SENSACIONAL SENSACIÓN

Sensacional sensación de seguridad
Por JORGE A. HERNÁNDEZ *

Parece que la seguridad es una sensación que no concuerda con la realidad que viven a diario los ciudadanos. Si se analiza la cuantiosa dotación de personal y organismos estatales y privados destinados a la protección de las personas y sus bienes, se podría concluir que no debería haber lugar alguno para el más mínimo temor, puesto que estaríamos transitando por un período sensacional - parodiando a un jocoso alto funcionario público - de sensación de seguridad.

En el espacio territorial de la ciudad de Buenos Aires es donde más notoria resulta la sobreabundancia de organismos vinculados a la seguridad pública que desarrollan actividades policiales, judiciales, investigación, de inteligencia, de protección y custodias privadas, etc.

Hay policías de todo tipo: Federal, Metropolitana, Seguridad Aeronáutica, Militar, Prefectura, Gendarmería, de seguridad vial y además está el Servicio Penitenciario Federal. También es numerosa y variada la cantidad de organismos y estructuras nacionales e internacionales dedicadas a tareas de inteligencia preventiva de las actividades ilegales como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), de Inteligencia Militar, la DEA, la CIA y seguramente otras tantas que trabajan entre bambalinas al margen o en el mismo umbral de la ley.

En el ámbito judicial se destacan la superpoblación de fiscales federales, nacionales y locales que, lamentablemente, en su mayoría carecen de conocimientos prácticos sobre metodologías y sistemas de investigación, dedicando su mayor esfuerzo a la tranquila burocracia legal de abultar los expedientes y sumarios de escritorios para luego archivar las causas sin resultado alguno.

En igual medida se superponen las actividades de los jueces federales, nacionales y locales a los cuales ni las propias autoridades de los demás poderes del Estado parecerían prestarle últimamente mucha atención, ni poner buena voluntad en acatar sus resoluciones o sentencias.

Dentro de este esquema de seguridad se pueden sumar las más de 300 empresas privadas de vigilancia y seguridad habilitadas por el Gobierno de esta ciudad que en conjunto disponen de una dotación de personal que fácilmente duplican al de las fuerzas de seguridad pública; las empresas que con igual vocación operan con habilitaciones de otras jurisdicciones nacionales o provinciales; los famosos guardianes de los boliches de baile - popularmente identificados como "patovicas" -; los encargados de los consorcios de propiedad horizontal y de casas de renta que dentro de sus obligaciones laborales tienen a cargo también la vigilancia de la puerta de ingreso y de los sectores comunes de los edificios; las empresas de transportes de caudales; los guardaespaldas y custodios personales de muy conocidos y/o impopulares figuras; y por último, la infinidad de empresas dedicadas al monitoreo remoto de alarmas y cámaras instaladas en la vía pública y en domicilios particulares.

Con este descomunal caudal de recursos humanos y económicos dedicados con exclusividad a brindar protección y seguridad a las personas y sus bienes, resulta natural concluir que las autoridades hayan tenido que importar delincuencia para asegurarse la continuidad laboral y presupuestaria del rubro. Es así como ahora se cuenta con la presencia de ex guerrilleros chilenos, españoles e italianos radicados y protegidos legalmente por las máximas autoridades del país, con el agregado de mafias chinas, narcotraficantes mexicanos, carteristas y arrebatadores latinoamericanos, etc.

Mientras tanto, la población en general siente una absoluta desprotección emergente de lo cotidiano, con la certeza que hasta ha perdido el más simple derecho a la propiedad menuda. Zapatillas, camperas, celulares, colgantes y todo tipo de elementos menores son imposibles de conservar ante el asalto en cualquier momento y lugar.

Resulta sorprendente escuchar a víctimas de secuestros, violaciones o asaltos violentos, dar gracias a los delincuentes por haberlos dejado con vida. Entrar o salir de una institución bancaria se transforma en una acción temeraria debido a que los delincuentes ya no atacan a los cajeros sino a los clientes, tal vez en la creencia que los bancos carecen de solvencia suficiente para ser asaltados.

Ante este panorama es razonable que proliferen como hongos los ofrecimientos de vigilancia y seguridad privada cuyo costo no es menor: cubrir las 24 horas del día en un solo puesto fijo en la entrada de cualquier edificio requiere del pago promedio de 720 horas mensuales a razón de $ 25,00 más IVA por hora/hombre, es decir un gasto significativo de no menos de $ 21.780,00 por mes.

Es necesario resaltar que en cada ocasión que se pacta un aumento de sueldos del personal de vigilancia se produce una retracción en la demanda de vigilancia de los consorcios de propietarios debido al impacto directo que dicha ampliación tiene sobre las expensas comunes. Pocos días después comienzan a difundirse por todos los medios de comunicación nuevos asaltos en edificios - últimamente con la modalidad de toma de rehenes dentro de los mismos departamentos - generando un descontrolado temor y alarma generalizada entre los copropietarios. Como consecuencia inmediata y en forma automática crece la demanda de reposición de las horas del servicio de vigilancia que habían sido reducidas por razones presupuestarias, y en muchos casos se superan los anteriores requerimientos de horas hombres dedicados a la seguridad consorcial.

