POLICÍA ERA MACRI
El Estado policial en la era Macri
Por Santiago Asorey l "Los hechos se suman a una larga cadena de situaciones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos 10 meses: auge del estado policial y persecución político sindical en la era macrista".
Hasta marzo de este año, cuando el presidente Mauricio Macri cumplía 85 días de mandato, las estadísticas sobre heridos en represiones policiales de protestas sociales eran alarmantes. Según estadísticas del Área de Violencia Institucional de la Agencia Paco Urondo, en solo tres meses, más de 40 personas fueron heridas por disparos de balas de gomas o golpes con el bastón policial por parte de las fuerzas de seguridad.
Después de diez meses de gestión macrista, las personas heridas por el abuso de las fuerzas de seguridad en las protestas se cuentan en centenas. Para dar una dimensión de la multiplicación de esta violencia veamos este ejemplo: solamente en una represión, el 14 de julio en el Ingenio Ledesma de Jujuy, hubo 80 trabajadores heridos. En un solo día, hubo la misma cantidad de heridos que en los tres primeros meses. Ese mismo día apresaron a Raúl Noro, pareja de Milagro Sala. Al día de hoy, 11 dirigentes de la Tupac permanecen encarcelados. Los manifestantes que reclamaban ese día lo hacían por mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos salariales. Fueron atacados con balas de gomas, golpes y gases lacrimógenos por más de doscientos policías.
En la última semana, un efectivo de la policía provincial neuquina le disparó con una bala de plomo a un militante sindical de UPCN en una protesta en el Ministerio de Trabajo provincial en Neuquén. Apenas unas horas después, un grupo de jóvenes militantes de diferentes agrupaciones del Campo Popular eran detenidos en la Ciudad de Buenos Aires por pintar un mural con contenido político.
Las variables violentas del actuar delictual de la policía en los últimos tiempos se multiplicaron en todo el país. Se propagaron los testimonios de familiares de víctimas de gatillo fácil, militantes de base detenidos y golpeados en distintas circunstancias: realizando pintadas o en actividades en centros culturales (cuatro detenciones de grupos de militantes políticos de los últimos 10 meses), persecución y represión a referentes sindicales, pueblos originarios y dirigentes sociales. Y una nueva variable macabra: represión policial a chicos y adolescentes.
El primer caso de esta modalidad represiva ocurrió el 29 de enero. Una murga repleta de chicos y adolescentes fue baleada en el Bajo Flores con balas de goma dejando a varios heridos. Uno de los pibes baleados, Carlos Ariel de 8 años edad, casi pierde un ojo. Leyeron bien: 8 años. Un mes después, el pueblo bonaerense de Villla Sauze vería el mismo fenómeno. Agentes dispararon contra una muchedumbre donde había familias enteras. A Emma de 6 años le impactó el rebote de una bala de goma.
La tendencia de la represión infantil y juvenil esta vez llegaba localmente de la mano del ministro de Seguridad pampeano, Juan Carlos Tierno. El ministro no distinguió límites fronterizos provinciales para reprimir al entrar a la provincia de Buenos Aires, pero tampoco límites en su accionar violento. Fue denunciado por los vecinos por haber pegado él, en primera persona, con el bastón policial. Tierno quiso envalentonar a los policías y ejemplificó con su mano la represión. Un adolescente, David Muñoz, recibió tantos perdigones en su pie que quedó inmovilizado y no pudo trabajar por un largo tiempo.
El Ministro se había jactado un tiempo antes de haberle dado la idea de declarar “la emergencia nacional de seguridad” a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para habilitar situaciones discrecionales de este tipo. Tierno encontró su auge represivo porque existía Bullirch en el ministerio de Seguridad. Los dos juntos son una de las expresiones sintéticas de esta época.
Esta situación no se trataba de una mera particularidad, sino de un clima general que empezaba a expandirse por todo el país y habilitaba a las fuerzas de seguridad a reprimir sin dar respuestas al Poder Ejecutivo. El clima establecido por la política de seguridad del macrismo lograba generar ese mismo lineamiento en provincias donde las banderas políticas de la gobernación eran opositoras también. Véase sino la persecución y represión contra sindicalistas en Ushuaia en mayo de este año, donde los trabajadores acusaron a la gobernadora del PJ, Rosana Bertone, de habilitar el clima represivo, en una alianza con Macri.
