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miércoles, 31 de agosto de 2016

INVENTO AMARILLO

FINLANDIA, SUECIA, CANADÁ Y ESCOCIA ESTABLECEN LOS 6 Polémica: No hay evidencia que sea mejor escolarizar desde los 3 Ya se encuentra en estado parlamentario la reforma a la Ley de Educación enviada al Congreso por el ministro del área, Esteban Bullrich. Contiene la obligatoriedad de que los chicos de 3 años vayan a la escuela y que la jornada escolar se extienda en los clubes, centros culturales y comunitarios para que los niños desarrollen actividades deportivas, culturales, artísticas y sociales. Ante la comisión desfilan especialistas y ya hay polémica. El inmediato antecedente es que el cumplimiento de la obligatoriedad para sala de 4 ha sido sumamente desparejo según las jurisdicciones: con alto porcentaje en la Ciudad de Buenos Aires y exiguo en el conurbano bonaerense o en el NOA. El proyecto para sala de 3 tiene un costo fiscal de $ 39.277 millones para incorporar a 392.446 niños, construir 3.109 unidades educat ivas promedio con 15.624 secciones y designar a 27.982 docentes y a 6.218 directivos hasta 2019. La directora del Programa de Protección Social de CIPPEC, Gala Díaz Langou, advirtió a la comisión de la Cámara de Diputados que “no existe evidencia contundente sobre la deseabilidad de institucionalizar a los niños en el marco educativo desde una edad tan temprana”, y destacó que la experiencia internacional sobre el tema es escasa: solo México, Perú y Venezuela tienen sala de 3 obligatoria, mientras que países como Finlandia, Suecia, Canadá y Escocia establecen la obligatoriedad recién a partir de los 6 años y algunos desde los 7. Alieto Guadagni comparte la intención de escolarizar a los 4 años pero avisa que la desigualdad no varió en el nivel primario. Antes de avanzar en el debate, una pregunta para quitar la sospecha de que todo esto es una gran hipocresía: ¿se trata de escolarizar a los chicos desde los 3 años o formalizar una estructura de sala de 3, sala de 4 y jardín de infantes? Si realmente se tratara de escolarizar, vamos a la nota: Comenzó el desfile de especialistas por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que preside el radical puntano José Luis Riccardo. Llevan su posición en torno del proyecto anunciado por el presidente Mauricio Macri y el ministro del área, Esteban Bullrich, que modifica los artículos 16 y 18 de la Ley Nacional de Educación 26.206, incluyendo la obligatoriedad de la sala de 3 años, así como el proyecto de jornada extendida en más de 70 municipios de todo el país, ambas medidas consensuadas con las 24 provincias y las más necesitadas son Formosa, Misiones y Tucumán. La idea es aprovechar la sesión de dicha comisión para que sea firmado un dictamen que haga que la próxima semana el proyecto de ley pase a discutirse en el recinto. El objetivo es que entre en vigencia a partir de 2017 y alcance a 500 mil chicos de 3 años que aún no ingresaron al sistema educativo, debido a que no es obligatoria la asistencia a clase en esa edad. Para ello, el Gobierno se propone construir alrededor de 1.000 nuevos jardines de infantes, en tanto que ampliará la infraestructura de otros 2.000 que ya funcionan, para lo cual el presupuesto estimado ascendería a $ 3.600 millones, Para 2017, se llevará a $ 5.600 millones. Los primeros 220 ya estarían listos para marzo. La vicepresidenta primera de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Alcira Argumedo (Proyecto Sur-Unen), explicó a qué apunta la ronda de consultas y posterior dictamen: "La intención es dar un paso más en la ampliación del sistema educativo formal y comenzar a incentivar más tempranamente a los chicos de tres años, que hoy pasan su tiempo en guarderías o jardines de infantes de calidad muy despareja -o que no van-, lo cual para los menos privilegiados constituye una desventaja inicial", dijo. “Hay estudios internacionales que demuestran que, arrancar el jardín a los 3 años no sólo baja la deserción escolar y aumenta la posibilidad de que el chico termine el secundario, sino que mejora la calidad educativa. En las pruebas PISA quedó en evidencia que los que tenían dos o más años de educación inicial mejoraron un 20% la nota”, indicó. “Si la Argentina superara su calificación en ese porcentaje estaríamos entre los 27 primeros países del mundo”, agregó. Entre las que consideran que una inserción escolar más temprana podría resultar positiva se anota Agustina Cavanagh, directora ejecutiva de Cimientos -organización especializada en el desarrollo de programas educativos-. Sin embargo, aclara que, para lograrse una contención de la deserción escolar, esa medida deberá ser acompañada de otras, como una mayor inversión en infraestructura, en capacitación docente y en recursos pedagógicos. El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, opina que "la obligatoriedad de escolarizarse más temprano beneficia sobre todo a los sectores más vulnerables, que encuentran mayores dificultades para pagar guarderías o jardines de infantes". Y argumenta que hay investigaciones que establecen una relación entre el adelantamiento de la escolarización y un descenso de las tasas de repitencia y abandono escolar, relación positiva que ratificó Marías. Ampliar la base y extender la jornada El ministro Bullrich planteó que “la sala de 3 es importante porque reduce la tasa de deserción en el secundario. Es en las zonas más pobres donde más jardines están faltando. Hoy quien no va hoy a la sala de tres años es porque no encuentra una sala gratuita”. "En todo el país hay una demanda insatisfecha de 500 mil vacantes para ingresar en la sala de 3 años", calculó Diego Marías, jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Nación. En tanto que los chicos de esa edad que ya están escolarizados son 282.375, según datos oficiales de 2015. Asimismo, la cartera educativa nacional comenzará una prueba piloto en 72 municipios de todo el país para implementar el proyecto de Jornada Escolar Extendida, a fin de ser destinada al desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas y sociales, las cuales se llevarán adelante fuera del ámbito escolar, por lo que serán los clubes, centros culturales y comunitarios los que albergarán a los estudiantes. El plan abarca, en un principio, los municipios de Pinamar, Tandil, Junín y Campana, en la provincia de Buenos Aires; La Merced, Rosario de Lerma y Las Lajitas, en Salta; y Alumine, Plaza Huincul y Chos Malal en Neuquén. Lo mismo ocurrirá en otras provincias, incluyendo a Jujuy. Dijo Bullrich que “la jornada extendida significa sacar a la escuela de la escuela porque la escuela no es el edificio. La escuela son ustedes, los directivos, docentes, estudiantes, la familia y todos los miembros de la comunidad educativa”. Entre las voces a favor del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años, surgieron también advertencias, como la de CIPPEC, que señaló que no existe evidencia contundente de que tal obligatoriedad constituya un beneficio para los niños. Pone de relieve que el texto no contempla el impacto que tendría en el presupuesto llevar a cabo la iniciativa -$ 40.000 millones entre 2016 y 2019- y recordó que todavía existen brechas de acceso y cobertura a nivel regional y provincial en los niveles que ya son obligatorios (salas de 4 y 5 años). Invitadas a exponer por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la directora del Programa de Protección Social de CIPPEC, Gala Díaz Langou, y la co-directora del Programa de Educación de CIPPEC, Alejandra Cardini, celebraron que el Congreso debata sobre las condiciones del desarrollo de la primera infancia en la Argentina, pero al mismo tiempo plantearon los dilemas que implican la escolarización obligatoria de los niños a partir de los tres años de edad. “No existe evidencia contundente sobre la deseabilidad de institucionalizar a los niños en el marco educativo desde una edad tan temprana”, afirmó Díaz Langou. Destacó que la experiencia internacional sobre el tema es escasa: sólo México, Perú y Venezuela tienen sala de 3 obligatoria, mientras que países como Finlandia, Suecia, Canadá y Escocia la establecen recién a partir de los 6 años y algunos desde los 7. En ese sentido, se inclinó por promover la universalidad, “ya que a diferencia de la obligatoriedad, deja margen de discreción para que las familias opten si desean o no enviar a los niños de tres años a los jardines”. Por otro lado, Cardini aseveró que “la obligatoriedad en sí misma no garantiza el acceso de los niños al nivel”. Para ejemplificarlo, remarcó que “aún persisten brechas de acceso y cobertura a nivel regional y provincial en los niveles obligatorios: en sala de 4, si bien es obligatoria, la cobertura en la región Centro es del 89,5%, mientras que en el NOA es del 74,8%. Con respecto a la tasa de escolarización de la sala de 5, si bien CABA presenta valores cercanos al 100%, algunas provincias oscilan entre el 80 y el 85%”. Díaz Langou advirtió además que el proyecto de ley no contempla el costo fiscal de la medida. “Alcanzar la universalidad para 2019 en la sala de 3 años implica incorporar a 392.446 niños, construir 3.109 unidades educativas promedio con 15.624 secciones y designar a 27.982 docentes y a 6.218 directivos. Entre 2016 y 2019 implicaría una inversión total de $ 39.277 millones”, aseveró. Cardini, por su parte, completó que esto requeriría “de un crecimiento promedio de la tasa de escolarización de 14,5 puntos porcentuales por año, mientras que la sala de 4 años (la sala con la expansión más veloz en la última década) se expandió a un ritmo promedio de 2,7 puntos porcentuales por año entre 2003 y 2014”. Si se aplicara esa (ambiciosa) tasa de expansión de la matrícula a la sala de 3, recién se alcanzaría la universalidad en 2032. La escuela pública como eje El director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, Alieto Guadagni, comparte la intención de la ley que obliga a escolarizar a los 4 años y resalta, en ese sentido, que la matrícula privada inicial haya sido menor que la estatal, con una expansión del 25% durante el kirchnerismo, en 2003/2014, pero avisa que la desigualdad no varió en el siguiente nivel primario, donde la matrícula privada aumenta 60%. Desde que se legisló en 2010, el 30% de los pibes de las escuelas primarias estatales debían tener jornada extendida y este año recién anda por el 11%, pero con una distribución que debería preocupar, ya que en el conurbano bonaerense es el 2%. Esto lo lleva a concluir que con este sistema educativo la pobreza que se integra es apenas del 2%. Marca la frontera de la Avenida General Paz entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En aquella, la escolaridad extendida alcanza el 45%, en ésta, el 2%. Hay provincias que lograron avanzar, como Córdoba, que está en el 35%. Más preocupado por la desigualdad que por las generalidades, Guadagni saca la estadística desde la ley 1420 de 1884 hasta 2003, según la cual todos los años venía aumentando la matrícula escolar, estatal primaria, pero a partir del 2003 todos los años cae. Subraya que hoy, en 1er. grado estatal, hay 20% menos de alumnos que en 2003. En provincias como Chaco, Formosa, Misiones se fue el 35/40% de los chicos. Lo califica de fenómeno de éxodo, de abandono de la escuela pública para pasar a la privada. La fotografía actual daría que cada 100 alumnos que ingresan a 1er. grado, 75 lo hacen a una escuela estatal y 25 a una privada. Que de estos 100, se graduaron en la universidad apenas 14 (10 corresponden a los 25 de la privada y 4 a los 75 de la estatal). Y que el 70 % del total de graduados provienen de escuelas primarias privadas. Trasladando el problema hacia el nivel educativo que le sigue, resulta que mientras en los '90 la mayoría de los que llegaban en la UBA provenía de escuelas estatales, hoy representa sólo el 38% de la matrícula. El resto son privados y extranjeros, muchos de los cuales vienen porque es gratis, porque no tienen que dar examen de ingreso, como en el caso de Colombia y Chile y hay otros que cruzan la frontera porque no aprobaron la PSU (prueba de suficiencia universitaria). Tampoco al ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, le cierra que una mayor permanencia en el jardín de infantes redunde en una contención del abandono escolar. "Se fuga hacia atrás para conseguir cambios adelante", consideró. Además, alerta acerca de la creciente evidencia de que la cantidad de horas que un niño permanece en el jardín puede constituir un factor de riesgo para su desarrollo socioafectivo: "Los menores de 4 años que asisten a jornada completa presentan mayores niveles de cortisol (hormona que se libera como respuesta al estrés), mayor probabilidad de manifestar conductas agresivas, externalizar irritabilidad y desobediencia".

