CLIMA DE INSEGURIDAD

Río Negro -
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del gobierno nacional atribuyen la inseguridad ciudadana a la actitud de jueces que, según ellos, se han acostumbrado a dejar en libertad a delincuentes peligrosos. Mientras tanto, políticos opositores insisten en que es deber del Poder Ejecutivo garantizar la seguridad y acusan a los voceros gubernamentales de procurar eludir sus propias responsabilidades echando la culpa a otros. Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional coincide con la oposición: afirma que "las excarcelaciones son dispuestas o desestimadas con estricto apego a la normativa", cuya eventual modificación dependería del Congreso, defiende "la constitucional presunción de inocencia" y dice que detrás de las declaraciones oficiales está "un inocultable propósito mediático" puesto que la seguridad es "de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo".

No es la primera vez que representantes de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se hayan entrecruzado acusaciones de este tipo y no será la última. Tanto aquí como en el resto del mundo, la lucha contra la delincuencia requiere la colaboración de todos los sectores que conforman la sociedad y suele ser muy fuerte la tentación de los representantes de los directamente involucrados, los jueces, los policías y las autoridades políticas, de querer hacer pensar que no les corresponde tomar la iniciativa o, como ocurre con cierta frecuencia no sólo en nuestro país sino también en muchos otros, tratar el asunto como un invento de los medios de difusión. Según el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se ha "sobredimensionado" la situación, lo que es su modo de dar a entender que en la Argentina el crimen violento no constituye un problema tan grave como es el caso en otros países latinoamericanos, pero que debido al sensacionalismo de los medios se ha creado un clima de temor que algunos están procurando aprovechar para desprestigiar al gobierno nacional. ¿Es así? Para contestarlo, se han difundido cifras conforme a las cuales desde la restauración de la democracia la población ha crecido menos de un 40% pero la delincuencia ha aumentado un 258%. Fernández tendrá razón en cuanto a la diferencia entre las dimensiones alcanzadas por la violencia delictiva en ciudades como Caracas, Río de Janeiro y San Pablo, que se encuentran entre las más peligrosas del mundo entero, y la que se da en Buenos Aires y otros centros urbanos, pero hay temores legítimos de que, en este ámbito, la Argentina propenda a asemejarse cada vez más a países que están entre los más violentos del planeta.

Huelga decir que no ayudan los intentos del gobierno de minimizar la magnitud del problema que se ha creado; antes bien, sólo sirven para que los ciudadanos honestos se sientan desprotegidos. Tampoco ayudan los esfuerzos oficiales por convencer a la gente de que el delito es una consecuencia lógica de lacras sociales causadas por gobiernos anteriores; la idea de que para millones de jóvenes sea perfectamente natural robar o matar porque una sociedad enferma les ha dado la espalda, privándolos de otras opciones, no puede sino incidir en la conducta de las presuntas víctimas de la indiferencia así supuesta. Es una manera perversa, e insultante, de "criminalizar la pobreza", que se basa en el presupuesto de que en última instancia nadie es responsable de sus propias acciones.

De todos modos, si "la solución" para el problema muy grave planteado por la proliferación de delitos violentos consiste en negar la excarcelación a delincuentes ya condenados, será necesario construir más cárceles y expandir el servicio penitenciario, realidad ésta que reconoce la esposa de Eduardo Duhalde, la diputada Hilda González, cuando dice que, "si hay que construir cárceles y dejar de hacer caminos, hagámoslo". Sería una alternativa muy costosa que, en vista de las deficiencias notorias de las cárceles nacionales que en opinión de algunos son auténticas "universidades del crimen", podría resultar contraproducente, pero puesto que el país ha entrado en una fase en que abundan los reclamos a favor de una "mano dura" y pocos dan prioridad a la rehabilitación de los presos, no sorprendería que el gobierno actual o su sucesor la adoptaran.