reduccionistas que salen de la boca de los candidatos presidenciales de esta elite política que disputaran el poder a finales de este año y menos aún de aquellas esgrimidas por la actual Presidente de la Nación y sus serviles vasallos que muestran para quien quiera ver a todas luces la cultura primitiva y feudal que tiene esta elite política, casi sin excepciones. Entonces, ¿Qué habría que hacer? ¿Por dónde empezar? Si la sociedad aún sostiene y aún cree en los valores republicanos, federales y liberales que inspiraron a Juan Bautista Alberdi para dar a luz nuestro Estado nacional en 1853, indudablemente, que hay que comenzar por volver a nuestra Constitución Nacional primigenia para tener nuevamente las bases de un Estado republicano y federal porque esta Constitución vigente no las tiene a pesar que en su letra dice ser una para un Estado republicano y federal. ¿Con esto solucionamos todo? Indudablemente NO, porque la letra de la Constitución Nacional de 1853 era una acorde al siglo XIX y hoy nos encontramos en pleno siglo XXI. Por eso es necesario implementar también de manera complementaria algunos cambios orgánicos funcionales en el Estado pergeñado por esa Constitución que respondan a una serie de principios sencillos y fáciles de aplicar que aseguren el control ciudadano de la elite política para superar esta actual democracia delegativa, para que la ciudadanía pueda ejercer su control sobre la burocracia del Estado para obtener una mejor calidad de servicio de parte de ella, para coadyuvar a que los intereses de esa elite y de la burocracia estatal se aliñen con los de la sociedad y para minimizar las desviaciones que pudieran existir en ellas de cara hacia el futuro. ¿Qué principios adicionales habría que incorporar? Algunos de los principios complementarios (a aquellos que rigieron el modelo constitucional alberdiniano de organización y funcionamiento del Estado nacional argentino) que le propongo al lector son, entre otros, los siguientes: En el Poder Legislativo: 1) Quien gana una elección presidencial no puede ejercer la cabeza ni la mayoría de una comisión parlamentaria de control. El que gana administra el Estado y quien pierde lo controla. 2) Quien no cumple con su responsabilidad de control parlamentario de la actividad del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial tiene que tener una pena concreta y ejemplificadora. 3) Quien delega funciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo tiene que tener una pena concreta y ejemplificadora. 4) Quien traiciona los intereses de la comunidad que lo votó a favor de un caudillo en un Poder Ejecutivo o de un partido político tiene que tener una pena concreta y ejemplificadora. No puede haber legisladores soldados de una persona. El vasallaje debe ser minimizado y en lo posible eliminado. 5) Ningún legislador puede ejercer un cargo legislativo por más de diez años consecutivos. Es decir que se puede ser diputado por dos mandatos de cuatro años cada uno, se puede ser diputado por cuatro años y luego senador por seis años o viceversa pero nunca dos veces senador. 6) Para ser diputado la edad mínima debe ser de 40 años y la edad mínima de un senador debe ser 50 años. Experiencia, templanza y sabiduría deben ser requisitos indispensables. Haber compartido el esfuerzo del trabajo de cualquier contribuyente debe ser un requisito fundamental para que el legislador sea un par de cualquier ciudadano capaz de representarlo. 7) La planta de personal del Poder Legislativo debe ser acotada, específica y acorde a las tareas de legislación y control. Ella debe estar tipificada y cubrirse únicamente por concurso. 8) Los asesores legislativos deben acreditar experiencia y conocimiento sobre la materia que asesoran. Su número debe ser acotado y son los únicos que pueden ser nombrados por los legisladores. Ningún asesor legislativo puede ser personal de planta. Los legisladores no pueden nombrar otro personal que los asista. Todos los asistentes legislativos deben ser de planta. 9) El nepotismo en todas sus formas debe ser erradicado del Poder Legislativo. Se debe evitar la formación de clanes familiares en el Poder Legislativo y en todo el resto del Estado. 10) No debe haber prebenda ni privilegios de ninguna especie en el Poder Legislativo. Esto es fundamental para combatir la cultura parasitaria de la elite política argentina. En el Poder Judicial: 1) Los jueces, fiscales y defensores no tienen empleo público sino servicio público con inmovilidad en su cargo mientras dure su tiempo de servicio y su buena conducta. 2) La buena conducta de los jueces, fiscales y defensores públicos debe ser auditada por un grupo de organismos técnicos competentes: los Consejos de Magistratura, pero de ninguna manera decidida por un sólo grupo de poder, sea éste corporativo profesional o político. 3) Estos Consejos de la Magistratura asisten al Poder Legislativo para designar los fiscales, defensores y jueces del Poder Judicial bajo el modelo alberdiniano. El resto de los funcionarios judiciales son designados por las autoridades máximas del Poder Judicial. 4) El Consejo de la Magistratura debe ser un órgano técnico. No debe haber un solo Consejo de la Magistratura, sino uno por cada nivel de cargo judicial por sobre el cual debe expedirse. Se debe evitar la concentración de poder de elección y de control para minimizar el vasallaje del Poder Judicial con otros Poderes del Estado o con una persona. 5) Ningún juez, fiscal ni defensor del Estado puede tener un mandato consecutivo mayor a diez años y su tiempo de servicio judicial es de cinco con derecho a una reelección. 6) La ciudadanía decide con su voto la continuidad en un segundo mandato de los fiscales, defensores y jueces que sirven en su jurisdicción. De esta forma se castiga o se premia el desempeño individual y se evita el anonimato como una forma de ocultar la no independencia judicial. 