MACRI A LO CRISTINA

NARCOTRÁFICO Incomprensible: La posible complicidad K combatida como lo hacía Cristina... El presidente Mauricio Macri presentó ayer un plan de Gobierno para combatir el narcotráfico, que es hoy objeto de análisis en la mayoría de los matutinos porteños, donde se destacan algunos puntos llamativos: la "sospecha de complicidad K con los narcos" en las páginas de 'Clarín' con una iniciativa que no parece estar muy lejos de lo que hicieron los kirchneristas: nombrar a cura al frente y arrancar con el pronto envío de 3 mil gendarmes para patrullar calles y rutas de Santa Fe. Mauricio Macri junto a Lorenzetti. El presidente Mauricio Macri presentó ayer un plan de Gobierno para combatir el narcotráfico, y sostuvo que la problemática avanzó mucho en los últimos años, debido "a la negación del problema por parte del Estado" Presentó el programa Compromiso Argentina sin Narcotráfico, un plan que contempla la incautación de bienes "provenientes" de ese delito, la "erradicación" del paco y la "presencia activa y dinámica" en todo el país de las "fuerzas federales y provinciales de seguridad", entre otros puntos. "Quedó claro, con todo lo que ha sucedido, que esto no es un problema solo del que consume, lo tenemos todos, porque la droga, como se verificó en nuestro país una vez más, genera un aumento exponencial del nivel de violencia en la sociedad", explicó Macri, en un acto en el que estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, legisladores, ministros y una decena de gobernadores oficialistas y opositores. La vicepresidente, Gabriela Michetti, remarcó lo mismo: "estamos como estamos" porque "hubo un Estado que no se involucró lo suficiente" en el tema y contó que "hace 8 años, el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se lo dijo al actual Presidente Macri cuando era Jefe de Gobierno porteño". La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, explicó que la iniciativa contempla "perseguir y recuperar activos generados por el narcotráfico, para transformarlos en recursos que financien políticas hacia personas con consumo problemático de sustancias y para el equipamiento de las fuerzas de seguridad"; la "erradicación del paco con la detección de cocinas, el aumento de penas para los que venden, la recuperación de los bienes vinculados a actividades delictivas del narcotráfico, la identificación de bandas, el incremento de tecnologías con fronteras inteligentes, la conformación de un congreso federal de precursores químicos para controlar las sustancias que producen los estupefacientes y evitar casos como el vinculado con la efedrina, la transparencia en la lucha contra el narcotráfico y la capacitación policial"; "un mayor acercamiento y mejoramiento en los equipos de trabajo y en las pruebas de integridad contra los que luchan frente al narcotráfico para que no haya cooptación" de agentes del Estado, porque "si el Estado es parte del problema, no lo puede controlar". Esta mañana, Joaquín Morales Solá, en las páginas del diario 'La Nación' comenzó la nota "La versión macrista de La Moncloa" destacando que "no ser como Cristina Kirchner", es justamente "el propósito que más réditos (y algunas desventajas) le dio al gobierno de Mauricio Macri. Vuelve y profundiza esa estrategia cada vez que la política se torna ingrata y esquiva". Ahora, ¿no fueron los Kirchner quienes designaron a un cura en la Sedronar en momentos de crisis? La opción que presentó ayer Macri al lanzar su plan no pareció tan novedosa en algunos aspectos... Juan Carlos Molina, "el preferido de Cristina", cura con aceitados vínculos con Alicia Kirchner y Jorge Capitanich se hizo cargo de la secretaría anti drogas, tras el escándalo que generó un duro documento de la Iglesia Católica, titulado "El drama de la droga y el narcotráfico", donde se denunció la complicidad de "las fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos" ante el avance del narcotráfico. Mariano Oberlín es un sacerdote que está hace seis años en la parroquia Crucifixión del Señor en la Seccional Quinta de Córdoba, en una zona roja con presencia de kioscos que venden drogas, cocinas y bandas que se disputan el negocio. Es hijo de padre desaparecido, tenía 2 años cuando secuestraron y torturaron a su papá. El año pasado se reunió con el militar detenido que habría participado de ese crimen de lesa humanidad y el jueves pasado presenció y se emocionó con el fallo del megajuicio de La Perla. "Oberlín se ordenó sacerdote hace 12 años y en ese mismo momento asumió el compromiso de trabajar con y por los más necesitados. A poco de llegar al barrio organizó talleres para sacar a los chicos de la calle y, después, recibió ayuda de la Sedronar. Armó una "casa" donde los más necesitados se quedan a vivir mientras buscan una salida a la droga; desde hace unos meses funciona un comedor para ofrecer más contención a quienes consumen. (...) El gobierno provincial terminó por reconocer la existencia de paco en Córdoba y las miradas se volvieron hacia la zona donde trabaja Oberlín". Morales Solá destacó también el gesto de Macri a la Corte Suprema: "Macri le hizo un homenaje silencioso a la Corte Suprema de Justicia cuando invitó como parte del acuerdo político al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. La Corte Suprema fue la única instancia de los poderes constitucionales que denunció, durante el mandato de Cristina Kirchner, el increíble avance del narcotráfico en el país y la porosidad de la fronteras argentinas". Ello ocurrió justo después de que el mencionado documento de la Iglesia Católica ponga el tema en la agenda política. Página/12 remarca que "el “compromiso” del Gobierno se produce días después de que 258 jueces, fiscales y defensores reclamaron “una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas”, la eliminación de las figuras penales que castigan la tenencia para consumo personal así como el cultivo para uso propio, y sugirieran que se discuta la regulación de ciertas sustancias para “quitarlas de las manos de las redes criminales”. “La guerra contra las drogas y sus políticas públicas basadas en la criminalización y represión han demostrado ser un rotundo fracaso”, destacó la Declaración de Magistrados Argentinos por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos Humanos. “Es problemático que subsuman en el rótulo de ‘lucha contra el narcotráfico’ las políticas de prevención de adicciones. Todo aparece como ‘compromiso para’ pero no hay ningún indicador objetivo que permita, en determinado plazo, evaluar resultados. Seguimos sin tener un diagnóstico de la situación y si no sabés qué problema estás abordando es muy difícil decir en qué medida vas a poder avanzar”, destacó Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. “Aparece la idea general de ‘luchar contra las mafias’, pero no hay anuncios concretos de cómo van a reformar las fuerzas federales, sin cuya participación –destacó el especialista– no se explica la persistencia del fenómeno del narcotráfico.”" En tanto, Eduardo van der Kooy, en la nota "Un pacto para la guerra con los narcos", marcó la presencia de la Corte también pero sobre todo la ausencia kirchnerista, casi como un gesto de complicidad con los narcos: "A esta altura ya suena incomprensible y patológico el empeño por el aislamiento que exhiben los K. Podrá justificarse su condena y la no colaboración con el Gobierno sobre las medidas económicas. Pero la ausencia en Tecnópolis acicatea las sospechas sobre los vínculos que el kirchnerismo pudo desarrollar con los narcos en la última década. No se trataría sólo de impericia política sino de posible complicidad. Capaz de conceder crédito a la ráfaga de declaraciones zigzagueantes de Ibar Pérez Corradi. El presunto responsable del triple crimen de General Rodríguez que –según sus confesiones- estuvo ligado al tráfico de efedrina. Un negocio que se filtró en la campaña electoral del 2007 de Cristina Fernández. Pérez Corradi dejó algunas definiciones sorprendentes el domingo en el programa La Cornisa. Dijo que el negocio de la efedrina era de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, con protección de Aníbal Fernández. Que tuvo protección del Gobierno de Cristina para estar tantos años prófugo. Que le habían dado incluso tres DNI en blanco. Que trabajaba con la ex SIDE para traficar efedrina con rumbo a México(...)". La Provincia de Santa Fe, una de las problemáticas en este tema, también fue foco de la nota: "Miguel Lifschitz, de Santa Fe, no llegó a tiempo porque la niebla en el aeropuerto de Fisherton lo demoró. Aunque arribó para la reunión de trabajo con la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich. El socialismo, sin embargo, llevó a Tecnópolis la delegación provincial más nutrida liderada por el ex mandatario, Hermes Binner, la diputada Alicia Ciciliani y la intendente rosarina, Mónica Fein. Esa concurrencia no respondió a ninguna casualidad. Santa Fe, en particular su ciudad mas importante, Rosario, representa un símbolo de la penetración del narcotráfico en la Argentina. Será casi un laboratorio para la guerra que promete Macri. Pero el vínculo entre el macrismo y los socialistas nunca fue sencillo. Caben dos precisiones para ajustar el contexto. La visibilidad del narcotráfico en Rosario responde también a la decisión de la administración provincial de no ocultar información. Cada muerte se comunica. Distinto a lo que sucedió en Buenos Aires durante el mandato de Daniel Scioli. El cuadro en aquella ciudad santafecina se agravó por cierta indolencia del propio gobierno y la diáspora que generó en el mundo de los narcotraficantes la desarticulación de la sonada banda de Los Monos. Esos delincuentes concentraban un negocio que, con su desaparición, se terminó multicartelizando. Por esa razón existen con tanta frecuencia los ajustes de cu enta callejeros. El inicio del operativo nacional antinarco no sería posible sin una ingeniería política entre el macrismo y los socialistas que empezó a trazarse el último lunes. Marcos Peña estuvo con Lifschtiz y Ciciliani. Había que disipar rencores y trazar un plan de acción. El vínculo entre ambas fuerzas parió de un modo traumático. Ni bien asumió el Presidente se produjo la fuga de la prisión de máxima seguridad de General Alvear de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci. Los tres condenados como presuntos autores del triple crimen. La captura de ellos se produjo en Santa Fe en medio del desorden de las fuerzas policiales y de seguridad y de los reproches entre los gobiernos nacional y provincial. El rumbo pareció encauzarse luego de la primera cumbre en Olivos de Macri con todos los gobernadores. Durante la cual Lifschitz desarrolló un papel protagónico. Fue un espejismo. Hace pocas semanas el Presidente endilgó al socialista ser el mandatario menos colaborador con el Gobierno. Hubo un pico de tensión que el socialismo supo fogonear con palabras que duelen al macrismo: la repetida calificación de “hombres de derecha”. El oficialismo, en general, se siente incómodo y lejos de esa tipificación. Tampoco las voces socialistas son unánimes. El ex gobernador, legislador provincial y titular del partido, Antonio Bonfatti, se empeña en sesgar aquella dirección. Lifschitz acostumbra a ser mas prudente porque está a cargo del timón. Todos esos desencuentros circularon en la mesa que Peña compartió con la dirigencia socialista. Pero se selló una tregua. Que incluyó un breve escrito de tres puntos. El compromiso de los bandos para tener como prioridad la lucha contra los narcos; la colaboración con Santa Fe para promover la producción y el empleo; el aplazamiento de las cuestiones electorales. Al menos hasta el verano. Los socialistas son socios del radicalismo en el gobierno provincial. Los radicales son socios del macrismo en el gobierno nacional. Las legislativas del 2017 resultan ahora mismo un incordio. Tal vez el desdoblamiento electoral –Santa Fe vota separadamente, según su Constitución-- podría significar un atajo para todos. Pero se trata de un obstáculo para actuar en la guerra que Macri pretende contra los narcos. Ese puntapié tuvo una inmediata consecuencia. Lifschitz estuvo ayer con toda la plana del ministerio de Seguridad. La ministro Bullrich, Eugenio Burzaco, Alberto Fohrig y Gerardo Milman. Como para disipar cualquier sensación de retaceo. Comenzaron a diseñar un programa cuyo arranque resulta conocido: el pronto envío de 3 mil gendarmes para patrullar calles y rutas de Santa Fe. Una experiencia similar, instrumentada por Sergio Berni como secretario de Seguridad de Cristina, tuvo pobres resultados. Con derivaciones: los roces con la policía provincial y la falta de una logística para contener a tantos gendarmes. Ahora habrá un adicional: la vigilancia sobre el corredor del Río Paraná que incluye varias ciudades de Buenos Aires. Un colador que el narcotráfico explota. El intendente de Campana, Sebastián Abella, relató días pasados detalles de su cotidiana desventura. La droga ingresa por todos lados. Lo corroboró al ser requisado un automóvil chocado que era trasladado campante sobre un camión de remolques. La pretensión de la guerra contra los narcos llega en un momento crucial para Santa Fe. El jueves pasado una marea humana irrumpió en las calles de Rosario para clamar por seguridad. Hasta policías dejaron sus uniformes y de civil se sumaron a la plegaria. Resultó un sopapo para toda la clase dirigente. Que socialistas, macristas y radicales sintieron con mas fuerza". "Los Monos" es la banda que lleva más de 10 años aterrorizando Rosario como el principal grupo narco de la ciudad. Controlan la hinchada de Newell's y van ahora por la de Rosario Central. Esta mañana, el secretario de seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, dialogó por 'AM 950 Belgrano' sobre el plan y las amenazas a funcionarios del gabinete. "Estamos dando una batalla dura contra organizaciones criminales muy complejas que avanzaron con impunidad durante muchos años y afectó la vida de los argentinos, con niveles altos de violencia y más droga entre los jóvenes", dijo y agregó: "Tenemos que hacer del narcotráfico una política de Estado para reducirlo. Es un combate mundial, estamos trabajando y hemos mejorado mucho." "Hoy nos vamos a reunir con el gobernador de Santa Fe para realizar un plan conjunto y disminuir los niveles de violencia que genera este flagelo en la ciudad de Rosario, donde se producen muertes por enfrentamientos entre bandas", aclaró. "Estamos reequipando las fronteras con radares y aviones porque eran un colador. Hay una vocación seria de ir a fondo en este tema sabiendo que no será de un día para el otro, pero vamos por buen camino", informó Burzaco. Sobre las amenazas que recibieron funcionarios del gobierno, opinó: "Estamos trabajando para detener a quienes las realizan, no hay que menospreciarlas porque son delitos y operan sobre el inconsciente colectivo e instigan a la violencia." "Hay gente que está instalando un clima de temor y odio hacia el gobierno y se tiene que acostumbrar a que ya no está en el gobierno. Tenemos que evitar estas conductas porque solo llevan a la violencia", concluyó.

