LOS MUERTOS DE KRETINA

EXCESIVOS MUERTOS EN LA GESTIÓN DE CRISTINA KIRCHNER

La provincia de Jujuy se está convirtiendo en un verdadero caos. Los asentamientos ilegales se suceden ininterrumpidamente en diferentes lugares después del primer día de violencia.
Las autoridades de la provincia están totalmente sobrepasadas por los acontecimientos. A tal punto, que han pedido colaboración a la líder piquetera Milagro Salas, vergonzoso símbolo del Estado paralelo y la distorsión de este gobierno.
En su intento de frenar el desborde social el gobernador prometió la entrega de más tierras, lo que produjo un incremente de las tomas ilegales.
Una torpeza tras otra, el gobierno corriendo desesperado detrás de los problemas en vez de preverlos con tiempo y satisfacer las necesidades de sus gobernados.
Pero además el primer día, hubo cuatro muertos y decenas de heridos.
Y la verborrágica presidente, ausente, sin pronunciar palabra como es su costumbre ante las dificultades y errores de su gobierno.
Nos debemos preguntar porque pasan estos hechos. Y también quien es el responsable de ello. Intentaremos una corta explicación.
Con los cuatro muertos por la represión por los asentamientos ilegales en Jujuy, la presidente Cristina ya lleva 14 muertos ocurridos durante su gestión gubernamental.
Cuando ocurren estos sucesos desgraciados de muertes absurdas de argentinos, lo primero es responsabilizar a las Fuerzas de Seguridad o a las Fuerzas Policiales.
Pero el tema no es tan simple y lineal. Estas Fuerzas son las ejecutoras de las órdenes emanadas del poder político. No obstante la responsabilidad mayor y primaria es del más alto poder político del gobierno.
Las dos gestiones kirchneristas tuvieron como bandera la política de “Derechos humanos” y del “Garantismo”. Ambos conceptos son loables siempre que no afecten los derechos de terceros o trasgredan otras leyes vigentes.
En su errónea aplicación los Kirchner, producto de su exagerada demagogia, inventaron el concepto de “no criminalizar ni judicializar las protestas y reclamos sociales”.
Es así que la permisividad gubernamental ante las manifestaciones por motivos o causas que se podrían haber encausado de otra manera, fue cada vez mayor y las protestas cada vez más numerosas, violentas y agresivas.
En muchas oportunidades la ciudad de Bs. As. parecía una ciudad sitiada, con todas sus salidas e ingresos cortados y numerosos piquetes y manifestaciones dentro de ella que impedían el libre tránsito y circulación.
En también en muchas ocasiones, el gobierno alentando e incentivando movimientos afines y en otras, con pasividad con lo cual pretende mantenerse ajeno a estos disturbios.
Estos movimientos generalmente encabezados por encapuchados armados con palos y otros elementos contundentes que amedrentan a pacíficos ciudadanos, recorren el mundo mostrando una imagen de una anomia y descontrol por parte de las autoridades.
En más de una oportunidad, estos manifestantes recurrieron a la violencia sobre las personas y destruyeron bienes del Estado y de particulares
La palabra “represión” (ref.1) fue demonizada y prácticamente excluida de lenguaje del gobierno por traer reminiscencias del “perverso” gobierno militar.
Y es así que los Kirchner desde el año 2003 fueron formando una “cultura”, para llamarlo de alguna forma, un hábito, costumbre o metodología que ciudadanos desconformes por algun motivo o causa, utilizaban para manifestar o peticionar ante las autoridades.
En ocasiones no más de una decena de personas, cortaban una ruta nacional para reclamar, originando un verdadero caos, malhumor y malestar de otros miles de ciudadanos que buscaban solamente transitar por esa ruta.
El Estado de una Nación se podría resumir como el conjunto de atributos que definen una instancia de organización del poder y de ejercicio de la administración pública. Uno de estos atributos propios e indelegable, entre otros, es la capacidad de externalizar su poder.
En forma muy sucinta y para resumir este concepto, podemos decir que el Estado de un país, tiene dentro del territorio en el cual ejerce su soberanía, el monopolio de la fuerza.
Algunos autores también lo denominan el monopolio de la violencia o el monopolio de los medios de coacción.
El monopolio de la fuerza solo representa el aspecto violento, la última instancia y por lo tanto su parte más importante en la consolidación del respeto por la ley que asegure un estado de convivencia pacífica.
La principal institución de un sistema republicano y democrático de gobierno es el imperio de la ley. Si se ve a la ley como pauta de convivencia de los miembros de una sociedad, puede entenderse realmente cual es su verdadera dimensión.
Al ser la ley una pauta de convivencia, cuando se la viola se está violando un derecho ajeno, lo que se traduce en un perjuicio concreto o potencial a otro ciudadano. Los derechos de un individuo terminan donde comienzan los derechos de los demás, y la libertad de avasallar los derechos ajenos no es libertad sino libertinaje.
Este monopolio de la fuerza no es una facultad graciosamente otorgada al gobernante de turno, quien puede decidir cuando, contra quienes o contra que tipo de actos violatorios de la ley la ejerce. En la antigüedad ello ocurría en el absolutismo monárquico y actualmente ocurre en las dictaduras.
En la democracia moderna la fuerza debe ser ejercida obligatoriamente por el estado, en forma razonable y dentro del marco de la ley. Al ser constatada una violación a las pautas de convivencia reflejadas en las normas de derecho positivo, el estado tiene la obligación de hacer cesar en lo posible los efectos de tal violación normativa y sancionar a los responsables.
Ello no significa que se cercene a los ciudadanos el derecho a manifestarse o peticionar mediante concentraciones ni movilizaciones. Simplemente se deberá contar con la autorización oficial correspondiente.
Y el segundo punto a tener en cuenta es que se debe acatar las indicaciones de la Fuerzas de Seguridad o Policiales. De no hacerlo ellos apelarán a la fuerza. Recordemos que ellos simplemente están cumpliendo una orden o directiva de la Justicia o del poder político.
Como conclusión final de lo expresado, es un error atribuirles los muertos a la policía o a las autoridades políticas locales. La responsabilidad primaria y mayor de la muerte de tantos argentinos es indudablemente de los Kirchner que instalaron y consintieron en el país esa perversa metodología de reclamos y protestas sociales que vulneran las leyes vigentes y la Constitución Nacional.
Catorce muertos en la gestión de Cristina Kirchner es una cifra harto excesiva para un gobierno supuestamente “popular y progresista”.


07-Ago-11 Dr. ALFREDO RAÚL WEINSTABL
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