COKAINA

Crítica de la Argentina - 22-Dic-08 - Nota de tapa
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El fallo contra el narco boliviano es precisl: la cocaína encontrada en el auto de la sedronar no le pertenecía.
La explicación del secretario Granero se derrumbó.

La sentencia judicial determina que los estupefacientes fueron retirados de la camioneta por la Policía de Santa Fe. La diferencia entre los ladrillos y los panes secuestrados en el operativo.

Prueba a prueba, la situación del secretario de Estado, José Ramón Granero, titular de la Sedronar, se complica. Crítica de la Argentina accedió en exclusivo a la sentencia que tira abajo sus explicaciones sobre los ocho kilos de cocaína encontrados en una camioneta de la secretaría antidroga del Gobierno. El funcionario se defendió con una hipótesis: los "panes" de merca fueron olvidados en un procedimiento hace más de un año. Pero el fallo, firmado el 28 de julio, demuestra que la Policía de Santa Fe había secuestrado parte de ese cargamento del mismo lugar en el que volvió a aparecer con el vehículo en manos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, que depende de Presidencia de la Nación. En la condena al narco boliviano que cruzaba la provincia de Santa Fe con la droga se detalla la ubicación de los paquetes: ocho de los "envoltorios rectangulares recubiertos con cinta color beige que se encontraban ocultos" justo "debajo del chapón existente debajo del asiento del acompañante", uno de los lugares donde hace casi dos meses se volvieron a encontrar panes de cocaína, esta vez con el vehículo a cargo de la Sedronar.

Este diario tuvo acceso a la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, que el 28 de julio pasado condenó al boliviano Nicolás Bustamante Acuña a cuatro años y medio de prisión por transportar estupefacientes. El fallo, firmado por los camaristas Jorge Venegas Echagüe, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani, describe lo que la policía encontró en la Peugeot Partner aquella noche del 15 de octubre de 2007, en el cruce de las rutas 34 y A-012: 26,4 kilos de cocaína. La descripción que se hace en la sentencia del hallazgo detalla que la cocaína estaba repartida: una parte -diez kilos- cubierta por el "chapón existente debajo del asiento del conductor", ocho kilos ocultos por la misma tapa debajo del asiento del acompañante y el resto "detrás del panel del asiento trasero izquierdo".

En el expediente judicial figuran las declaraciones tanto de los policías que intervinieron en aquel procedimiento como la de los testigos del operativo. Todas las versiones coinciden: es imposible que, como dice Granero, la cocaína hallada en la Peugeot Partner haya sido olvidada en ese procedimiento. Por eso el tribunal oral lo hace constar en la sentencia. A eso se suma que el acusado de transportar aquella cocaína asumió su responsabilidad penal en un juicio abreviado, por lo que la condena que se le impuso fue de cuatro años y seis meses de prisión. La sentencia expresa que el acusado "reconoció la existencia de los hechos referidos" y aceptó "su participación en la comisión del delito de transporte de estupefacientes". En el expediente no hay ninguna alusión a una posible diferencia entre la cantidad de cocaína decomisada y la que Bustamante reconoció que transportaba. En la misma sentencia los jueces ordenaron que la cocaína fuera incinerada.

El 19 de agosto, el mismo tribunal oral dispuso el decomiso de la camioneta que hasta la fecha de la sentencia seguía en la DDI de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Según el expediente, desde que de su interior se sacó el cargamento, el vehículo permaneció precintado. Los magistrados firmaron la entrega de la Partner en agosto. Finalmente, el 4 de septiembre Carlos Alberto Oreiro (69), jefe de Automotores de la Sedronar, y el empleado Fernando Jacinto Salcito (43) llegaron a San Lorenzo y ante ellos se quitaron los precintos. Juntos viajaron en la camioneta hasta la sede central de la Sedronar, en la calle Sarmiento.