INTERNET AMARILLO

DEBATE SOBRE INTERNET Inconstitucional proyecto para limitar la libertad de expresión Justo cuando el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (CABA/PRO), inició una conferencia de debate sobre políticas de Internet, junto al ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra; y al secretario del ministerio de Comunicaciones, Héctor Huici; en la Legislatura porteña se debate la posibilidad de bloquear Internet a los porteños, un peligro enorme que obliga a la pregunta de cuál es la verdadera relación de los líderes políticos con la Red. Uno de los derechos fundamentales que más protección necesita es la libertad de expresión, recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "El Proyecto de Ley 2298/16, entraña la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina", afirmó el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, Gonzalo Navarro. La Cámara Argentina de Internet (Cabase) envió notas a legisladores de diferentes partidos para señalar que la iniciativa "atenta contra el desarrollo de Internet, no responde al marco constitucional vigente, ni a la realidad técnica de internet, sus servicios, aplicaciones y contenidos disponibles". El proyecto presentado por el legislador Daniel Presti (PRO) con la coautoría de Claudio Palmeyro (Sindical Peronista) modifica el artículo 18 del capítulo 6to. de la ley N°12 de Procedimiento Contravencional, y otorga "tanto las autoridades preventoras como él o la Fiscal" la posibilidad de disponer la "suspensión o bloqueo del servicio de internet". El reclamo en Ciudad de Buenos Aires es similar al que sucede por estas horas en San José de Costa Rica, donde los taxistas que se manifiestan contra el trasporte informal de personas (Uber) exigen la "regulación del uso de Internet", sin comprender ni interesarles que hay otras cuestiones fundamentales en debate a partir de su iniciativa. Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas (el Omar Viviani costarricense), dijo: “Exigiremos que el Internet sea libre, sin embargo, regulado para que no se aprovechen del servicio”. ¿Libre pero regulado? ¿Y regulado por el Estado? ¿Qué locura es ésta? El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución condenando a los países que limitan o prohíben el acceso a Internet a sus ciudadanos, considerando que esas prácticas atentan directamente contra los derechos humanos. Son varios los países con restricciones o fuertes políticas de censura que generan constante polémica y choques con las grandes compañías de Internet como Google o Facebook. China es uno de los ejemplos más conocidos, y las presiones del gobierno han dado lugar a situaciones muy peculiares, como el bloqueo del acceso a Gmail para los ciudadanos chinos. Es frecuente la restricción en Turquía, en cada ocasión que interesa a su Poder Ejecutivo (en cierta ocasión se bloqueó Twitter y YouTube hasta tanto se eliminaron imágenes que comprometían la fidelidad conyugal de un jefe de Estado). También Corea del Norte mantiene censura. En la ONU, China, Rusia, Arabia Saudí, India y Sudáfrica votaron en contra del reclamo de libertad de expresión. De paso, muy completa la reflexión del abogado, profesor universitario experto en libertad de expresión y acceso a la información Ignacio Boulin en el diario Clarín: Internet ha transformado nuestras vidas. En lo cotidiano genera innovaciones que modifican percepciones culturales, mejoran nuestra existencia y facilitan la vida en común. En lo político, el poder que el ciudadano común tiene con internet crece y algunos gobiernos sienten la tentación de restringirlo. En forma sutil o desembozada, basándose en motivos altruistas o razones oscuras, no son pocas las amenazas contra la libertad de expresión en la red. En Ecuador, el gobierno denuncia a periodistas que investigan actos de corrupción para que Twitter desactive sus cuentas. En Venezuela, el director del organismo encargado de las telecomunicaciones informa haber bloqueado 924 links al sitio web Dólar Hoy, acusado de ser parte de una conspiración contra el país. Restringir internet implica atacar la libertad de las personas, que ocupan ese espacio virtual para expresarse como antes utilizaban las plazas. Por eso resulta preocupante el proyecto de ley de reforma del Código de Contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Según este proyecto, tanto las autoridades preventoras -la policía- como un fiscal pueden adoptar como medida precautoria la suspensión o bloqueo del servicio de internet, planteando un efecto mordaza sobre la libertad de expresión. En otras palabras, tal como está planteado el proyecto permitiría, discrecionalmente, ordenar el bloqueo de cualquier aplicación como WhatsApp, Google, Facebook, Airbnb e incluso de medios de comunicación on-line, afectando así la libre circulación de ideas e informaciones. Uno de los principios de internet es el de neutralidad, que busca garantizar la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, sin condicionamientos o restricciones generados a través de bloqueos, filtraciones o interferencias. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho: “no debe haber discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de Internet, a menos que sea estrictamente necesario y proporcional para preservar la integridad y seguridad de la red; para prevenir la transmisión de contenidos no deseados por expresa solicitud –libre y no incentivada– del usuario; y para gestionar temporal y excepcionalmente la congestión de la red. En este último caso, las medidas empleadas no deben discriminar entre tipos de aplicaciones o servicios”. También la Ley Argentina Digital establece el mismo principio, que el proyecto comentado contradice abiertamente. La neutralidad se viola también pues el proyecto pretende darle al Estado herramientas para preferir discursos y sancionar aquellos que le disgusten. La amplitud e imprecisión de la norma va más allá de lo permitido por la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado debe garantizar que no existan excluidos del debate público. Según dicha Convención, se excluyen: (i) propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia, (ii) la incitación directa y pública al genocidio, y (iii) la pornografía infantil. El proyecto socava los pilares de una internet libre, no controlada por los gobiernos. Darle carta blanca al Estado para bloquear contenidos de manera tan amplia e imprecisa es una pésima idea.

martes, 30 de agosto de 2016

SI VES AL FUTURO.....

¡SI VES AL FUTURO DILE QUE NO VENGA! Con esas palabras y su mano temblequeando e instantes antes de entregar su espíritu, un héroe tan olvidado y cuestionado como Juan Jose Castelli, redactaba su propio epitafio. Pero tal vez, no escribió esa breve cita, meditando en su desastrada suerte, sino en lo que veía acerca del futuro de esta pobre e indefensa Patria nuestra. Castelli, junto a su materno primo Belgrano y a su secretario Bernardo de Monteagudo, fueron los tres solitarios ideólogos Argentinos de un sueño trunco. El de integrar, emulando a los yankees, los Estados Unidos de Sudamérica. Pero con una masonería que, si bien fracasó militarmente con las Invasiones Inglesas, pudo desembarcar pacíficamente a sus espías, quienes de la mano de San Martin y Alvear, reorientaron el plan británico de impedir esa cohesión territorial, bajo una sola insignia, cumplió ampliamente sus tenebrosos planes, para que nunca jamas, fuésemos una Potencia Bioceanica. Nuestra historia -la oficial- se ha encargado de opacar a este ilustre trío, al que desarmaron con la mejor de las herramientas políticas: Su Majestad La Suerte. Al "Generalito Improvisado", como lo clasificó Sabato, se lo llevó la sífilis; a Monteagudo, su asesinato en un oscuro callejón limeño y al pobre de Castelli, un mortal cáncer en la lengua, privándolo de su don mas elocuente como la oratoria. Con un denominador común: la muerte los sorprendió en la más absoluta pobreza y miseria de solemnidad. Para tres Patriotas que dieron todo y más, por sus ideales. Y a los que años después, se sumaría otro incomprendido como Juan Lavalle. En fin, si algo caracteriza a nuestro devenir, a lo largo de estos dos siglos de una supuesta independencia que nos llegó recién en la Batalla de Ayacucho, a más de cinco mil kilómetros de Buenos Aires, fue -para decirlo de un modo apropiado-, la diletancia. Eso fuimos, somos y seguramente seremos, porque no contamos con una identidad ni legítima ni autóctona. Las páginas de nuestro pasado, están escritas cobijadas por la abundancia y el escepticismo que prodiga, precisamente la ausencia del hambre colectivo. Cuando los Alemanes aún retenían el oeste de Holanda y con los Aliados pisandoles los talones, la Wermacht y el pueblo Holandés, se alimentaba de tubérculos de tulipanes, porque no tenían otra comida. Cuando medios siglo antes, una cosecha de papas, se apesto en Irlanda, cien mil Irlandeses murieron de hambre. Releyendo las crónicas de la Batalla de Caseros, lo único deducible es advertir que de combate nada tuvo y que cuanto se dirimía, era la lidia personal y exclusiva entre dos Estancieros y ambos inmensamente ricos. Y esa fue la esencia natural indeleble de todas las mal calificadas "Guerras de la Independencia". Porque solo fueron enfrentamientos fratricidas entre Criollos nacidos en un mismo suelo. Salvo algunos Generales -no todos- que lideraban las fuerzas Realistas, la soldadesca y la Oficialidad, eran Criollos. No como los Independentistas Norteamericanos que enfrentaron a tropas regulares, fletadas por Jorge VI. Por eso estamos desorientados y con una identidad equivoca y errática. Porque quienes jalonaron con sus pellejos esa gallardía idealista, fueron sepultados casi en el anonimato. Se ha rescatado la gesta Belgraniana, acentuando el foco, en la creación de la Bandera, pero apenas como un episodio de color y casi folclórico, silenciándose convenientemente ese espíritu indómito que, si hubiese contado con el apoyo desinteresado de sus pares de entonces, nos hubiese facilitado la posibilidad que el Mapa Argentino, incluyese a Chile, Perú, Bolivia y la Banda Oriental, como Provincias integrantes del Territorio Nacional Argentino. Primero Rivadavia y Dorrego y Mitre después de convertir ese anhelo en una mera quimera. Y al haber acentuado y ponderado el dogma Sanmartiniano, se vetó la posibilidad de cuestionarnos nuestro pasado, tan pletórico de glorias fictas e inmerecidas que, encubrieron los primeros escarceos de la verdadera y primigenia Traición a la Patria. Por ello exclusivamente, pudimos disgustar de los Populismos que tanto daño nos irrogaron. Primero el Rosista, luego el Yrigoyenista y finalmente el Justicialista. Que entrelazados férrea e indisolublemente entre si, nos otorgaron esta actualidad, en la que nadie tiene una pertenencia seria y cierta a alago especifico. Los Nacionalistas que tanta sangre ofrendaron en los Movimientos Libertarios de tantos Pueblos, aquí fueron integrados por una chusma desorientada de cafres de empanadas y vino tinto. Esta kermesse Argentina le debe su génesis a ese espejismo que nos ha precedido. Por ello, adhiero fervientemente a Carlyle, quien era de la idea que la Historia ha sido el producto de las grandes individualidades. Alejandro, Cesar, Carlomagno, Bonaparte, Hitler y también Stalin, fueron eso. Nosotros al barriobajero de Peron -un espíritu inferior- solo superado con creces por su abultada ingeniosidad astucia y temporalidad. Diez años antes o después de 1945, su momento jamas hubiera arribado con la esteralidad de la que infortunadamente goza, entre la facción mas ignorante de este Pueblo ingenuo. Quizás el pobre de Castelli, en esa cosmovisión en la antesala inescrutable de su despedida, pudo divisar algo o mucho de lo que nos aguardaba y nos advirtió con eso de.... ¡SI VES AL FUTURO DILE QUE NO VENGA! Cordialmente Carlos Belgrano.- alarosadatodos@gmail.com