Si una de las deudas de la agenda securitaria del kirchnerismo fue la imposibilidad de terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad, el macrismo profundizó esas falencias, no solo dándole más autonomía sobre “la caja de mercados ilegales” sino la posibilidad de violar todos los limites en la utilización de la fuerza sin pagar un costo político. El ejemplo más claro lo dio María Eugenia Vidal en diciembre del año pasado, cuando se refirió al caso de gatillo fácil de Lucas Cabello. Vidal no solo justificó la actuación policial sino que intentó convertir a quien había sido “víctima” en un “victimario”, reproduciendo una ridícula historia inventada en velocidad por las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, la Justicia le dio la razón a Cabello y el policía que lo baleó se encuentra preso esperando el juicio oral. Efectivamente, Lucas fue víctima del agente Ayala que le disparó frente a su hija de dos años. Una vez que lo tuvo en el suelo lo intentó rematar. Pero, gracias a Dios, Lucas pudo recuperarse y contar lo que pasó.
Había empezado el año y el Gobierno abrió una nueva época para la represión policial de la protesta social, institucionalizada en el nuevo protocolo de actuación de Bullrich. Ya existía un antecedente en la violencia contra la cual se había arremetido a los trabajadores de Cresta Roja en diciembre. Fue solo abrir la puerta para que la nueva ola de violencia llegara. Unas semanas después los manteros de la ciudad de Buenos Aires serían reprimidos y desalojados. Para ellos el macrismo no significó solo el golpe recesivo a la economía popular, sino también la persecución policial.
La violencia de las fuerzas de seguridad contra militantes sindicales con el gobierno de Mauricio Macri tuvo distintos momentos. Uno de los primeros actores en sufrirlo fueron los bancarios en una represión ocurrida a metros del Congreso. Era marzo y el presidente de la Nación en su discurso de apertura de las sesiones extraordinarias hablaba de “unir a los argentinos". Mientras Macri se regodeaba en esperanza, afuera en la calle, los trabajadores bancarios eran golpeados con palos por la policía.
Después sería el turno de los estatales de La Plata. Las fotos de los cuerpos agujereados por la balas de goma eran imposibles de invisibilizar. Las imágenes de los vecinos del barrio Mitre de CABA tuvieron menos difusión, pero los disparos de balas de goma hicieron el mismo daño.
La violencia policial se profundizó: en agosto fueron desalojados con disparos de goma los trabajadores desocupados en la autopista Buenos Aires-La Plata. Por esos días, también fueron arremetidos violentamente jubilados en el Puente Pueyrredón. La visita del Presidente a la ciudad de Mar de Plata se volvió un escándalo. La policía volvió a disparar contra la gente que protestaba contra Macri. Hubo heridos por disparos de balas de goma; los testimonios afirman que disparaban contra una muchedumbre donde había mujeres con bebés.
Los pueblos originarios tampoco tuvieron una suerte distinta, el viernes 27 de mayo por la mañana, en las inmediaciones de Esquel. Un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad arremetieron contra una comunidad mapuche en Vuelta de Río, en la provincia de Chubut. El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios denunció que los agentes policiales reprimieron a “hombres, mujeres y niños” con gases lacrimógenos y bastones policiales.
En mayo la violencia llegó hasta Tierra de Fuego. “Parecería que quieren imitar lo que vivimos durante el terrorismo de Estado", afirmó la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. Se refería a los dirigentes gremiales en Ushuaia detenidos durante dos días por resistencia a la autoridad. La policía amenazó y allanó a las familias de los gremialistas. Los militantes sindicales fueron expuestos a condiciones extremas de baja temperatura como una forma de tortura. En las palabras de José Gómez, el Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma: “Fuimos cinco los chupados. Y lo digo claramente: chupados. Aunque esta terminología sea dura para usarla hoy en día en un gobierno de democracia.”
Esa contradicción planteada por el dirigente sindical puede entenderse a partir de un texto extraordinario de Ernesto Laclau sobre la obra de Abelardo Ramos. Laclau destaca que la tradición liberal (oligárquica) del siglo pasado en la Argentina no se unió nunca a una tradición democrática. Parte de la invención del macrismo en la actualidad, sin duda, fue saldar por la vía electoral la posibilidad de esa síntesis que el liberalismo siempre rechazó. E intentar construir una unión liberal-democrática. El problema es la tradición anti democrática que lo funda. Que aun más allá de haber llegado “con los votos en la urnas” al gobierno, sigue desmereciendo el linaje democrático. La prueba más contundente de esto es su programa económico político. Pero también la forma en que se programa se sostiene. Es decir: la represión policial sobre las clases populares.
