MAÑAS VIEJAS

AÑO NUEVO, MAÑAS VIEJAS

Por el Dr. Jorge R. Enríquez

En su mensaje de fin de año, la presidenta formuló algunas apreciaciones que, en boca de otra persona, se tomarían como humoradas.

Dijo, aparentemente sin ironía, que nunca la Argentina había tenido una mejor posición internacional en su historia. Y ponderó la institucionalidad de que goza nuestro país.

Casi simultáneamente a esta última afirmación, dictó dos decretos de necesidad y urgencia. Por medio del que lleva el número 2053 dispuso prorrogar el presupuesto del 2010 para el nuevo año, ante la falta de una ley del Congreso, a cuya orfandad contribuyó cuando, al enviar el proyecto normativo, caprichosamente ordenó a sus sumisos legisladores a no acordar con la oposición ni la más mínima modificación, cual si se tratara de un contrato de adhesión.

Los partidos opositores proponían hacerle algunos cambios para sincerarlo; por ejemplo, corregir la absurda estimación inflacionaria de un 7% anual. Pero desde Olivos llegó la orden al oficialismo de no ceder "ni una coma", lo que revela por sí solo qué extraño concepto de la institucionalidad tiene la primera mandataria.

Luego sucedieron los hechos de aquella tenebrosa noche en la cual en el Congreso fracasó la tentativa de prodigar generosas ofertas para cooptar voluntades, tal como fuera denunciado en su momento por algunos diputados opositores.

Por lo tanto, no hubo presupuesto. Para el gobierno, no fue problema alguno. Como se ha visto, tiene herramientas para disponer de los fondos públicos a su gusto. En la práctica, terminó con el presupuesto que quería. Podía haber dicho, como Menem, cuando enviaba un proyecto de ley: si no me lo aprueban, lo saco por decreto.

Así, por medio del decreto 2054 dio rienda sujeta a su capricho de sancionar el presupuesto que el Congreso no le aprobó y con esa norma fue aún más lejos: incrementó las partidas de gastos para usar a a su antojo justamente en un año de elecciones presidenciales, donde se perfila su intento de perpetuarse en el poder.

De tal modo, mientras que el monto del presupuesto 2010 fue de $335.122,8 millones y el enviado al Parlamento ascendía a $372.911,9 millones, el sancionado por Cristina Fernández a su antojo, ubica la cifra final en $395.000 millones. O sea, que tiene ahora la posibilidad de disponer graciosamente de $60.000 millones más que en 2010. Nada nuevo para un gobierno que en los 3 años que lleva gastó más de $136,000 millones por fuera del Presupuesto.

Pero hay más: con la vieja estrategia de subestimar los recursos, se pueden ampliar los gastos en función de los excedentes de aquellos, quedando facultado el Jefe de Gabinete a realizar todos los ajustes que estime necesarios. Como se prevé una recaudación mayor a la prevista en aproximadamente $90.000 millones, adicionada a los $60.000 millones señalados, concluímos en que la presidenta dispone, sin control parlamentario, del manejo de $ 150.000 en un año tapizado de contiendas electorales.

Completa este oscuro festival de dispendio de gastos, la ampliación en u$s 7500 millones del Fondo de desendeudamiento creado con reservas del Banco Central para saldar acreencias de tenedores privados, la autorización al ministro Julio De Vido para endeudarse por u$s 7600 millones para comprar trenes chinos y financiar dos cuestionadas centrales hidroeléctricas en Santa Cruz y, por último, para manejar discrecionalmente avales por u$s 18.000 millones.

La norma aprobada contempla, asimismo, una falaz inflación anual del 8,9 % cuando el más optimista de los cálculos serios la posiciona en un 25 %, como mínimo que, seguramente se verá alentada para escalar rangos superiores, por el uso indebido de reservas del Banco Central, tal como ocurrió en el ejercicio que acaba de concluir y que motivara la airada protesta de la oposición que llevó en el pasado verano a que la cuestión se ventilara en los estrados judiciales.

Esa actitud de los líderes adversos al gobierno ha mutado en la hora actual por una sorprendente mesura, sólo matizada por aisladas voces que, desde ese arco, se han alzado contra este nuevo avasallamiento de las instituciones de la República y, en particular, del Poder Legislativo .

Como es sabido, la atribución del Parlamento de sancionar el presupuesto es, en los últimos años, una ficción. El Congreso aprueba una norma (que es la que le envía el Poder Ejecutivo), pero la ley de administración financiera -según la reforma kirchnerista de 2006- faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas a su solo criterio. Por lo tanto, el Congreso está doblemente "pintado": primero, porque sólo refrenda el proyecto del Ejecutivo; segundo, porque ni siquiera la ley que sanciona tiene valor alguno, ya que el mencionado funcionario la puede modificar cuando se le dé la gana.

Además, como mencionaramos anteriormente, el presupuesto sancionado es deliberadamente mentiroso, porque se subestima la estimación de ingresos fiscales para que luego los sobrantes sean asignados mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin intervención legislativa.

Probablemente, para el gran público, estas sean abstracciones que no influyen en su vida cotidiana. Pero al cercenarle al Congreso una de sus más importantes atribuciones, nuestra democracia se debilita. A la larga, se deteriora la confianza en las instituciones y se mete a todos en la misma bolsa. Esto es un "bocatto di cardenale" para los gobiernos autoritarios, siempre empeñados en hacer ver a los demás poderes como obstruccionistas, que sólo quieren poner "palos en la rueda" de quien encarna la voluntad popular, que conforme a esta concepción primitiva es nada más que el presidente.

Ese manejo discrecional de los recursos les ha permitido a las administraciones kirchneristas disciplinar gobernadores, intendentes y legisladores, de un modo tan impúdico que hasta parecen jactarse de esa malversación de la representación política.