IDIOTAS AMARILLOS

ESTUPIDEZ IMPORTANTE Presti y Palmeyro, 2 legisladores que incendian al PRO: Quieren prohibir Internet Con el argumento de bloquear a Uber, en vez de mejorar el servicio de radiotaxis porteño, 2 legisladores oficialistas propusieron bloquear páginas web, una estupidez mayúscula cuyos responsables son Daniel Presti (PRO) y Claudio Palmeyro (peronista sindical). El desastre es considerable y el PRO porteño no sabe cómo salir del pantano. Imagen del tipo de gente que quiere limitar la libertad de expresión. El proyecto legislativo que pretende darle el poder a los fiscales de bloquear internet "o cualquier otro medio de comunicación" sin una orden judicial previa es una iniciativa de un sector del PRO porteño que es cuestionada por otro sector, en un disenso que demuestra que no son consensuados previamente las iniciativas. La cuestión es cómo salir del atolladero en que los han puesto 2 personajes mediocres y menores como son Daniel Presti y Claudio Palmeyro. En días de Sergio Urribarri en Entre Ríos, hubo un proyecto para bloquear las redes sociales, redactado por un diputado provincial del Frente para la Victoria (Rubén Oscar Almará), abucheado por la prensa que hoy día es oficialista, y que no sabe cómo explicar la situación. Almará terminó culpando por su iniciativa al propio Urribarri. En el caso de la iniciativa de Presti y Palmeyro, el proyecto tiene como finalidad principal la prohibición del servicio de Uber en la Ciudad. Para erradicar Uber, ambos personajes no tienen empacho en poner en peligro la libertad de expresión general. Y la idea es descabellada porque ¿cómo limitar en la Ciudad pero no en el resto del país? Desconocen todo sobre el mundo digital. Según publicó la web Nueva Ciudad el domingo 28/08, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y Beatriz Busaniche, de la fundación Vía Libre, advirtieron sobre las inconstitucionalidades en las que podría incurrir la Legislatura si aprobaba el proyecto. Casi 15.000 personas ya firmaron una petición para que no se vote el proyecto. Lo más grave es que el proyecto fue acordado con varios integrantes del bloque del PRO que, ante el escándalo, ocultan su adhesión inicial. Aquí la nota que anticipó la tormenta, de Werner Pertot: Un proyecto de ley firmado por un legislador macrista y otro vinculado al gremio de los taxistas permitiría a los fiscales bloquear medios de comunicación sin que medie la orden de un juez. El texto de la norma, que podría tratarse el próximo jueves en la Legislaltura, le da amplias facultades a los fiscales –controlados por el PRO- para disponer el bloqueo de sitios web y del servicio de Internet a usuarios o sitios web en los casos en los que consideren que se está cometiendo una contravención. La redacción colisiona con otras leyes de la Legislatura y provocó serios cuestionamientos de abogados constitucionalistas y ONGs dedicadas a proteger la libertad de expresión. El proyecto fue escrito por el legislador del PRO Daniel Presti y por el del bloque peronista sindical Claudio Palmeyro, cercano al titular del gremio de los taxistas, Omar Viviani. En la Legislatura, se lo presentó como un proyecto “anti UBER”, aunque su redacción le da a los fiscales amplias facultades. Concretamente, dice que el fiscal podrá disponer de la “suspensión o bloqueo del servicio de internet, en caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información ‘internet’ o cualquier otro medio de comunicación”. Por cómo está escrito, “cualquier otro medio de comunicación” podría incluir radios, canales de televisión, diarios y un largo etcétera. ”Se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de ´internet’ bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta”, indica el proyecto de ley. En sus fundamentos, los autores señalan que Internet “permitió multiplicar las ediciones de los medios masivos de comunicación, trayendo como consecuencia la difusión con una amplitud hasta el momento desconocida de hechos y eventos”. Nuevamente, hay que notar que se refiere a “medios de comunicación”. “La implementación de estas nuevas herramientas informáticas, puede configurar una ventaja o una desventaja dependiendo su utilización y finalidad. Es por ello, que se hace necesaria la incorporación de herramientas orientadas a una gestión judicial y administrativa ágil y eficaz”, indican los autores, que consideran que debe darse a los fiscales porteños “la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando este medio”. También indican que son medidas “esencialmente transitorias, provisionales y de aplicación excepcional. Es por ello, que estas características conllevan la necesid ad de que el juzgador obre con extrema prudencia al confirmar su aplicación y consecuente duración”. Pero, más allá de esta recomendación de tener “extrema prudencia”, la decisión queda librada al criterio del fiscal. La fiscalía general viene siendo controlada por el macrismo desde hace más de una década. Por allí, pasaron como cabeza de los fiscales el actual ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, y el porteño, Martín Ocampo. Actualmente, está al frente Luis Cevasco. Una ley de este tipo les daría un inusitado control sobre los medios de comunicación, así como sobre el resto de las páginas web. El proyecto de Presti y Palmeyro había sido girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, pero finalmente lo retiraron de la primera y lograron pasarlo por la de Justicia, lo que los habilita a llevarlo al recinto esta semana. En diálogo con Nueva Ciudad, Presti argumentó que “tiene despacho de la comisión de Justicia firmado por todos los bloques”. “El artículo 18 del Código de Procedimiento Contravencional indica que hay distintas medidas precautorias, que son las medidas urgentes. Se usan para atacar una conducta irregular. Estamos hablando de contravenciones”, señaló. “Es darle la herramienta a los fiscales de que puedan bloquear total o parcialmente una página web, cuando se acredite prima fascie una contravención”, reconoció. -¿En qué casos? - El juego clandestino, hostigamiento, grooming, venta de entradas por Internet. Si a tu hijo le hacen grooming, el fiscal puede pedir que ese dominio deje de tener esos mensajes de hostigamiento. Por ejemplo, bloqueando una cuenta de Facebook. Está apuntado a conductas contravencionales, no a medios de comunicación. Todas las garantías están protegidas. -¿No se le está dando a los fiscales el poder de censurar sin orden judicial? -No, porque estamos hablando de contravenciones. Tiene que haber una contravención. De ninguna manera, se mete con la libertad de expresión, que están garantizadas por la Constitución. Además, no es un cheque en blanco. El artículo 21 del Código de Procedimientos indica que inmediatamente el fiscal tiene que dar aviso al juez de la medida precautoria. Si no está de acuerdo el juez, la deja sin efecto. Hoy, con las cosas que están pasando a nivel tecnológico, este es un tema que tarde o temprano va a llegar. Se realizan muchos delitos por Internet. No obstante, la redacción del proyecto deja demasiado abierto a la discrecionalidad de los fiscales la posibilidad de censurar medios de comunicación y, en términos de libertad de expresión, de fijar un control sobre el Internet (blogs, páginas personales, etcétera). Todo esto, incluso, sin que medie una orden del juez. "La redacción del proyecto deja demasiado abierto a la discrecionalidad de los fiscales la posibilidad de censurar medios de comunicación y, en términos de libertad de expresión, de fijar un control sobre el Internet". Este proyecto colisiona con otra ley sobre la libertad de expresión, que fue aprobada por iniciativa de Mauricio Macri en la Legislatura porteña en medio del conflicto entre el Gobierno anterior y el Grupo Clarín. Esa ley indicó que “queda prohibido censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar, aprobar, intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea editorial, noticias, información, contenidos, grillas, programas u opiniones que difundan los habitantes de la Ciudad y los medios de comunicación en ella domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad”. También establecía específicamente que “los medios de comunicación cuyo ámbito se limite a la Ciudad no podrán ser clausurados o suspendidos (…) No serán procedentes medidas cautelares que tuvieren ese propósito”. El texto de esa normativa fue escrito por Fabián Rodríguez Simón, uno de los cerebros jurídicos del macrismo. El proyecto de ley que se discute ahora parece ir en el sentido inverso. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez indicó a Nueva Ciudad que “los estándares interamericanos hablan de la posibilidad de dar bloqueo de un sitio de Internet mediante la orden de un juez competente. La Corte Suprema estableció en el caso de Belén Rodríguez que podría ser un juez competente. No puede un fiscal dictar esa medida. Sería como si el fiscal pudiera disponer del arresto de la persona sin la orden de un juez. Mucho más con la amplitud que está planteado el proyecto”. En tanto, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, advirtió que “desde el punto de vista legal, la Legislatura no tiene competencia para regular telecomunicaciones. Es exclusivo del fuero federal. Se van a encontrar con un planteo de inconstitucionalidad más temprano que tarde”. “Hay una cuestión de desproporción. –indicó Busaniche- Se toman medidas que involucran aspectos vinculados a la libertad de expresión para el acceso de Internet, que están protegidas por ley y por la Constitución, a partir de una cuestión de procedimiento. Se trata de una acción de censura visible”. “Además, es inviable técnicamente. Es un proyecto inaplicable, porque no se puede bloquear un dominio sólo para la Ciudad de Buenos Aires. No se podría bloquear Página/12 en la Ciudad de Buenos Aires sin que no quede bloqueado para otras partes del territorio, donde la Legislatura no tiene jurisdicción”, advirtió “Y, por otra parte, ¿cómo bloqueás a un usua rio en contravención en su domicilio? El usuario se puede ir a un locutorio y seguir. ¿Cómo sería la reja para que esa persona no se conecte a Internet? Incluso, el Gobierno porteño provee Wi Fi gratuito”, destacó Busaniche. La Fundación Vía Libre está preparando una carta a los legisladores para advertirles sobre el peligro de este proyecto.