Por ley los bienes decomisados a narcos deben pasar a manos de la comisión mixta formada por personal de la Corte Suprema de Justicia y representantes de la Sedronar: los que firmaron en el expediente por la camioneta de parte de la secretaría fueron Fabio Manuel Trosero y Gabriel Abboud. Abboud fue quien comunicó de manera oficial a Drogas Peligrosas de la Policía Federal sobre el hallazgo. El funcionario, director nacional de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos, adujo que la camioneta "en el proceso de recuperación para su puesta en funcionamiento presentó novedades que podrían estar vinculadas con la causa que le diera origen a su secuestro". Ésa es la misma línea argumentativa que luego asumió ante los medios Granero, quien también dejó entrever que los ocho kilos podrían haber sido "plantados" por alguien. Los catorce panes en esta ocasión estaban ocultos en los zócalos izquierdo y derecho de la camioneta, cubiertos por la chapa existente debajo del asiento del acompañante, según consta en el expediente. Así lo describieron los investigadores de la justicia federal que llevan adelante el caso en el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. Una fuente judicial ya informó a Crítica de la Argentina que, además, las pericias realizadas sobre ambas drogas no coinciden: difiere sustancialmente, dijeron, la calidad de la sustancia secuestrada en Santa Fe, con la de la droga secuestrada en la tapicería El Porve, de Avellaneda.

Esta semana Crítica de la Argentina publicó la versión de la Policía de Santa Fe, cuya Patrulla de Caminos interceptó la Partner manejada por Bustamante. "La brigada revisó el vehículo y no encontró nada más. Un vehículo al que se le encuentran más de 26 kilos de cocaína se lo examina a fondo, por completo", aseguró a Crítica de la Argentina un alto jefe de la policía santafecina que siguió de cerca el procedimiento del 15 de octubre de 2007. Por su lado, el jefe de Drogas de Santa Fe, el comisario Hugo Tognoli, dijo que "tiene envoltorios numerados que hacen pensar en que es mercadería secuestrada en algún procedimiento y distintos de los que tenía la cocaína incautada en octubre del año pasado en Santa Fe". En el juzgado federal piensan igual. "Es otra droga, y la habrían tomado de algún decomiso", sostuvo un investigador.

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OPINIÓN
Falta una política clara
Eduardo Mondino (Defensor del Pueblo de la Nación)

El Estado tiene que definir una política común sobre las causas de drogas, ya que viene sosteniendo conceptos diametralmente opuestos: una es la de la Sedronar, que debería dictar medidas preventivas, y otra, la del Ministerio de Justicia. El error inicial es la falta de una política clara. Además, es muy grave que el secretario de la lucha contra el narcotráfico diga públicamente que pudo haber sido objeto de una maniobra para plantar esa droga e involucrarlo en el tema. No se le ha dado a sus declaraciones la magnitud que tienen. Lo menos que se podría hacer es una investigación profunda, ya que si fuera cierta su denuncia, se demostraría un grado de perforación por parte de quienes manejan el tema de la droga. Se evidenciaría así un Estado muy vulnerable. Por lo tanto, lo inmediato es esclarecer el hecho y el Gobierno debería ser el impulsor de la causa del esclarecimiento. Correspondería que se constituyera como parte en una acción judicial.

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Las zonas grises

Javier Auyero (Lozano Long, profesor de Sociología Latinoamericana, Universidad de Texas, Austin. Autor de La zona gris, Editorial Siglo XXI)

El escándalo por los ocho kilos de cocaína que aparecen en una camioneta a cargo del organismo de lucha contra el narcotráfico es típico de un Estado moderno, que no es un ente homogéneo ni mucho menos. Cuando hay otras organizaciones criminales que pueden empezar a establecer algún tipo de vínculos necesariamente ilegales con sectores estatales, vemos que empiezan a tomar un color gris algunas zonas del Estado. Son zonas grises en el sentido de que el Estado no es blanco o negro, como se presenta. Es un síntoma que se da en muchos países del mundo. Así ha sido en el Estado mexicano, en el de Jamaica, en el italiano. De pronto, a raíz de noticias e investigaciones, esas zonas grises se hacen evidentes. Ante este tipo de episodios no hay que perder de vista la experiencia italiana, que lo demuestra muy bien: la independencia del Poder Judicial es vital. Sin autonomía real de los jueces, esas zonas grises se escapan del control del Estado. Hay que pensar que éste no está por fuera de las zonas grises: el Estado suele ser partícipe. La independencia judicial implica aislar de esas condiciones clandestinas, ilegales, a una parte del Estado que sea capaz de controlar que las zonas grises no se expandan. Se trata de generar autonomía y de posibilitar recursos: es la única manera de frenar el avance, dentro del propio Estado, de las redes ilegales que son millonarias en recursos