CONFESIÓN
Si soy un depravado, que me perdone Dios.
Silvio Pedro Pizarro
martes, 24 de julio de 2018
lunes, 23 de julio de 2018
Habla la experiencia: AGUSTÍN ROSSI, EL CANALLA
Habla la experiencia: AGUSTÍN ROSSI, EL CANALLA: LOS ARCHIVOS NO MIENTEN - 2013 Silvio Pedro Pizarro 23 de julio de 2013 a las 14:49 · El entonces diputado, jefe de la bancada o...
CONGRESO Y FMI
¿Por qué al acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso?
Por Jonatan Baldiviezo
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El acuerdo con el FMI no es sólo una operación de crédito público (toma de deuda), también es una pérdida de soberanía política y económica por las condiciones anexas a las que sujeta el FMI la entrega de los $50 mil millones de dólares. Los programas de asistencia financiera van acompañados de programas de “reformas”. Este es el mecanismo por el cual el FMI y otras instituciones supranacionales ejerce cierto poder de policía indirecto sobre los Estados.
Como lo expresa, Rubén Lo Vuolo, el Estado de Bienestar nuevamente se esfuma en favor del avance de una suerte de Debtfare State donde el endeudamiento se vuelve una forma de control y disciplina de los Estados y la ciudadanía en general.
A diciembre de 2015, la deuda pública era de 241 mil millones de dólares. A diciembre de 2017 asciende a 334.700 millones de dólares. Este año con lo que prestará el FMI la deuda alcanzará los 400 mil millones de dólares.
Este contexto y cifras es para mostrar que la decisión de solicitar un préstamo al FMI no puede ser una decisión adoptada por una sola persona, el Presidente Mauricio Macri. Tiene consecuencias relevantes para todo el pueblo argentino. De mínima, institucional y democráticamente el acuerdo con el FMI debe ser discutido en el Congreso Nacional.
1. El art. 75, inciso 4 y 7, de la Constitución Nacional establece que: “Corresponde al Congreso (…) 4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación (…) 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
2. El Poder Ejecutivo sostiene que está habilitado por el último párrafo del art. 60 la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional que establece: “Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica (…) Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”.
Esta norma está caduca porque la Reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 estipuló en su Cláusula Transitoria Octava dispuso que: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
La última Ley que prorrogó la legislación delegada preexistente fue la Ley N° 26.519 (a partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un (1) año). Cabe destacar que Ley N° 24156 de Administración Financiera fue aprobada en el año 1992. Por lo tanto, las normas que ella contiene de carácter delegativo caducaron en el año 2010.
3. Esta es la misma situación que denunciamos con la venta de tierras públicas nacionales sin aprobación del Congreso. Allí el Presidente Macri emplea el Decreto-Ley N° 22.423 que también perdió vigencia en el año 2010.
El FMI exige que el Estado Nacional continúe con su Plan Sistemático de Venta de Tierras Públicas Nacional con el objeto de disminuir el Déficit Fiscal. Acuerdo con el FMI más venta de tierras, situaciones estrechamente unidas ambas sin ser discutidas ni aprobadas por el Congreso.
4. El Digesto Jurídico Argentino que podría haber dado nuevamente vigencia a dicha norma delegada del art. 60 de la Ley N° 24156 de Administración Financiera no se encuentra vigente.
5. El último párrafo del artículo 60 de la Ley N° 24.156 aun considerando que tiene vigencia, viola en forma flagrante el art. 76 de la Constitución Nacional porque no se ha fijado un plazo para su ejercicio ni tampoco se han establecido las bases de la delegación por parte del Congreso.
6. La Ley N° 27.431 aprobó el presupuesto nacional para el año 2018. Allí se autorizó al Poder Ejecutivo tomar deuda pero ninguna de ellas corresponde a los montos, al tipo de deuda ni a los plazos de amortización que corresponden al acuerdo con el FMI.
7. El inciso 22 de art. 75 de la Constitución Nacional dispone que corresponde al Congreso 2(a)probar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”.
El acuerdo con el FMI no se trata únicamente de un acuerdo sobre toma de deuda sino que se establecen distintas condicionalidades esenciales en las políticas internas del país. No es un mero empréstito sino un acuerdo con mucho complejidad y relevancia institucional, política y económica para la Argentina.
Por estos motivos, El acuerdo con el FMI debe ser discutido en el seno del Congreso Nacional. De continuar con la ejecución de este acuerdo, el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios estarían cometiendo delitos graves
LAS TRUCHAS
Por la economía en negro, el Estado deja de recaudar US$ 50.000 millones al año
Escrito por TN
Los ingresos que pierde la Argentina podrían financiar aumentos jubilatorios, 28.000 kilómetros de rutas y 1.000 hospitales. El informe de PPT.