FATOS NUCLEARES

CURIOSIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MACRI Invap canta los 40 y aún no la mandaron a lavar los platos Hija del Plan Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en los ´70, como proveedora al igual que IMPSA, CONUAR, FAE, DIOXITEK y ENSI, para las obras que requería, evolucionó desde entonces diversificando el negocio nuclear en diferentes áreas de negocios: espacial y gobierno; industrial y energías alternativas; TICs y servicios tecnológicos, todo ello con recursos propios, sin recibir subsidios y compitiendo con las principales empresas de alta tecnología del planeta. Tras dar barquinazos en sucesivas crisis del país, Invap emergió fortalecida a lo largo de los 40 años de historia que cumple el jueves 2, cumpleaños al que llega con 1420 empleados, de los que 85% son profesionales y técnicos altamente especializados. Arrancó con un capital inicial, actualizado a hoy, de aproximadament e US$ 300 mil, y su patrimonio neto es de alrededor de US$ 55 millones. Factura por año el equivalente a US$ 200 millones. La demora en construir el satélite Arsat 3 dispuesta desde el Ministerio de Comunicaciones de Oscar Aguad pone en riesgo el 40% de la planta de personal, afectada a la Gerencia Aeroespacial. El gobierno nacional le tiró algunos contratos de reactores y trabajos para TDA, el BCRA le adelantó créditos, pero la tijera no deja de pasar por los costos desde comienzos de año. Lo acusaban a Macri de querer mandarlos a lavar los platos, pero lo único que definió es que quería a la empresa como proveedora de servicios tecnológicos para la NASA, los franceses y empresas privadas como Dow o Grobocopatel, con las que ya comparte proyectos. En 2010 Invap inauguró la sede central, en donde concentró casi todas las actividades, que con el crecimiento de la empresa estaban repartidas en 20 dependencias, la mayoría en Bariloche. Las 40 velitas de la torta de cumpleaños de la empresa estatal rionegrina Invap Sociedad del Estado, nacida y criada en San Carlos de Bariloche, se soplan el jueves 02/09 y no hará falta apagar la luz, porque todo este año ha sido de tinieblas por haber tenido que someter a ajuste el modelo de gestión de tecnología y competitividad que incubó desde el comienzo, con la con la creación de equipamiento nuclear y la extensión de su prestigio internacional a la fabricación de satélites y la industria aeroespacial. La celebración sorprende a INVAP en pleno intento de adecuar su estructura a la fuerte baja en los niveles de actividad, ya que no logró cobrarle a la administración de Mauricio Macri una deuda de $ 1.000 millones que contrajo el gobierno de Cristina Kirchner, se encuentra frenado el desarrollo de Arsat-3, y no aparecen nuevos contratos con el Estado Nacional -su principal cliente-. La consecuencia son fisuras en la cadena de pagos a proveedores, que es el otro eslabón del entramado industrial y la sinergia, que promueve el desarrollo tecnológico de Invap, y que involucra a empresas de todo el país. Apenas si logró hace poco que la banca pública le concediera créditos hasta US$ 13,5 millones para el desarrollo de tecnología aplicada. En esa línea, días después, el Gobierno nacional contrató la construcción de radares, destinados a pronosticar lluvias capaces de provocar inundaciones. Poco antes de esos desembolsos devengados, las autoridades de Invap eligieron el silencio ante el congelamiento del emblemático proyecto satelital. Previamente, para amortiguar posibles despidos en masa, reasignó personal de la Gerencia Aeroespacial que iba a trabajar en el Arsat-3 para otros proyectos. No es poco, ya que se trata del 40% de los 1.300 empleados que tiene en total Invap. Fuentes íntimas revelaron a la página web CIC que durante los últimos 3 meses el personal jerárquico cobró su salario de manera desdoblada y, en diferido. Y en el último mes, ese pago en tramos se efectuó fuera de término. Asimismo, esgrimieron como otro indicador de la compleja situación financiera que atraviesa la firma rionegrina la suspensión del habitual revalúo salarial de todo el personal, fijado cada 3 meses. Esta vez, esa actualización salarial simplemente se postergó hasta este mes. Ya el pasado abril se despidió por lo menos 50 trabajadores en la sede Bariloche. Las cesantías fueron simultáneas, y corresponden al área de servicios tecnológicos, lo que INVAP justificó aduciendo "motivos particulares". Esas sigilosas desvinculaciones se habían concretado pocos días después del anuncio de la paralización de la construcción del satélite geoestacionario Arsat-3, por no poder “autofinanciarse” con la comercialización de Arsat- 1 y Arsat-2, según argumentaron las nuevas autoridades de la firma estatal Arsat. Los técnicos fueron desplazados de sus cargos, pese a que el gobernador Alberto Weretilneck aseverara -a través de un comunicado oficial- que no habría despidos en Invap. El personal, ante el panorama que se presenta por delante, no está para festejos, sobre todo en momentos en que se evalúan forzosos retiros voluntarios, advierte CIC. Antes bien enfrenta la histórica veda a la actividad sindical que rige en la empresa y comienza a organizarse y definir acciones. Estiman que, para fines de año, la problemática se profundizará y, según sus propios cálculos, "podrían perderse cientos de fuentes laborales" en Invap, confiaron a CIC. El gobernador Weretilneck, sin embargo, no es tan pesimista. En el marco de una entrevista radial nacional, consultado sobre la situación financiera actual de Invap, respondió: “No, bien, bien. Obviamente con las cuestiones presupuestarias y de déficit fiscal que hay, que hacen que los pagos no sean lo que tienen que ser, pero en términos políticos, la empresa no está teniendo inconvenientes”, admitió, ambivalente. Trabajos en ejecución Tampoco es que estén cruzados de brazos: en este momento Invap tiene contratos de provisión nuclear con organizaciones de Arabia Saudita, Argelia, Brasil, India y Venezuela. Y cada vez más países incluyen la opción nuclear en su matriz energética. En los últimos años se registró un crecimiento significativo en los requerimientos del Estado Nacional a través de la CNEA, Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Arsat S.A., Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y empresas de petróleo y gas. Entre los contratos en ejecución se destacan: > la ingeniería de los reactores nucleares multipropósitos RA-10 para la CNEA, y RMB para Brasil y centros de medicina nuclear también para CNEA; > los satélites de observación de la Tierra: SAOCOM, SARE y SABIA-Mar para CONAE. > Para Arsat, el 3er. satélite de comunicaciones –ARSAT 3- (delayed, como se diría en la pizarra de un aeropuerto) y > la implementación de la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre. > Para el Ministerio de Defensa los radares primarios y secundarios de vigilancia del espacio aéreo. > Para la Subsecretaría de Recursos Hídricos, los radares meteorológicos, entre los más importantes. Por otra parte, desarrolla y produce, desde hace varios años, diferentes equipos aerogeneradores y componentes asociados, así como también turbinas hidrocinéticas, sistemas médicos y otros. En la visita a la planta de Bariloche realizada en los primeros meses del año, el presidente Macri dejó un claro mensaje: que quería ver a la empresa como proveedora de servicios y desarrollo de tecnología que funcione en sociedad con empresas privadas como Grobocopatel, la NASA o Francia. ¿Qué sucederá con todos los proyectos que desarrolló Invap en estos años, como radares, satélites y reactores nucleares, por encargo del Estado Nacional? ¿Qué será de los 1.400 empleados actuales? Previo a los '90, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, atravesó una crisis que la obligó a reducir en un 75% la plantilla de personal, de 1.100 a 320 personas; los empleados cobraban en tramos, incluso, algunos llegaron a colaborar con recursos propios en la compra de insumos para no detener la producción. No se quedaron en el achique sino que salieron a buscar contratos en el exterior para sobrevivir. No les fue mal entonces: Australia contrató la construcción de un reactor, que fue un espaldarazo internacional del que se siguen cosechando dividendos y prestigio en tecnología nuclear. “Los científicos australianos hablan maravillas de ese reactor en cuanto congreso mundial asisten, y esa es la mejor propaganda que habrá influido para que la empresa francesa Areva haya tenido la iniciativa de sumar su potencia a la capacidad específica que ha demostrado Argentina, a fin de ir a la licitación en Sudáfrica juntos con una oferta más competitiva. No es así en todas las licitaciones. Habíamos ganado una hace 6 años en Holanda, compitiendo contra los coreanos y los franceses, ese proyecto se reavivó y de nuevo estamos compitiendo con ellos”, dijo hace poco el gerente general Héctor Otheguy, quien está en el cargo desde 1992. 2 gerentes en 40 años Antes que él ocupaba esa silla el fundador Conrado Varotto, quien en 1972 les dijo a un puñado de colegas, todos muy jóvenes y entusiastas, egresados del Instituto de Física Dr. José Balseiro (IB), al regresar de un viaje de estudio a Estados Unidos: “Tenemos que hacer cosas que sirvan”, recordó Cacho Otheguy, y agregó: “Recién recibidos, hacíamos los primeros pasos en ciencia básica y no es que eso no servía, al contrario. Varotto nos mostró el camino por la ciencia enfocada hasta llegar al desarrollo tecnológico, aplicar los pasos anteriores a algo concreto e inmediato, que es lo que terminamos haciendo”. Así, los jóvenes científicos montaron una oficina en una de las pequeñas habitaciones que compartían de a 2 los estudiantes del Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche (CAB), y la empresa nació el 01/09/1976 en el complejo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el kilómetro 9 de la avenida que une el centro de la ciudad de Bariloche con el Hotel Llao Llao. Se llamó Investigaciones Aplicadas -de ahí su nombre actual- y era esa oficina, los laboratorios prestados por el CAB y el equipamiento que financiado por la provincia de Río Negro, desde entonces propietaria del 100 % de su patrimonio. “Nacimos como una empresa ‘incubada’ por la CNEA, que nos dio un enorme apoyo y facilitaba sus instalaciones. La provincia, que siempre nos apoyó, aportó el primer capital para equipamiento y nos pusimos en marcha”, agregó Otheguy. Empezaron fabricando esponjas de circonio (elemento de uso en aplicaciones nucleares) y fueron creciendo con distintos desarrollos hasta que en 1982 fabricaron el primer reactor atómico de investigación, el RA-6, en el CAB, ambos productos para la CNEA. Después vinieron otros desarrollos nucleares entre los que se destacó la venta a Australia del reactor de investigación OPAL, y la vertiginosa carrera en la industria aeroespacial, con la fabricación de satélites de observación y de comunicaciones, y radares para el control aerocomercial y de seguridad de fronteras. El directivo estimó que INVAP nació con un capital de US$ 200.000 y hoy el patrimonio total es de US$ 50 millones de la misma moneda. Eran una decena de físicos y hoy son 1.420 empleados directos, entre científicos, técnicos, profesionales y otros roles. Además crearon varias firmas subsidiarias y tercerizan trabajos a 150 empresas en Bariloche y el resto del país. En 2010 inauguraron la sede central, en donde concentraron casi todas las actividades, que con el crecimiento de la empresa estaban repartidas en 20 dependencias, la mayoría en Bariloche. Desde 2002 la empresa cuadruplicó su tamaño y capacidad. Pasó de una facturación anual de US$ 35 millones a US$ 200 millones de la misma moneda en el ejercicio 2015 y estiman que para el 2016 se repetirá dicha cifra. “Nunca tuvimos un presupuesto estatal, vivimos de lo que vendemos y reinvertimos todas las utilidades. Varotto la organizó así y sigue funcionando de esta manera”, sostuvo. Varotto comandó la empresa hasta 1999 cuando se trasladó a Buenos Aires convocado para crear y presidir -hasta ahora- la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), multiplicó las capacidades de Argentina, se asoció en proyectos con la NASA y la Agencia Espacial Europea, y colocó al país en la vanguardia de las 8 naciones más desarrolladas en este ámbito. Para INVAP la ida de su hacedor y poderosa locomotora no significó un hecho traumático sino por el contrario el impulso definitivo: “Varotto pasó de ser nuestro jefe a nuestro principal cliente, y siempre con la misma filosofía, de hacer todo lo que hacemos por el desarrollo de la República Argentina”, concluyó Otheguy. Solos en la madrugada Invap no reconoce competidores nacionales en las principales áreas de negocios que cubre. En el ámbito internacional compite con las grandes empresas que desarrollan tecnología nuclear con fines pacíficos, tales como Areva, AECL, Siemens (abandonó el negocio en 2011), Kepco, entre otras. Tanto en Egipto como en Australia INVAP ganó las licitaciones públicas e internacionales correspondientes al diseño, construcción de reactores nucleares de investigación y producción de radioisótopos. Haber ganado la licitación en Australia muestra el nivel competitivo de la tecnología nuclear nacional, porque es un proyecto llave en mano de un centro nuclear cuyo valor hoy es de us$ 300 millones. Es la mayor exportación de alta tecnología de una planta llave en mano, vendida al contado. Otheguy explica qué tiene en común el polirrubro tecnológico que abarca INVAP: nuclear, satelital, radares, equipamiento médico, televisión digital. “Se trata de la ejecución concreta de proyectos complejos y cuanto más lo son, menos competidores tenemos. En Argentina, ninguno. Y la tecnología de gestión de esos proyectos nos permite pasar de uno nuclear a uno satelital. Y esa tecnología nos permite poder firmar un contrato hoy, ponerle un precio fijo en base a una oferta, a un estudio, y decir que dentro de 6 años va a haber una instalación nuclear, como fue el caso de Australia o de Egipto, que va a cumplir ciertas características bien precisadas y ciertos parámetros de operación, la performance, es como si uno dice voy a hacer un avión que tiene que volar a tantos metros de altura, a tal velocidad, consumir tanto combustible por kilómetro, tiene que llevar tantos pasajeros. Para toda esa especificación se está en el día cero. Y se promete en seis años tenerlo en calidad, en tiempo y en el costo. ¿Qué es lo que tiene en común todo lo que hacemos: nuclear, satelital, radares, equipamiento médico, televisión digital? En general se trata de la ejecución concreta de proyectos complejos y cuanto más lo son, menos competidores tenemos. En Argentina, ninguno. Y la tecnología de gestión de esos proyectos nos permite pasar de uno nuclear a uno satelital. Y esa tecnología nos permite poder firmar un contrato hoy, ponerle un precio fijo en base a una oferta, a un estudio, y decir que dentro de seis años va a haber una instalación nuclear, como fue el caso de Australia o de Egipto, que va a cumplir ciertas características bien precisadas y ciertos parámetros de operación, la performance, es como si uno dice voy a hacer un avión que tiene que volar a tantos metros de altura, a tal velocidad, consumir tanto combustible por kilómetro, tiene que llevar tantos pasajeros. Para toda esa especificación se está en el día cero. Y se promete en seis años tenerlo en calidad, en tiempo y en el costo”, se explaya. “Todos los países tienen no una, varias empresas de este tipo, pero son muy pocas las que tienen la diversidad de áreas que tenemos nosotros. Las hay grandes en lo espacial pero que no son nucleares. Lo mismo al revés. Hay sinergia entre los proyectos y hay cierta posibilidad de especialistas (ingenieros, técnicos, armadores de equipos electrónicos) que lo hacen para la parte nuclear también lo hagan para la parte espacial”, completa. Coyunturas al margen, Invap se desarrolló como una empresa estatal que funciona bajo la lógica de una privada, y el estandarte de la meritocracia disciplinante, que inculca con fervor a su cohesionado personal. Tener que apelar a emisión de obligaciones nacionales para financiar el crecimiento en un mercado de capitales en el que participan bancos privados, estatales, Anses, requiere como condición presentar en la Bolsa balances trimestrales, auditados, aprobados por la CNV y hechos públicos. Además de cumplir con las normas internacionales de información financiera desde los tres a cuatro años que empezaron. “Vistos como empresa, estaríamos entre las mejores del ámbito privado en cuanto al gerenciamiento y el manejo administrativo-financiero”, afirma Otheguy. Les cuestionan los grupos sindicalizados que los recién llegados a la firma estatal sean recibidos con contratos de confidencialidad: tienen vedado divulgar detalles sobre el salario, condiciones laborales y proyectos. Todo dato alusivo a la empresa y sus actividades, es información clasificada. Prohibición de sindicalización; excesivas jornadas de trabajo; salarios asimétricos y discrecionales; ausencia de paritarias; incentivo económico en horas extras. Meritocracia, el nuevo trending topic de vieja concepción liberal, que procura la equidad por mérito propio, y no la igualdad por acción del Estado como distribuidor del ingreso.

