LOS JUBILADOS NO SON PRIORIDAD

Por Aldo Norberto Bonaveri

Con premura inusitada Cristina Fernández inauguró la etapa de vetos, al frustrar la esperanza de más de 4.000.000 de jubilados, que representan más del 70 % de la clase pasiva de nuestro país, precisamente la que padece una situación de alta vulnerabilidad económica y social. Cabe consignar que el proyecto votado favorablemente por ambas cámaras, hubiera posibilitado que la jubilación básica actualmente en míseros $ 1.046, pasara a ser de $ 1.508 pesos, previendo que en adelante se ajuste de la misma manera que el salario mínimo, vital y móvil.

La sanción de la ley del 82% móvil estaba terminando de cumplir los trámites protocolares, cuando ya la presidenta la había vetado. El propósito de tanto apuro es de puro cuño K: no perder la iniciativa política, poner énfasis en su autoridad y tratar de relativizar la dolorosa derrota parlamentaria asentada por la oposición, en un tema urticante para el oficialismo, tal como lo es perder la consideración del grueso de los jubilados, un sector a priori presumido de bienquisto para la trabazón política y electoral del kirchnerismo.

Como ya es de práctica, para hacer el anuncio la presidenta reincidió en el uso de la cadena nacional de radiodifusión, criticó con dureza a la oposición y, descalificó el pronunciamiento del congreso apelando al efecto catástrofe, al sentenciar que de promulgarla significaría la “quiebra del Estado”, un razonamiento que se muestra muy poco convincente, máxime cuando se observa cómo creció el gasto público desde el 2003 hasta la fecha.

Si bien la oposición no cumplimentó un elemento importante, como lo es indicar explícitamente en el proyecto, de donde saldrían los fondos para financiar la erogación que requiere la aplicación de la norma votada, desde el Gobierno no pueden aseverar la imposibilidad de llevarla a la práctica. Naturalmente que para materializarla es menester reasignar partidas y reconsiderar prioridades, pero fundamentalmente tener voluntad política de hacerlo y asumir que los recursos propios del sistema, como así también los superávit del Estado, no se pueden manipular al libre albedrío del gobernante de turno.

Cristina Fernández no pierde cuanta ocasión se le presenta, de jactarse que su gobierno está construyendo un Estado de Bienestar, basado en la equidad, solidaridad, justicia social y varios enunciados por el estilo; no obstante una vez más, el proceder no se compadece con la retórica. Para quien se pavonea con enarbolar esas banderas, no existe coherencia con negarle a los postergados jubilados alcanzar el 82% móvil; la escusa esgrimida es que no hay plata para ello, lo que no es verdad, al menos si la predica fuera genuina.

Haber promulgado la ley le habría costado al Estado $ 33.000.000.000 anuales adicionales. Al respecto corresponde decir que el ANSES ostenta un excedente de $ 5.000.000, por otra parte el presupuesto 2011 recientemente enviado por gobierno nacional al Congreso, calcula que para el año que viene va a tener un superávit de $21.000.000.000; amén de ello el PE, (que invariablemente esboza los presupuestos subvaluados, de forma tal que deliberadamente se produzcan sobrantes significativos, los que merced a los superpoderes el jefe de gabinete puedo disponer a su arbitrio), para el ejercicio en curso se prevén aproximadamente $ 50.000.000.000 de excedente.

Empero hay una serie de realidades que desdibujan aún más cualquier prédica progresista, sobretodo cuando se esgrimen argumentos de imposibilidad de honrar como corresponde a los mayores: Aerolíneas Argentina tiene un déficit de $ 2.000.000 diarios, que pagamos todos los argentinos, inclusive para quienes volar es una quimera; el fútbol para todos le cuesta al país $ 900.000.000 y, aquella hipótesis de que se autofinanciaría se esfumó rápidamente, un gasto innecesario de ésta índole solo podría considerarse, si no existiera deudas internas con la sociedad; tampoco se concibe que sea una prioridad del Estado patrocinar programas de televisión, que sólo tienen por objetivo lisonjear al gobierno.

