LOS JUICIOS KONTRA K

LOS JUICIOS CONTRA

NÉSTOR KIRCHNER



Media docena de denuncias judiciales involucran en forma directa a Néstor Carlos Kirchner en violaciones, de diversa índole y calidad, de normas jurídicas que en todos los casos, remiten a sanciones penales.



Asimismo existirían no menos de un docena de causas en las cuales el mismo podría ser citado como testigo, deponente ordinario pero que, en no menos de la mitad de los casos, podrían convertirlo en un acusado más de dichos procesos.
La denuncia penal formulada la semana pasada por la doctora Elisa Carrió contra Kirchner, es uno de los modelos de las situaciones judiciales que debe enfrentar el marido de la presidenta, la cual, a su turno, ha sido exceptuada en muchas de las presentaciones, a los "efectos institucionales pertinentes y no confundir la estabilidad con la culpa", según lo definió un constitucionalista de elevado rango académico, que atiende el asesoramiento de varias de las denuncias, "pero no por que, eventualmente y una vez cumplido su mandato, no se encuentre incursa en la comisión de similares delitos".

Esta advertencia implica que se ha tenido el cuidado de no caer en la confusión que permita suponer que el eventual procesamiento, derivado de tales denuncias, implica un intento "golpista", como ya, desde fuentes kirchnerista, se intenta motejar la iniciación de estos recursos legales.



De hecho, el panorama judicial que enfrenta el presidente Kirchner no resulta lejano ni diferente de lo que se ha venido sospechando desde que estallaron dos temas centrales de su gestión: el de los dólares santacruceños girados al exterior y que todavía no han dado señales de vida financiera para la provincia y, ni siquiera, por lo que se sabe, identificación del lugar donde se encuentran o a nombre de quién: y el caso Skanska, que viene demorándose de manera harto sospechosa para quienes siguen de cerca los procesos judiciales.



Es evidente que la pareja presidencial no ignora los riesgos derivados de este panorama ni ha tenido hasta ahora la posibilidad de construir atajos sustentables ni eficientes como para llevar adelante la expectativa de eludir esos efectos judiciales.



No, al menos, mediante procedimientos normales y legales, institucionalmente legítimos.



Por que las volteretas elaboradas para tratar de eludir los efectos de este panorama - como bien lo conocen los suscriptores de Informe (2008) Argentina con Lupa por que así se han explicado (sin embargo inexplicables) algunas de las actitudes y pasos políticos de la pareja presidencia en fecha reciente - ponen en evidencia que no solo los inquieta y perturba, sino que no atinan con el sendero adecuado que los saque del atolladero.



No hay dudas entre quienes conocen la trama intima de los episodios, que la presunta candidatura de Néstor Carlos Kirchner como diputado primero y como senador después, obedeció a un equívoco que suponía que la impunidad judicial de los legisladores corría a partir de la candidatura y olvidando que para ello es indispensable la convocatoria oficial a comicios, que suele ser no más temprano de 60 días antes de la fecha que se fije para el comicio.



Esta idea pareció fulgurante para los destellos imaginativos de los estrategas oficiales ya que, por sugerencia del propio presidente Kirchner, se pudo combinar y centrar en la idea de una candidatura a senador a fin de echar pie firme no solo en ese alto cuerpo sino, más estrictamente, en el mecanismo que asegura la sucesión presidencial, permitiendo - si hubiera sido candidato y si hubiera podido ganar el escaño, manteniendo la mayoría relativa que hoy tiene en ese alto cuerpo - despojarse del lastre que supone la presencia del vicepresidente Julio César Cleto Cobos y promoviéndose Kirchner al grado y jerarquia de vicepresidente primero del

Senado, asegurándose la sucesión de su propia esposa dentro del corto lapso de un año y dos meses, a fin de suplir la inopia para el cargo de la ex primera Dama, ineptitud que ya denunciara, en su momento, el ex presidente y ex gobernador bonaerense Eduardo Alberto Duhalde.



Esta manera de matar dos pájaros de un tiro - asegurarse la impunidad inmediata en su calidad de candidato y tener acceso a la presidencia sin mediar un intervalo de cuatro años como manda la Constitución, obviado el escaso recurso de mantener a su mujer en la presidencia - pareció algo idílico… hasta que el globo se pinchó y sobrevino el sinceramiento legal conforme con el cual la impunidad habria de correr tan solo desde dos meses antes de finales de Octubre de 2009, cuando se realicen los comicios.



Casi automáticamente, remitido a las últimas defensas y alrededor de entre 48 y 72 horas después de reconocer que su candidatura, además, era técnicamente inviable por el rechazo generalizado que había alcanzado aún entre las propias files del kirchnerismo, surgió la inesperada y extrema decisión de paralizar todas las acciones judiciales posibles, desde su inicio y en el punto en el que descansen en manos de jueces poco fiables.



Por ello, advertidos de que se había planteado una ligera pero significativa interferencia en la gestión del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, cuestionado como en muchos otros casos para impedirle que avanzara en la determinación de los casos de corrupción de los funcionarios (para el caso, kirchneristas) y que, a su turno, éste, una vez más, reclamaba la convalidación de su ejercicio al jefe de los fiscales, doctor Esteban Righi - nada menos que el ex ministro de Interior del camporismo y hombre que manipuló el 25 de Mayo de 1973 cuando salieron, amnistiados (y aún antes de dictarse la ley de amnistía), en libertad, todos los setentistas condenados y procesados por la justicia federal, restituyendo a la vida combativa los mejores 600 cuadros paramilitares que se habían formado en los años y meses precedentes -, se dispuso cortar diagonalmente los obstáculos y, a través de éste, desahuciar a la fiscalía poniéndole limites intensos a la gestión de su titular, doctor Manuel Garrido.