MANO PROPIA

MÁS ALLÁ DEL DERECHO PENAL Una batalla cultural: El caso Villar Cataldo y la mano propia En el Derecho siempre hay biblioteca suficiente para fundamentar tanto una culpabilidad como una inocencia. En el Derecho Penal esa curiosa situación es mucho más evidente. Por lo tanto, es una cuestión política y sociocultural la que termina inclinando la balanza. Por ese motivo es tan interesante que en la Administración Macri suceda el caso del delincuente Ricardo Krabler asesinado por su víctima, Lino Villar Cataldo. Es hora de comenzar a revisar los valores que el kirchnerismo instaló en gran parte de la sociedad argentina. por EDGAR MAINHARD Resultó enojoso que el relator deportivo devenido en comunicador K, Víctor Hugo Morales, explicara que el caso del médico Lino Villar Cataldo no puede considerarse de defensa propia porque le pegó 4 balazos al delincuente Ricardo Krabler, que había intentado robarle su vehículo, y que había ejercido violencia física contra él. De acuerdo a Morales y su equipo, es bien diferente que le hubiera pegado 1 tiro a que fuesen 4 disparos, para ellos un exceso que ya era una supuesta alevosía propia del homicidio culposo. La teórica administración de emociones que exigía Morales y el reclamo de autocontrol es legítimo pero no obligatorio, y es posible imaginar a Villar Cataldo entre temeroso y enojado, totalmente desesperado, decidido a luchar por su seguridad y su propiedad. ¿Quién le había provocado a él tan angustiante situación? Un delincuente que había intentado asaltarlo exhibiendo un arma de fuego. Que a ese delincuente le haya resultado adversa su experiencia delictiva no puede ni ocultar ni revertir el hecho irrefutable de que Krabler estaba decidido a cometer un delito. Que la víctima haya reaccionado más allá de la imaginación y la decisión del delincuente no omite que Krabler fue a la vivienda de Villar Cataldo decidido a convertirse en victimario. Villar Cataldo no comenzó el día pensando en dispararle 4 veces a un delincuente. Pero Ricardo Krabler sí se levantó dispuesto a cometer el delito de arrebatarle a alguna persona alguna propiedad valiosa. Son conceptos fundamentales para analizar el caso que resulta una evidente batalla cultural, más allá de la interpretación que se prefiera del Derecho vigente. Desde el año 2001 hasta el 10/12/2015, la sociedad argentina padeció el intento de modificar el razonamiento tanto colectivo como individual para instalar una escala de valores diferente a la convencional durante gran parte de la historia argentina. De pronto, un delincuente no era tan delincuente, y la víctima no era tan víctima. Ese fue uno de los ejes del relato de los K, quienes, mientras cometían todo tipo de tropelías para su enriquecimiento personal, se aferraban a la interpretación del Derecho Penal de Eugenio Raúl Zaffaroni para instalar un populismo demagógico reñido con los usos y costumbres de muchos ciudadanos. La propiedad privada pasó a ser un concepto fungible, y el robo y el hurto una cuestión circunstancial. La instalación de la inseguridad jurídica como un hecho lícito, desde el propio Estado, fue el origen de la consideración de la seguridad individual como 'un reclamo burgués', una reivindicación frívola de gente que, además, cometía o el egoísmo o la avaricia o la conducta antisocial de reclamar esa propiedad privada. Por supuesto que esto comenzó antes de los K, en la decadencia de Fernando De la Rúa y el temor culposo de Eduardo Duhalde (la feroz conspiración para el golpe de Estado civil y luego la brutal salida de la Convertibilidad provocaron situaciones que él decidió no reprimir sino tolerar). Pero fue con los Kirchner cuando ese enfoque se consolidó y multiplicó. De pronto, la ocupación de tierras, de espacios públicos y el saqueo de supermercados fue considerado una posibilidad no punible. Más tarde, quitarle un bien a otro, aún por la fuerza, fue considerado parte de la justicia social. El paso siguiente en la escala fue que se intentara borrar la enorme zanja que hay entre víctima y victimario. Eso fue propio de la Argentina K. Los Kirchner consideraron el reclamo por más seguridad o contra el incremento de la inseguridad como un valor de la centroderecha, en especial la porteña, procurando desoir el descontento, ignorar las denuncias y huir de la multitud enojada, tal como sucedió luego del asesinato de Axel Blumberg, por mencionar un caso ocurrido en los primeros años de los K, y en el GBA, no en Ciudad de Buenos Aires. De paso, aquel joven fue asesinado como consecuencia de graves desinteligencias entre la ex Side, la Policía Federal y la Policía Bonaerense que participaron de la investigación sin una coordinación operativa. O sea que la impericia del Estado tuvo mucho que ver con la tragedia, pero en lugar de ejercitar la autocrítica y ejecutar rectificaciones, Néstor Kirchner utilizó a la ex Side para controlar a la familia de la víctima. Desde entonces, el gobierno K siempre reaccionó con histeria ante los pedidos de los ciudadanos, a la vez que ejercitó la flexibilidad con los delincuentes, y esto fue descubierto por los policías corruptos. Por lo tanto fue posible encontrar un denominador común entre la tolerancia de la comparsa Vatayón Militante y la excarcelación temporaria de detenidos para cometer ilícitos cuyos autores ideológicos eran fuerzas de seguridad. La peligrosa distensión fue acompañada por la demonización de conceptos tales como orden y represión del delito, y por lo tanto hubo un incremento notable de secuestros, robos y homicidios. Cualquier reclamo era propio de fachos o de egoístas o de ciudadanos sin sensibilidad social. No es fácil modificar lo que fue instalado en varias generaciones de ciudadanos pero el Estado no puede ser neutral en la batalla cultural que aparece en tragedias tal como la de Villar Cataldo. El Estado no debe hacerse a un lado porque su neutralidad sería una complicidad con el delito. El Estado debe participar activamente en este intento de reinstalar valores y conductas imprescindibles para recuperar la sociedad. Esto es lo que está en discusión hoy día, y si bien es apreciada la opinión de la ministra Patricia Bullrich recordando quién es la víctima y quién el victimario, sorprende que otros funcionarios como el ministro de Justicia, Germán Garavano, demore en dar su interpretación de lo que ha ocurrido. Si realmente habrá una nueva Argentina, comienza a construirse en los sucesos cotidianos. Mucho le ayudaría a Mauricio Macri, que aún no consigue recuperar la economía, ir más allá de la lógica muchas veces trivial de Cambiemos vs. Kirchnerismo para dar combates decididos y fundamentales rectificando los valores que intentó instalar el Mundo K.