7) La edad mínima de un fiscal y de un defensor público debe ser 40 años y la de un juez 50 años. 8) Todos los cargos del Poder Judicial deben estar tipificados, claramente establecidos. Sus cargos deben ser cubiertos por concursos y con un determinado perfil profesional. 9) El presupuesto del Poder Judicial es administrado por el Poder Judicial conforme a lo que establezca el Poder Legislativo y bajo el control parlamentario del mismo. 10) La ingerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial debe ser anulada y la ingerencia del Poder Legislativo minimizada a lo estrictamente necesario para el funcionamiento independiente, republicano y federal del Poder Judicial que debe actuar conforme a la ley y a los intereses de la sociedad y no en forma contraria a ella. En el Poder Ejecutivo: 1) Quien asume la Presidencia de la Nación asume un servicio público y no un empleo público. 2) Quien asume la Presidencia de la Nación asume un compromiso de administración del Estado. No encabeza ninguna revolución ni ningún proyecto nacional que no sea cumplir con la Constitución Nacional y las leyes para el bien común de los argentinos siguiendo los preceptos del preámbulo de la Constitución Nacional de 1853. 3) La edad mínima para acceder al cargo de Presidente de la Nación debe ser 50 años y para Ministros y demás funcionarios políticos 40 años. 4) Queda prohibido el nepotismo en cualquiera de sus formas. Los parientes y cónyuges de un Presidente no pueden asumir cargos públicos de ningún tipo en ningún Poder del Estado ni pueden ser sujetos que puedan ser electos como miembros del Poder Ejecutivo hasta después de un mandato de quien está ejerciendo. 5) Por lo menos los cargos de Procurador General, Ministro de Economía y Recaudador de Impuestos deben ser electos por la ciudadanía por mandatos concordantes con el de la Presidencia de la Nación. El Presidente de la Nación elige el resto de los Ministros y funcionarios políticos de menor jerarquía. Esta es una manera de asegurar de quien asuma el cargo de Presidente de la Nación no lo haga mesiánicamente. El poder debe estar acotado y distribuido con la menor concentración posible, de manera equilibrada, propendiendo a su no licuación. 6) El diseño del Poder Ejecutivo, su organización y funcionamiento no puede cambiarse sin autorización del Poder Legislativo. Los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Entes, Servicios y Fuerzas deben establecerse con criterios de eficiencia y organización estables en el tiempo. Se le prohíbe al Presidente crear organismos por sí mismo. Los organismos del Poder Ejecutivo deben tener misiones, responsabilidades y funciones permanentes y tareas consecuentes con ellas. Las políticas, objetivos y metas como así también las estrategias y tácticas operativas deben ser las variables de cambio de la administración pública. 7) Todos los organismos del Poder Ejecutivo deben tener todos sus cargos y posiciones laborales debidamente tipificadas, definidas y con requisitos de idoneidad profesional requerida. 8) Todo empleo público en el Estado nacional no puede tener bajo ningún aspecto privilegios y estabilidad laboral diferentes a un empleo privado. El derecho de paro debe estar acotado. 9) Todo puesto de empleo público debe ser asumido por concurso y bajo estrictas definiciones laborales. 10) Todo funcionario político que asume un cargo en el Poder Ejecutivo debe acreditar un perfil profesional determinado previamente especificado y preferentemente estable en el tiempo. Si estos principios complementarios se llegasen a instrumentar, en conjunto con las formas previstas en la Constitución de Alberdi, para organizar el Estado nacional argentino y si el Poder Ejecutivo ejecuta, el Poder Legislativo legisla y controla y el Poder Judicial brinda justicia y controla la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno y si además ningún Poder puede asumir las responsabilidades, funciones y tareas del otro, entonces el Sector Seguridad del Estado argentino podrá reformarse y cambiarse sustentablemente sobre cimientos sólidos. Sólo a partir de esto podremos tener comisiones legislativas capaces de controlar la inteligencia y toda la actividad del Sector Seguridad del Estado tal como tienen que actuar civilizadamente y de manera respetuosa a los derechos individuales, conforme a la experiencia internacional comparada con aquellos Estados republicanos y federales considerados paradigmas exitosos de buen gobierno. Solo así podremos tener jueces y fiscales con posibilidades serias de trabajar con independencia, oportunidad y calidad conforme a las expectativas que tiene la sociedad y finalmente solo así podremos tener fuerzas, agencias y servicios eficientes, oportunos y con calidad de servicio dependientes de Ministerios competentes y capaces de establecer políticas y estrategias de seguridad y además también de controlar su ejecución ante las amenazas a la seguridad que se ciernen actualmente sobre nuestro Estado, sobre nuestra sociedad y sobre cada uno de nosotros. Alcanzado primero estas bases, luego recién a partir de allí habría que comenzar a pensar cual puede ser el mejor diseño de cada fuerza, agencia, servicio, subsecretaría, secretaría y ministerio del Estado en el campo de la seguridad. No antes. El caballo debe estar adelante del carro. Éste es el camino que hay que transitar. No es un camino fácil, pero lamentablemente esto es, por ahora, lo que no se escucha decir a nadie de nuestra elite política acerca de lo que hay que hacer como si fuera algo que la elite política argentina pareciera no estar dispuesta a querer mirar. Ricardo Runza

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