La economía en negro supera el 30% del tamaño total del Producto Bruto Interno argentino. Y por el altísimo nivel de evasión de impuestos y de actividad informal, el Estado deja de recaudar unos 50.000 millones de dólares, el monto exacto que el Gobierno tuvo que solicitar como asistencia financiera ante el FMI, que podrían permitir pagar 18.000 pesos más a cada jubilado, construir 1.000 hospitales o 28.000 kilómetros de rutas.
Un informe de Periodismo para Todos reveló que el monto total de la economía informal argentina alcanza los 150.000 millones de dólares, cerca de un tercio del PBI total, una cifra estimada que incluso podría ser mayor. Ese nivel de evasión priva a la AFIP de obtener ingresos de impuestos por 50.000 millones de dólares al año.
De acuerdo a PPT, esa recaudación potencial podría permitirle al Estado pagarle 18.000 pesos más a cada jubilado, pavimentar 28.000 kilómetros de rutas y construir 1.000 hospitales. Además, actualmente la cantidad de trabajadores informales llega a los 4,6 millones. Esta cifra no cuenta aquellos empleados "en gris", que trabajan en condición de autónomos, pero disfrazando una relación de dependencia o que cobran parte de su sueldo en negro.
La Argentina tiene una larga historia de iniciativas de blanqueo para estimular a que personas y empresas ingresen sus activos en el mercado formal para comenzar a tributar impuestos. El último sinceramiento fiscal lanzado por el Gobierno en 2016 tuvo el resultado más alto del mundo, con casi 120.000 millones de dólares.
Hay tres sectores que concentran el 65% de la economía en negro: construcción, comercio e inmobiliarias. Para el caso del comercio, el monto de la economía informal asciende a $70.000 millones. Equivale a la existencia de unas 1.000 saladitas en todo el país y de 90.000 vendedores ilegales.
Otro sector que registra una alta participación de economía en negro es el campo. Se calcula que la industria de la carne maneja unos 60.000 millones de pesos en el mercado informal, mientras que la soja lo hace por otros $8.500 millones.
La evasión impositiva también tiene lugar en los sectores más acaudalados de la sociedad. El 50% de los countries de la provincia de Buenos Aires tributan como si fueran un baldío. Y unas 35.000 embarcaciones no están declaradas ante el fisco.
Las facturas truchas es otra industria que la AFIP trata de combatir. Se estima que mueven unos 25.000 millones de pesos. El sistema incluye CUITs creados especialmente para emitir en corto tiempo facturas truchas por millones de pesos, comprados por otras empresas para evitar el pago de IVA e Impuesto a las Ganancias.
LA DEUDA
Por la devaluación, la deuda pública saltó
del 57% al 80% del PBI
Por Alexis Montefiore - 23/07/2018
La deuda pública bruta alcanzó a US$ 330.000 millones y tras la devaluación pasó de representar el 57% al 80% del PBI, con lo que una “liviana herencia” se transformó en una “pesada carga” de acuerdo con el último informe dado a conocer por Ecolatina.
“Dos años después de la reapertura al financiamiento internacional (acuerdo con los holdouts), Argentina sufrió una inesperada salida de capitales que desató una crisis cambiaria y elevó peligrosamente el ratio Deuda Pública/Producto”, indicó la consultora, que estimó que, a fines de junio, con una parida de $ 28,86 por dólar, “el stock de Deuda Pública bruta rozó los US$ 330.000 millones aumentando levemente respecto del cierre de 2017″.
Según destaca Agencia NP, el salto cambiario del 54% entre fines de 2017 y junio de este año elevó el ratio en términos del Producto de 57% a 80%, añadió, aunque remarcó que en el caso de la deuda pública relevante (con acreedores privados y organismos financieros internacionales) se habría llegado a los US$ 187.000 millones a fines del mes pasado, unos US$ 20.000 millones más que al cierre de 2017. “En términos del PBI, el ratio pasó de 30% a 45% en el primer semestre del año, llevándonos sin escalas al promedio de las economías emergentes”, señaló al respecto.
Ecolatina admitió como “posible” que el ratio deuda/producto se estabilice en el futuro, pero puntualizó que “para que ello suceda se tienen que dar simultáneamente varias condiciones: i) cumplir las metas fiscales acordadas con el FMI; ii) superar la recesión en la que ha caído la economía argentina; iii) estabilizar el tipo de cambio real en niveles actuales; y iv) reabrir el acceso al financiamiento externo privado”.
Asimismo, precisó que “los inversores sólo van a volver a comprar deuda argentina cuando terminen de digerir la fenomenal emisión de bonos de 2016-2017, observen progresos en materia económica (cumplimiento de la meta fiscal, reactivación y estabilidad cambiaria), y tengan certeza de que el próximo presidente electo tendrá un aproach market friendly (amigo de los mercados)”.
“Si el año que viene nuestro país no sale de la recesión, es probable que la economía caiga en un círculo vicioso de nuevos recortes de gastos y/o suba de impuestos para tratar de cumplir la meta fiscal, que deprimirán aún más la actividad”, finalizó.