AMENAZAS

SEGURIDAD Ola de amenazas: ¿Humo, advertencia real o plan desestabilizador? Según el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, se hicieron 11.000 llamadas con amenazas al presidente Macri tanto al 911 como al 101. Luego, están los mensajes intimidantes a la gobernadora María Eugenia Vidal y ahora se sumó el caso de la diputada nacional Margarita Stolbizer, una de las denuncias más activas contra la expresidente Cristina Fernández. Macri y Stolbizer se reunirán este martes (30/8) sobre esta cuestión. En tanto, este martes el Gobierno oficializó nuevas pautas para la custodia del presidente y sus ministros de carácter “obligatorio y permanente”. Tanto Bullrich como Cristian Ritondo decidieron llevar las amenazas a la Justicia, hasta el momento no ha surgido de la mayoría de esos mensajes un peligro real pero es cierto que algunos sectores ultrakirchneristas y de izquierda plantean un rechazo abierto al Gobierno de Cambiemos. Las amenazas a Macri via Twitter, sigue detenido el joven que escribió los mensajes Este martes (30/8) el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, publicó en el Boletín Oficial la resolución 389 donde se especifica que el servicio de protección será "de carácter obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deban recibir custodia, desde que lo disponga y hasta tanto dicte acto administrativo en contrario". La custodia "se regirá conforme a criterios objetivos de seguridad, tales como la función, las circunstancias de las personas a custodiar y proteger, y las hipótesis de amenazas reales que dichas situaciones conlleven". Además, el texto precisa que "si el custodiado pretende prescindir del servicio, deberá notificar fehacientemente su voluntad ante las autoridades de la Fuerza de Seguridad que le brinda el servicio". La normativa establece tres niveles de protección cuyos protocolos serán determinados por la cartera de Seguridad con "carácter confidencial". El presidente y el vicepresidente con sus núcleos familiares componen el nivel 1, en tanto el nivel 2 lo conforman el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Seguridad y el secretario de Seguridad. En el nivel 3, se encuentran los ministros y funcionarios que el ministerio de Seguridad "considere deba brindar el servicio de protección de estado y custodia, y los ex Presidentes de la Nación". La medida oficial se conoce tras las denuncias de amenazas telefónicas que durante las últimas semanas recibieron diferentes dirigentes políticos y luego del incidente ocurrido en Mar del Plata, cuando el vehículo que trasladaba al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue interceptado por manifestantes que reclamaban durante un acto en el barrio Belisario Roldán de la ciudad balnearia. Quien sufrió amenazas también pero fuera de la órbita de Cambiemos fue la diputada nacional Margarita Stolbizer, principal denunciante contra la expresidenta Cristina Fernández. Macri recibirá este martes a la tarde a la dirigente del GEN. La amenaza de muerte contra Stolbizer ocurre a sólo dos días de la presentación de su libro "Yo acuso", que será presentado el jueves a las 18.30 en el Palacio San Miguel, en el centro porteño y en el que se despliegan una serie de acusaciones contra la exmandataria. El llamado intimidatoria, que fue la semana pasada, se repitió al teléfono fijo de su casa pero también en su oficina. Y Stolbizer habría confirmado que un preso vinculado a una causa de narcotráfico, efectivamente, salió de la cárcel recientemente. El pasado 15 de julio Stolbizer había hecho públicas situaciones de apriete que relacionó directamente a los pedidos de informes y denuncias que presentó contra Cristina Kirchner. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal también viene sufriendo distinto tipo de amenazas que en Cambiemos atribuyen a su gestión para depurar a la policía bonaerense y a las mafias vinculadas al servicio penitenciario. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, confirmó que llevará las denuncias a los Tribunales bonaerenses. La decisión llega luego de una nueva intimidación telefónica realizada a través del 911. Vidal ya había remarcado que algunos sectores K pretendían instalar un clima de “inestabilidad”, verificado también en el ataque contra Mauricio Macri durante un acto en Mar del Plata. Hasta el momento no ha surgido de la mayoría de los mensajes intimidatorios un peligro real, aunque parecieran existir más elementos en el caso de Vidal. Es verdad que algunos sectores ultrakirchneristas y de izquierda plantean un rechazo abierto al Gobierno de Cambiemos. La Marcha de la Resistencia que realizó la semana pasada La Cámpora y las Madres de Plaza de Mayo plantean un clima de confrontación que se verifica en algunos escraches que sufrió Macri en actos públicos, pero no tiene lazos con las amenazas. El kirchnerismo, y parte de la oposición, creen que todo se trata de una exageración para generar una victimización y de paso justificar algunas medidas en materia de seguridad. Los ultrakirchneristas siempre van más allá y advierten sobre un nuevo rol para las fuerzas armadas en relación a la delincuencia.

lunes, 29 de agosto de 2016

A QUIEN BENEFICIA EL CRIMEN ??

¿A QUIEN BENEFICIA EL CRIMEN? Esta genial y fulminante cita que, debemos atribuirla al filosofo Séneca -Córdoba 4 AC Roma 65 DC-, es tan obvia que ha transcurrido inadvertida para Enciclopedistas, Juristas e imperdonablemente para Jueces y por cierto Abogados. Su infalibilidad que, debería de ser, la base angular de cualquier pesquisa judicial, se encuentra, por decirlo de una forma indulgente, inexistente, desuetuda y vacía de contenido. Ha sido precisamente su inaplicabilidad, la gestora de tantos Sumarios Penales que, arribaron sin esfuerzo a todas las formas conocidas y desconocidas de preclusiones procesales. Y con ello sin sanción ni castigo, principalmente en nuestra Argentina, para "asesinos al volante y pro fugados", pero esencialmente también, para los Crímenes contra la Constitución Nacional. La única, digamos "Presa Menemista", fue Maria Julia Alsogaray. Y antes que ella, el solitario Juan Carlos Del Conte como el único "Preso Alfonsinista". Todo lo que desfalco la Coordinadora Radical, con el "coti" Nosiglia como cabeza de serie, jamas fue objeto de reproche penal alguno, pese al centenar de Bancos que junto con sus propietarios, enviaron a las mas fraudulentas quiebras, como entre muchos el Banco del Oeste que, fue propiedad de Diego Guelar -actual premiado y embajador en Beiging-. Esto es que, todas las sumas de dinero que la Democracia le hurto a los Contribuyentes y al Estado, en este festival republicano de treinta y dos años de edad, se encuentra sobradamente prescripto, solo por el transcurso pacifico del tiempo, la venalidad y molicie de los jueces y las coberturas que cada Primer Mandatario, desplegó respecto de su predecesor. Y fue precisamente, esa bochornosa indemnidad, la que animo a los K para que sus profecías auto cumplidas que "irían por todo", se transformasen en una verdad absoluta. Hoy, estos magistrados no probos, ignorantes y cómplices necesarios, de quienes se encuentran sospechados ante sus propios estrados, están afanados en borrar los de sus memorias; y es allí donde afloran indeleblemente sus torpezas y olvidos que, solo disimulan sus intencionalidades dolosas. Este "micro fiscal" Marijuan, no creo que sea tan bobo -aunque mucho lo aparenta- para dejar sus huellas fonéticas de un criterio adelantado, en perjuicio de esta "domestica" que nos mantuvo subyugados por tanto tiempo. Porque a partir de esa manifiesta y detectada infidencia, en este abominable sistema de enjuiciamiento penal, cuyo génesis también nos fue ofrendado por esta mongoloide democracia, le otorga valiosos elementos a la incusa, para nulificar y poner en grado impotente a todo el Ministerio Publico y su obligatoriedad persecutoria. Como lo hizo este Ercolini, cuando "cajoneo", todas las denuncias de Lilita; particularmente, lo que ahora aparece como un hallazgo, esto es, un deposito de Lazaro Baez, por diez palos/dolar en las Islas Seychelles, donde CFK, aterrizo varias veces en sus absurdas giras presidenciales. El Gobierno que desconoce cual es su horizonte, poco o nada coadyuva para remedar estos flagelos, porque lo desee o no, es parte del problema, por su pertenencia integral al "sistema". Desalentando a todos, quienes aguardábamos un cambio de rumbo de colisión, como el que nos dejo esta Kretina y sus muchachos. Macri, a estas alturas, a pesar de ser un sujeto sin carácter, o en el mejor de los casos, de naturaleza algo liviana, debería estar adocenado que su futuro, no depende como es su creencia de la "sojización", por mas que este año sera récord y supere, junto al resto de cereales y oleaginosas, las ciento veinte millones de toneladas. MM debería de leer algún viejo anecdotario y ejemplarizador episodio Bíblico. Creo que el mas indicado para su caso, debería de ser "El Regreso del Hijo Prodigo", en el que el vástago de un riquísimo pastor caprino, retorna a su hogar, habiendo dilapidado su fortuna, en bacanales y mucho mas, al haberse entregado a una sacerdotisa paganizada de Babilonia. En un hecho inedito, a mi modesto entender, debería de redactar por su propia mano, un discurso y difundirlo por la Cadena Nacional, como incontables veces lo hizo esta "Nini Marshall de Tolosa" y rogarle a la parte del Pueblo Argentino que, todavía apuesta por el futuro de nuestros Hijos y Nietos para que lo asistamos en una verdadera Cruzada. Algo similar a esa primera, espontanea y súbita, encabezada por "Pedro el Ermitaño". Que nos pregunte y también se interrogue a si mismo... ¿A QUIEN BENEFICIA EL CRIMEN?. Cordialmente Carlos Belgrano.- alarosadatodos@gmail.com