Presos políticos de la Revolución de la Alegría
Milagro Sala se encuentra encarcelada hace más de ocho meses, fue detenida el 16 de enero. El mismo Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Miguel Palazzani, denunció el proceso judicial sufrido por la dirigente social: “Milagro Sala se encuentra secuestrada.” Que Milagro se encuentre detenida es el resultado de una reconfiguración compacta del poder judicial, político y policial en Jujuy con el aval de Buenos Aires. La alineación de todas sus partes para desatar una maquinaria persecutoria que profundiza a niveles inauditos la violencia institucional para convertirla en persecución política.
No solo por la vulneración de sus fueros como diputada de Parlasur y la ausencia de razones jurídicas y fácticas para que no se apliquen sus fueros. Sino por la anulación del debido proceso y las garantías constitucionales, que para ella no parecieran correr. Tampoco parecieran correr para el dirigente barrial Alejandro “el Pitu” Salvatierra” quien también conoció la persecución política y policial en estos meses. El Poder Judicial aprovechó la tenencia para consumo personal de 9 gramos de marihuana y 3 gramos de cocaína para apresarlo durante más de un mes.
El auge del gatillo fácil y los muertos en la comisaria
Los hechos de violencia policial sobre manifestantes se enmarcan también en la creciente militarización y saturación policial de los barrios populares. En ese contexto, en el lapso de unos meses, fueron fusilados por el gatillo fácil de agentes policiales o asesinados a golpes en comisarías: Cristian Orellana (18) en el Bajo Flores (CABA), Brian Darío Romero (25) en Soldati (CABA), Diego Rivadero (33) en la Isla Maciel Avellaneda, Víctor González (37) en San Martín, Héctor Santiago Garialdi (38) en La Pampa, Víctor Emanuel González (17) en La Plata, Lionel Zacarias (20) en Berazategui, Roberto Ávalos (27) en Mar del Plata, Gustavo Germán Geréz Bravo (28) en Santa Cruz, Sebastián Daniel Briozzi (20) en Entre Ríos. Son solo algunas de las personas, faltan muchos nombres. Acá tampoco están los pibes muertos en zonas liberadas. La lista sigue, muchas víctimas fatales de la violencia policial nunca salen a la luz, terminan siendo encubiertos por la complicidad policial y judicial. Ahora también amparada por el poder político del macrismo.
Pasa todo el tiempo en los barrios, en todo el país. Pero nunca aparece en los medios. Muchas veces no llegamos a conocer a esos pibes. Algunos de los abogados y operadores judiciales que luchan contra la violencia institucional denunciaron en el último tiempo la complicidad del Poder Judicial para que no se investiguen algunas de estas causas mencionadas. Hay varios jueces acusados de obstruir querellas, o juzgados que no investigan, fiscales que investigan “los hurtos o robos” pero no las causas por la cual esos pibes murieron. Ya no hay un poder político que genere políticas para que esto no ocurra. Es el resultado de un clima de época. Se acabó el control político sobre las fuerzas de seguridad. Lo que existe es el Estado de excepción.
La violencia institucional no es un invento macrista. Tampoco de nuestra gestión (eso no exime nuestras responsabilidades). Podría ser como alguna vez definió el Ministerio de Educación una de las deudas pendientes de la democracia. Tal vez sea mucho más que eso y sea el resultado de una lucha más amplia que nuestro pueblo da hace cientos de años. No lo sé. Lo que sí sé, la realidad irrefutable, es que la llegada del macrismo al gobierno tuvo un correlato represivo hacia los sectores populares. Y que esa violencia institucional fue profundizada en todas sus líneas y expresiones. Inclusive en la “tercerización” de la violencia a bandas cómplices de las fuerzas de seguridad. Que eso nos costó la vida de una compañera muerta en una zona liberada. Sí, nos costó la muerte de Miriam Villa. Que ante esa muerte vacía de justicia la abstracción de la palabra “institucional” no dice nada.