HEROINO
Macri lucha por su reelección y pone
todo su esmero en ello
PorNicolás Sanz - 22/07/2018
Es sabido que el presidente Mauricio Macri tuvo un fuerte descenso de apoyo social, ello, tras una retahíla de decisiones que comenzaron con la reforma previsional, aprobada luego de las elecciones legislativas del 2017, los tarifazos, el préstamo peticionado al Fondo Monetario Internacional, la corrida cambiaria, y como si fuera poco, la nueva bomba que acaba de explotar referida a los aportes apócrifos en las dos últimas elecciones nacionales.
Es dable aclarar que el escándalo por los aportantes truchos no tocó solamente a Cambiemos, sino que también manoseó al Frente para la Victoria y al Frente Renovador, aunque el alboroto fue más trascendente en el caso del oficialismo de turno.
Uno de los ejemplos más particulares se encuentra vinculado directamente a la otrora jefa de Estado, Cristina Kirchner. El 22 de agosto de 2017 fallecía Norberto Campos, sin embargo, éste mismo, con idéntico DNI, el 27 de septiembre del mismo año realizó un aporte a la campaña de la actual senadora de mil pesos, es raro que los muertos voten, aunque no es la primera vez que lo hacen en la Argentina.
Volviendo al caso del oficialismo, en las últimas horas vociferó Brenda Osso, ex empleada de la empresa Murata SA –la cual presta servicios al Gobierno porteño-, y aseguró que figuraba como aportante de 95 mil pesos para las PASO, 30 mil pesos para las presidenciales de 2015 y 16.500 pesos para las legislativas del año pasado, aunque aseveró no ser un caso aislado, según ella, 11 empleados más de la misma empresa también aparecieron en la lista. Ni hablar del aporte del cuñado del presidente, a la sazón hermano de Juliana Awada, Daniel Awada, quien en 2015 declaró ganancias por 1.063.200 pesos, sin embargo, aportó 2.600.000 pesos a la campaña electoral de Macri del 2015. Por dicha razón, el Gobierno, y sobre todo el primer mandatario, se vio exhortado a tomar ciertas decisiones para aumentar su popularidad, alguna de ellas ingeniosas vale mencionar.
Una de los primeros atrevimientos fue determinado por la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien peticionó la renuncia de quien fuera la contadora general de la misma provincia, Fernanda Inza, como si toda la culpa recayera sobre su espalda, aunque, vale mencionar, ni siquiera era funcionaria en el 2015.
Obviamente Macri iba a hacer lo suyo, lo primero que se le ocurrió fue enviar al jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, a augurar sobre la candidatura presidencial de Cristina, y como siempre, existe aquel que cae de maduro, en este caso fue el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien también pertenece al Partido Justicialista.
Esta doctrina se entiende de la siguiente manera: la antagonista más imponente que posee el Gobierno permanece en absoluto silencio, por tanto, suena bastante elocuente incluir a la líder de Unidad Ciudadana en el debate sobre las próximas presidenciales para generar polarización y, de esa manera, lograr promover el apoyo hacia el oficialismo, no por mérito propio, sino que por desmérito del Kirchnerismo.
El presidente incluso inició un plan de constante contacto con la gente mediante conferencias de prensas, las cuales, según aseguran funcionarios que se concentran en su alianza, se realizarán una vez al mes con el objetivo de que se convierta en algo rutinario y evitar que sea visto como una escena de lo negativo.
Además de emplear un método desconocido dentro de la política utilizando la plataforma de Instagram, el mandamás argentino respondió hace pocos días a ciertas incógnitas enviadas por ciudadanos de a pie, una medida plausible, dicho sea de paso, y más si se la compara con el cristinismo, cuando, es dable rememorar, si todo estallaba, la entonces presidenta prefería esconderse en la Quinta de Olivos antes que salir a brindar alguna explicación mínimamente escueta.
La pregunta en este caso refiere hasta qué punto vale la pena tanto esfuerzo por parte del presidente, ya que, si bien dijo que permanecería en la presidencia el tiempo que la ciudadanía lo precise, no supo responder si le gusta ostentar dicho cargo. Sin embargo, es un tanto paradójico e incluso contradictorio su constante contacto a los disparos sociales, teniendo en cuenta que en varias ocasiones evadió ceremonias que comprenden una asaz relevancia. El acto del Día de la Bandera es el ejemplo más pujante, aunque no el único, vale resaltar su negativa a la participación de la 132º exposición de ganadería, agricultura e industria internacional de La Rural programada para el próximo sábado 28 de este corriente julio, entre otros eventos en los que figuró como ausente.
Como se puede observar, el presidente Macri pone todo su esmero en recoleccionar el aval social, aunque es un trabajo desmedidamente arduo. Al jefe de Estado le está costando sobremanera luchar contra sus propios fantasmas y reflejar la transparencia de la que tanto se jactó su Gobierno durante las elecciones y, sobre todo, se le complica demostrar la legitimidad que tanto patrocinó.
Tal como manifestó el otrora gobernador de Nueva York, Mario Cuomo:
“Se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa”.
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