VACA VIVA

EL PLAN DE MACRI El secreto más guardado de la audiencia pública: subsidiar Vaca Muerta un par de años El gobierno nacional avanza en la definición del cuadro tarifario que llevará a las audiencias. A la vez que promete gradualidad a los usuarios residenciales, en reuniones confidenciales ratificó a las petroleras un aumento del valor del gas en boca de pozo del 300% en pesos, no le puso aún el número a las distribuidoras y a los usuarios que pagan la tarifa plena (el 27% del padrón), le fijan un tope en relación a la factura previa a la del conflicto, o sea, la de marzo-abril. En la ecuación no está calculado qué sucederá con el humor social si a fin de año, cuando empiezan los calores, vuelven los cortes de luz, como parece inexorable, y hay que afrontarlos encima pagando más caro el servicio. La alternativa será utilizar gasoil importado en las usinas termoeléctricas a cuenta del déficit fiscal. Dentro de la administración macrista la preocupación se segmentó entre incentivar las inversiones para que las petroleras saquen el gas y el costo fiscal resultante del tope tarifario al consumo, que hoy, después del fallo de la Corte, representa $30.000 millones, según respondió la Jefatura de Gabinete al diputado del FR, Sergio Massa. El propio Mauricio Macri confía que, a partir del cuadro tarifario que salga después de superar la formalidad de las audiencias, ese subsidio irá decreciendo, porque en 2017 se empezará con los ajustes periódicos a los consumidores no comprendidos en la clasificación social, por un lado, y además porque el precio internacional subirá en un par de años hasta equiparase con el fijado para el gas extraído en Vaca Muerta. El argumento es que US$ 4 es un costo de oportunidad, al encontrarse por debajo del GLP importado (US$ 6,65) o del gasoil a utilizarse para la generación térmica porque no hay gas suficiente (US$ 11,20). El tope del 300% sobre la base del que se replanteará el cuadro tarifario será para el gas en boca de pozo, que constituye del 60% al 70% del monto que se factura al 26% de los consumidores. Todavía está en discusión el incremento para la distribución, que representa un 21% de lo exhibido en las facturas que emiten Metrogas, Gas BAN, Camuzzi, Ecogas. Para esta franja de usuarios regirá el año que viene un sistema de ajustes periódicos sobre el total, mientras que para el 74% restante, en el que está comprendida la llamada tarifa social, esos aumentos se harán sobre el 30% (o sea, excluyendo el costo del gas) de lo que paga la tarifa no subsidiada. Precisamente, en el precio en boca de pozo que perciben las petroleras se seguirá con el criterio de “costo de oportunidad” ya establecido en la resolución de abril último. El presidente Mauricio Macri se encuentra convencido de que, como en un par de años subirá el precio internacional, será buen negocio para el Estado subsidiar la extracción en Vaca Muerta hasta que la curva de las tarifas se cruce con la del valor internacional y ya no sea necesario seguir cubriendo la diferencia con el Tesoro. Ambas conclusiones están siendo negociadas por el gobierno en el ámbito político antes de someterlas a debate en las audiencias públicas, que hay que recordar, no son vinculantes. En la Bolsa ya hay convicción en torno de esta salida, al punto que las cotizaciones de las acciones de las firmas productoras de gas recuperaron la mayor parte de lo que perdieron en el día del fallo de la Corte Suprema que retrotrajo el aumento de tarifas hogareñas. La lectura que hicieron los observadores de la plaza bursátil es que si el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no concretó su intento de renunciar fue porque le aseguraron que no obstante las audiencias, y los cuestionamientos que recibiría el nivel dispuesto para el precio del gas en boca de pozo, la política que acordó al respecto con las petroleras se mantendría y, en todo caso, serán los subsidios la variable de ajuste hasta que haya una convergencia con las tarifas domiciliarias. En el mercado lo tomaron de ese modo, a juzgar por la reacción de los papeles en las últimas jornadas, si bien el punto de partida de todo este confuso proceso es el congelamiento de las tarifas que rigió durante 12 años. De ahí en más todo cuenta para ponerle el signo más. La semana pasada, tanto en Nueva York como en Buenos Aires, de las 9 acciones de energéticas reguladas que se operaron, las que habían terminado con 8 bajas y una suba el jueves 18 pasado, quedaron sólo 4 con el signo menos. Un repaso de las principales hecho en El Cronista Comercial recuerda que hace una semana Pampa había perdido 4,42% en una sola jornada en Wall Street, pero que recuperó terreno hasta quedar apenas 1,05% por debajo del día previo al fallo de la Corte. Otra que cotiza en Nueva York, la distribuidora Edenor, cayó en esa instancia 1,7%, pero en una semana quedó 3,3% por encima de su valor previo. El valor de pizarra de Transportadora de Gas del Sur ni siquiera se movió. En todo caso, el revés judicial para el gobierno fue un cheque a plazo para las empresas distribuidoras, porque lo que dejaron de percibir por la marcha atrás de la facturación lo recuperarán con creces en cuanto se ponga en marcha el ciclo de cobranza con la refacturación. En ese sentido, el CEO de Edesur, Maurizio Bezzeccheri, urgió una pronta solución a la tarifa de electricidad para revertir los números negativos que arrastran las compañías. Aseguró que las compañías distribuidoras cerraron los primeros seis meses con resultados negativos y que el segundo semestre, con la tarifas que se retrotrayeron, el resultado es aún más negativo. Pampa Holding, que también lleva electricidad a los usuarios, sino que está en la producción de hidrocarburos y en las usinas generadoras, no sintió en su situación patrimonial las contramarchas, al igual que sucedió con Central Puerto o Central Costanera. Boca de pozo El doble aumento aplicado a los combustibles en la primera parte del año obedeció a cubrir la diferencia del costo del barril de crudo liviano, que en Argentina se remunera a más de US$ 60 cuando en el mercado internacional no llega a US$50. Y en ese sentido, la recomposición de los precios del gas en boca de pozo, a punto de ser analizada en audiencias públicas, partió de la resolución del 28/03, según la cual el promedio trepaba de US$ 2,37 el millón de BTU a US$4. Pero como los precios de inyección al sistema son distintos según el destino final del producto, en el caso del gas domiciliario la nueva tabla de valores fijada por resolución a partir de que el insumo pasó de US$ 0,27 a 2,67 el MBTU dio como resultado aritmético una suba del 248% en la tarifa. Uno de los puntos que los que están políticamente en contra del tarifazo llevarán a las audiencias es que comparativamente con lo que cuesta el gas mayorista en Estados Unidos luego del auge de la explotación no convencional, que es poco más de US$ 2, y con el que Argentina importa de Bolivia (US$ 3,56). El argumento oficial es que los US$ 4 constituyen un costo de oportunidad, al encontrarse por debajo del GLP importado (US$ 6,65) o del gasoil que debe utilizarse para la generación térmica porque no hay gas suficiente ni en el país ni capacidad en las plantas regasificadoras para importar más (US$ 11,20). El otro paralelo que establecen en el gobierno es que con los últimos incrementos, hoy en tela de juicio, el fluido aún resulta un 82% más barato que en otros países de la región, argumento que es discutible por las distintas paridades cambiarias y su repercusión en los precios internos en cada uno. Pero visto desde la perspectiva de las productoras de gas, en general, los mayores precios en el ingreso al sistema implicarán una mejora importante en moneda dura, la que cabe conciliar con la incidencia entre la devaluación y los costos internos al traducirla a la operatoria local. En lo particular, había compañías como YPF, Total y PAE que iban a recibir menos que otras una vez aplicado en abril el aumentazo sin anestesia, en suspenso por haberse judicializado, al haberse acogido al Plan Gas lanzado por el kirchnerismo, de US$ 7,5 la unidad calórica mayorista que les pagaba CAMMESA por el fluido incremental a su producción, e inclusive ya están amortizando inversiones decididas y ejecutadas sobre la base de un precio menor. Y las otras, que seguían con sus antiguas explotaciones y los viejos precios, aguardaban los nuevos valores para hacer las inversiones. Por ejemplo, una transportadora, que iba a incrementar 200% en pesos, atado a un plan de inversiones y a la obligación de no repartir dividendos, quedó en suspenso sobre cómo seguir hasta que el gobierno resuelva qué hará después de cumplir con la obligación legal de las audiencias. Traduciendo todo esto a las facturas, el insumo dolarizado representa alrededor del 70% del precio final y a esa evolución quedarán atados los próximos cálculos para el 26% de las facturas. La tarifa social quedará excluida de esos vaivenes, ya que a los beneficiarios se los exime de afrontar el precio del gas propiamente dicho y sólo se les carga el costo del transporte y distribución, o sea, quedan vinculados al 30% restante. La salvedad sería que con un mercado libre el precio mayorista se alinearía con el valor más alto, en parte porque no hay contratos a largo plazo. Costo fiscal Ante una pregunta del bloque del Frente Renovador de Sergio Massa respecto de la solución que prevé el Gobierno por la crisis energética, la Jefatura de Gabinete respondió que "en principio es importante aclarar que, ante el fallo de la Corte, el Gobierno estimó el costo fiscal en más de $30.000 millones al tener que cubrir la diferencia entre el costo real de la energía y lo que los consumidores pagan por ella". Así consta en el informe de gestión que jefatura de Gabinete remitió a los diputados nacionales, previo a la exposición el miércoles pasado de Marcos Peña en el recinto. El Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano estimó que el costo fiscal del fallo de la Corte es de US$ 1.323 millones (unos $ 20.000 millones). Precisa que el costo derivado de no aplicar los cuadros tarifarios tal cual fueran concebidos para los usuarios residenciales resulta de US$ 716 millones. En adición, el sobrecosto que debería afrontar CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) por el pago de gas a usinas a precios de abril sería de US$ 607 millones, según datos aportados por Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano.

domingo, 28 de agosto de 2016

MACRI INMOBILIARIO

MACRI VENDE TIERRAS PÚBLICAS ILEGALMENTE SIN AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO A través del Decreto N° 952/2016, de fecha 19 de agosto de 2016, el Presidente Mauricio Macri autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a enajenar inmuebles del Estado Nacional sin aprobación del Congreso Nacional y recurriendo a un Decreto-Ley de la dictadura. De los 17 inmuebles cuya venta se autoriza, 13 se encuentran ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. La superficie total de terreno a vender es aproximadamente de 18.480 m2. Aquí Mapa con la ubicación de los inmuebles ¿Está facultado el Poder Ejecutivo a vender inmuebles estatales? La Constitución de la Nación establece que la disposición del uso y la enajenación de tierras de propiedad del Estado Nacional es competencia del Congreso (art. 75 inciso 5). Por lo tanto, el Presidente ni la AABE podría vender tierras sin la autorización del Congreso. Esto no fue estipulado en el Decreto N° 952/2016 que avanzaría sin dar intervención al Congreso. Por lo tanto, estas ventas serían inconstitucionales. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza el presidente para vender tierras del Estado Nacional sin autorización del Congreso? El Decreto N° 952/16 se sustenta en la Ley N° 22.423. Esta ley es en realidad es un Decreto-Ley dictado en la época de la dictadura firmado por Videla y por José A. Martínez de Hoz el 6 de marzo de 1981. ¿Que establece el Decreto Ley N° 22.423? A través de esta norma el Poder Ejecutivo se arrogó las competencias del Congreso en cuanto a la facultad de autorizar ventas de inmuebles del Estado Nacional. Soslayando que esta norma es un Decreto-Ley de la dictadura y, se considera su jerarquía legal, se puede interpretar que el Congreso delegó la competencia de autorizar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional al Poder Ejecutivo. El Decreto-Ley 22.423 aclaraba que la delegación de esta competencia se realizaba en cabeza de la Secretaría de Estado de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía. Esta norma también dispone que las ventas inmobiliarias deben realizarse mediante remate público, salvo en aquellos casos que se considere más conveniente el procedimiento de licitación pública. Además establece que podrán venderse directamente los inmuebles a los ocupantes de inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria o a la prestación de servicios públicos; y a cooperativas de vivienda, asociaciones y fundaciones. ¿El Decreto-Ley N° 22.423 respeta la Constitución Nacional? La reforma de la Constitución Nacional realizada en el año 1994 reguló la facultad de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo por parte del Congreso. El art. 76 de la CN dispone que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. El Decreto-Ley N° 22.423 no contempla un plazo ni base para el ejercicio de las competencias delegadas. No respetando el art. 76 de la CN. Por lo tanto, el Decreto-Ley N° 22.423 ha sido derogado implícitamente por la reforma de la Constitución Nacional y su aplicación resulta inconstitucional. Toda venta amparada bajo esta norma constituye una violación de la CN. ¿Qué rol cumple la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional en estas ventas? La AABE[1] es un organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros con autarquía económica financiera y con personería jurídica propia. Fue creada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.382/12[2][3][4]. Tiene como función integral intervenir en forma previa a toda medida de gestión que implique la constitución, transferencia, modificación o extinción de derechos reales o personales sobre los bienes inmuebles del Estado Nacional. Es decir, se establece que todo acto de disposición (incluye la venta) de inmuebles de propiedad del Estado Nacional, cualquiera sea su jurisdicción de origen, será centralizado por la AABE. El artículo 11 del Decreto N° 1.382 otorgó a la AABE las funciones que la Ley N° 22.423 había otorgado a la entonces Secretaría de Estado de Hacienda dependiente del ex Ministerio de Economía. Como se dijo con anterioridad, entre dichas facultades se encuentra la de disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional. Para ello requiere la autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional[5]. Conclusiones: Peligros y contexto actual Se estima que el Estado Nacional es dueño de unos 80.000 inmuebles en todo el país, entre los que existen terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios en los que la administración nacional no brinda servicio alguno. Todos estos inmuebles si el presidente universaliza el procedimiento del Decreto N° 952/2016 pueden llegar a venderse sin intervención del Congreso. Por otra parte, la AABE está autorizada a recurrir al procedimiento de venta directa, cuando concurrieran circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general que lo justifiquen. Esto da un marco de discrecionalidad muy peligroso que evita los controles de una subasta pública. La venta de estos inmuebles nacionales va en la misma dirección de las políticas de privatización y negocio con la tierra pública impulsada por el Pro desde que asumió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Desde esa época se han privatizado más de 200 ha de tierras públicas[6]. Horacio Rodríguez Larreta ha profundizado esta política anunciando más de una decena de desarrollos inmobiliarios que implican la privatización de tierras públicas. A principios de año, el Pro impulsó la creación de la Agencia de Bienes S.E. para poder vender todos los inmuebles de la Ciudad sin aprobación legislativa previa. Las críticas y movilizaciones sociales impidieron que la Agencia de Bienes S.E. tenga esta facultad. Ahora, Mauricio Macri a nivel nacional a través del Decreto N° 952/2016 está queriendo lograr lo que el Pro no pudo hacer en la Ciudad. Tener un organismo estatal con el principal objetivo de vender tierras públicas sin requerir la aprobación del Parlamento. El Congreso Nacional debería avanzar en la derogación expresa del Decreto-Ley N° 22.423 y adoptar todas las medidas para evitar la venta de tierras públicas sin su aprobación. Contacto: Observatorio del Derecho a la Ciudad: Jonatan Baldiviezo: (011) 15 3266 7008 http://observatoriociudad.org/ Contacto: (011) 15 3266-7008 observatorioderechoalaciudad@gmail.com @obs_der_ciudad www.facebook.com/ObservatorioDerechoalaCiudad

Chiste de la semana

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