Analizando medidas que aumenten la seguridad ciudadana recordamos que a mediados de los años 70 del siglo pasado se puso en funcionamiento dentro de la Policía Federal Argentina un sistema por el cual los patrulleros podían acceder a la información que necesitaban en la calle para identificar a las personas y vehículos. El sistema, denominado DIGICOM fue adquirido en EE.UU. y funcionó regularmente por un par de años hasta que el avance tecnológico y razones presupuestarias y políticas hicieron que se lo dejara de lado. Parece que ahora algunos pretenden presentar como una gran novedad la instalación de un recurso similar.

Tal vez deberían recorrer nuestra historia y verificar que hace más de 30 años ya existía una herramienta tan importante de prevención de delito en nuestro medio. Y el recuerdo de las tensas negociaciones llevadas a cabo por aquellos visionarios que tuvieron que analizar y estudiar el sistema DIGICOM para contratarlo y abrirle la posibilidad de modernización a la Policía Federal Argentina, trae a la memoria una situación muy particular. Mientras se terminaba de negociar con los EE.UU. el acuerdo por vía telefónica, se escuchó una inquietante pregunta proveniente del otro extremo de la línea:
-¿Es cierto que esta mañana falleció el presidente argentino?
Era un 30 de junio, pasado el frío mediodía de Buenos Aires. Todos quedaron sorprendidos y nadie se atrevió a responder. Al otro día, 1º de julio, se informo el fallecimiento del general Perón.

Uno de los principales oficiales de la PFA que con formidable visión estratégica impulsaba el proyecto, fue el mismo argentino que resistió y se negó a convalidar con su firma que a un cabo se lo ascendiera a comisario.

Dentro de las muchas cláusulas del asombroso Pacto de Olivos firmado ente Carlos Menem y Raúl Alfonsín, se destaca al creación del Consejo de la Magistratura, una entidad integrada por jueces (abogados), delegados del Colegio Publico de Abogados (abogados) y políticos (abogados), conformando una formidable corporación de más de lo mismo que pretende hacerle creer a la sociedad que actuará a favor del ciudadano común cada vez que deba juzgar a un par que ejerce la magistratura.

La experiencia de otros países ha demostrado que el Consejo termina siendo un órgano de la burocracia política donde mueren todos los derechos de los ciudadanos comunes. Es necesario reformular su composición estableciendo un límite del 33% para quienes posean titulo de abogado o graduación afín; otro 33% de ciudadanos comunes que ejerzan la docencia sin poseer educación universitaria vinculada a la ciencia del Derecho y el resto del 34% deberían ser elegidos por voto popular entre quienes no registren afiliación política.

De lo contrario debería derogarse el Consejo de la Magistratura y reemplazarlo por la elección y renovación del cargo de juez en todas sus instancias por medio de la votación popular cada cinco años, acompañado con la instauración definitiva del Juicio por Jurados en todos los fueros.

Las conclusiones sobre la mal llamada inseguridad podrían comenzar a abordarse desde ángulos no tenidos muy en cuenta hasta el presente por los responsables en la materia. Ellos serían:
. Debería indagarse sobre las verdaderas causas de la aparente deformación moral de los jueces que presuponen que las víctimas son victimarios sociales de los delincuentes por lo que dejan en libertad a los malhechores o no les aplican las penas que corresponden.
. Se debería capacitar a los fiscales en métodos y sistemas de investigación que no se basen únicamente en textos legales, sino en otras disciplinas y ciencias más modernas aplicadas universalmente a la investigación del delito urbano.
. Habría que recortar la discrecionalidad de los funcionarios públicos sobre los desmedidos recursos económicos presupuestarios que tienen a su disposición y que se malgastan en temas secundarios de la seguridad.
. Los políticos deberían agotar los interminables debates con diagnósticos de todo tipo sobre las causas de la inseguridad y tendrían que adoptar medidas concretas en favor de la restauración de la justicia y la seguridad ciudadana extraviada desde hace un tiempo a esta parte.
. Debe recomendarse a los grandes medios de comunicación gráficos y audio visuales que no abusen en la recreación interminable de hechos de inseguridad por el simple recurso de disponer de contenidos gratuitos a costo cero de producción.

Por supuesto que muchas de las cuestiones de fondo sobre esta materia no se podrán modificar sino se da comienzo a un verdadero proceso integrador que tienda a instaurar algunos presupuestos básicos como son:
. La definitiva instalación del Juicio por Jurados prescripto por la Constitución Nacional desde 1853.
. La elección de jueces y fiscales por el voto directo de los ciudadanos con mandato por tres a cinco años.
. La anulación del Consejo de la Magistratura.
. La imprescriptibilidad de los delitos de sangre con la anulación de las condenas condicionales y de los regímenes de salidas tempranas o temporarias para los condenados a perpetuidad.
. La supresión de la carrera de abogacía en las universidades privadas por los próximos veinte años, atento a la actual sobrematriculación en los colegios públicos de la profesión.

Cumplidos estos requisitos será posible vislumbrar un futuro donde la seguridad deje de ser una utopía y se convierta en realidad para todos los habitantes de la Nación.

* Presidente de la "Fundación Reunión de Administradores" y la revista de igual nombre.
mailto:jh@fra.org.ar