A MENTIR QUE COMIENZA EL MANDATO

Primeras mentiras de Cristina, Alberto F. y Lousteau
POR NÉSTOR SCIBONA
El discurso oficial es endeble, flaco, a veces insostenible. Pero persiste e intenta instalarse como cierto. Por esto resulta importante no permitirle la impunidad y marcar sus errores y dobles discursos. La siguiente nota contribuye notablemente a ese esfuerzo:


CIUDAD DE BUENOS AIRES (La Nación). A lo largo de la campaña electoral, Cristina Kirchner y su círculo de colaboradores se ocuparon de instalar la idea de que el futuro gobierno pondrá énfasis en el fortalecimiento institucional del país. Sin embargo, varias novedades producidas últimamente ponen en duda esa promesa. A menos que se crea que la presidenta electa no participó de decisiones oficiales adoptadas en las semanas previas a su asunción, nada indica por ahora que el cambio habrá de prevalecer sobre la continuidad.

Tal vez porque las instituciones son un concepto abstracto, poco relacionado con las preocupaciones cotidianas, la cuestión parece tener sin cuidado a buena parte de la opinión pública, encandilada por el fuerte crecimiento de la economía y del consumo. Pero es difícil que un país pueda progresar y desarrollarse si la sociedad se desentiende de lo que hace o deja de hacer el Estado, del manejo discrecional de sus recursos o del cumplimiento o no de leyes o reglas de juego.

No hace falta ir más allá de lo que ocurrió en los últimos días para advertir cómo algunas falencias institucionales prometen perpetuarse:

Presupuesto: con una simple resolución del actual y futuro jefe de Gabinete, el Gobierno amplió el presupuesto 2007 en $11.000 millones. La mayor parte se destinó a convalidar mayores gastos en jubilaciones. Sin embargo, no hubo discusión legislativa sobre esos fondos. Alberto Fernández ironiza con que los economistas ortodoxos critican al Gobierno por ser demasiado cuidadoso con las proyecciones económicas de cada presupuesto. Pero al cabo de cinco años de subestimar sistemáticamente el crecimiento del PBI y de la recaudación impositiva, sólo cabe concluir que se trata de una modalidad para generar ingresos excedentes (equivalentes al 25% del presupuesto) que luego se distribuyen discrecionalmente a través de superpoderes o decretos de necesidad y urgencia. Se trata de un problema político más que económico. El mecanismo permitió que el gasto público se incremente 50% en este año electoral, muy por encima del tope que establece la ley de responsabilidad fiscal, de cuyo cumplimiento el propio Congreso se encargó de exceptuar al Poder Ejecutivo. O que una enorme masa de recursos (no menos de $ 15.000 millones) se destine a subsidios (a la energía y el transporte) otorgados con escasa transparencia. Los legisladores también tienen su cuota de responsabilidad en esta delegación de facultades y también en omisiones alarmantes: el presupuesto 2008 se aprobó casi a libro cerrado. Esto significa desentenderse de proponer rebajas de impuestos o de mejorar la eficiencia del gasto. Un ejemplo: la nueva ley educativa establece la doble escolaridad en las escuelas primarias. Pero en la mayoría de las jurisdicciones (con la provincia de Buenos Aires a la cabeza), su cumplimiento es virtualmente imposible si no se reasignan recursos, que casi nadie se anima a proponer. Otro tanto ocurre con la necesidad de que los hospitales públicos trabajen en doble turno para atender a los sectores de menores ingresos. O con la agilización de la Justicia, donde es mínima la informatización de causas. A través de los recientes decretos que aumentaron las retenciones a la exportación, el Tesoro incrementará sus ingresos en 8000 millones de pesos en 2008, pero esta cifra no es coparticipable, quedó fuera del presupuesto y nadie sabe cuál será su destino. La reforma de la coparticipación de impuestos, a su vez, fue un mandato de la Constitución de 1994 que ningún gobierno nacional se encargó de cumplir desde entonces.

Jubilaciones: el nuevo fallo de la Corte Suprema vuelve a reclamar un mecanismo de movilidad de los haberes jubilatorios. Ya lo había pedido el año pasado, pero el Gobierno respondió con dos aumentos sin establecer ninguna regla. Para el año próximo, incluso, el presupuesto no prevé ningún incremento, aunque se descuenta que lo habrá debido al previsible aumento de la recaudación. El fallo es crucial para quienes deben optar antes de fin de año por el sistema de reparto o de capitalización individual (AFJP), a través de una reforma que casi no tuvo debate parlamentario. El horizonte es mínimo para los jubilados actuales y futuros, ya que depende de decisiones del Poder Ejecutivo y de lo que ocurra con la inflación, donde el Gobierno juega a las escondidas con los índices.

Inflación: el IPC refleja apenas la mitad de una inflación real que se aceleró y este indicador ya casi no se toma como parámetro. La inflación es un impuesto sobre los más pobres, pero es cada vez más difícil medirlo. Poco a poco se está destruyendo la confiabilidad del sistema estadístico, vital para saber dónde está parado el país. El nuevo índice que prepara el Indec se perfila para incluir sólo a los precios que menos aumentan. Esta distorsión puede hacer que la inflación se realimente sobre la base de expectativas, lo mismo que las futuras discusiones salariales. También desvirtúa el CER, coeficiente al que se ajusta casi la mitad de la nueva deuda pública emitida por el Gobierno y colocada compulsivamente. Lo que teóricamente se ahorra por esta defraudación se pierde con mayores tasas de interés.

Ley de Emergencia Económica: la economía ya no está en emergencia, pero la ley se prorrogará por séptimo año consecutivo para dejarle las manos libres al Poder Ejecutivo en la renegociación de contratos del Estado y evitar embargos externos. Después de tanto tiempo hubiera sido más lógico remover las causas que extender la ley y ahuyentar inversiones de riesgo.

Petróleo: hace más de 10 años que la Argentina no cuenta con una ley de hidrocarburos. La apelación a invertir en exploración choca con una política impositiva errática (retenciones), a través de la cual el Estado se queda con más de la mitad del precio internacional, parte del cual se destina a subsidiar compras externas de energía de alto costo.

Política laboral: el deplorable ofrecimiento de coimas en Diputados dejó en segundo plano que la supresión de los tickets elevará el costo laboral de las empresas (20% en el sector comercial) sin mejorar demasiado el salario y que, tarde o temprano, el efecto se trasladará a los precios. Unicamente mejoran sus ingresos sindicatos y obras sociales. La ausencia de debate sobre costos laborales elude una de las principales causas de exclusión social: la persistencia de un 40% de empleo en negro, que se concentra en sus tres cuartas partes en pequeñas empresas de 5 a 8 empleados.

Toda esta arquitectura hace vaciar de contenido muchos discursos y promesas de fortalecimiento institucional. Lo mismo ocurre con la ausencia de decisiones políticas para aplicar leyes que ya existen y que permitirían mejorar la seguridad pública y vial, los contenidos de la educación, el cumplimiento de normas elementales de convivencia o la resolución de conflictos que suelen perjudicar a las mayorías en beneficio de pequeñas minorías. Si lo que viene es el cambio, será mejor comenzar a hablar de instituciones, no en sentido abstracto sino por lo que significan como desafío para construir un futuro previsible.



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