Otra tremenda aberración es la maraña de subsidios destinados al transporte, especialmente en Capital Federal y el conurbano, las tarifas de energía que artificialmente son las más baratas del mundo, y no precisamente cumplen el objetivo de socorrer a los más necesitados, sino que en la práctica subvencionan los altos consumos de las clases más pudientes. Semejante distorsión de la economía, le cuesta al país la friolera de $ 45.000.000.000, al tiempo que estos instrumentos que maneja con discreción el ministerio de Planeamiento, constituyen el caldo de cultivo más propicio para la corrupción; independientemente de ello el camuflaje de la realidad que se ha enquistado en la vida cotidiana, tiene el agravante de desorientar a los usuarios sobre el verdadero valor de los servicios.

Durante las administraciones kirchneristas, extraordinariamente favorecidas por la mejor relación en los términos del intercambio internacional, Néstor primero y Cristina después marcaron a fuego su impronta: manejar la caja a voluntad y abusar del gasto público de manera impúdica, ello ha sido una constante, y a la vez, la herramienta fundamental para ejercer a su antojo el menú de estratagemas políticas desarrolladas estos años: Cooptación, disciplinar a gobernadores e intendentes, potenciar el clientelismo, etc.

Al respecto, resulta importante refrescar algunas cifras; entre 2003 y 2009 el gasto público de la Administración pública nacional aumentó en $ 193.109 millones, lo que se traduce en un incremento del 240%. De ese total, apenas un 40% se destinó al sistema previsional. En consecuencia el formidable crecimiento de las erogaciones del Estado, no han sido destinadas principalmente para solucionar el problema de los más necesitados, con la excepción de la Asignación Universal por Hijo, que paradójica e injustamente es financiada por el ANSES, cuando lo que corresponde que sea con los superávit de la economía.

El ANSES se ha convertido en un organismo multiuso, con los recursos del sistema previsional se le presta plata al Tesoro nacional, empresas públicas, bancos privados con el compromiso que estos otorguen créditos para consumos suntuarios. Por si ello fuera poco, se destinaron fondos para socorrer a empresas endeudadas, invertir en proyectos de aleatoria rentabilidad o, asistir a las entidades crediticias con tasas inferiores a las que devengaría colocaciones a plazo fijo.

El Gobierno se vanagloria de la cantidad de argentinos que pudieron jubilarse sin aportes, ¿sensibilidad social o irresponsabilidad?, seguramente en varios casos el esfuerzo esta justificado y en consecuencia es loable, pero su alcance no fue privativo para los realmente sin recursos, sino que aprovechado por cualquier argentino que hiciera el trámite; ello deja de ser encomiable, pues estos reciben la mínima, exactamente lo mismo que un comerciante o profesional o que tributó como autónomo por imposiciones de la AFIP en categorías C, D o E, pero hoy, al igual que los incluidos perciben injustamente la vil retribución de $ 1.046. En síntesis aquí la igualdad es hacia abajo.

También corresponde expresar, que la ley vetada contemplaba reconocer un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia, en lo inherente a la errónea liquidación de los haberes jubilatorios más altos. Como más temprano que tarde, será menester acatar el dictamen del máximo tribunal, el veto sólo logra postergar los pagos transitoriamente.

Tener que llegar al veto no ha sido una instancia cómoda para la presidenta y, por ende, trató por todos los medios pararlo en el Congreso, los números no le dieron para ello y, los esfuerzos de Pichetto y Fernández estériles para torcer la voluntad de pares que normalmente votan juntos. Queda claro que para Cristina pese a lo que diga en contario los jubilados no son la prioridad, pero lo que más la perturbó es que la oposición, pese a las diferencias en su seno, haya consensuado una propuesta superadora del discurso que ella consideró como reivindicatorio. El veto es una herramienta legal y en razón de ello, el 82% quedará para mejor oportunidad, no obstante conociendo el proceder K, la iniciativa abortada no será en vano, seguramente un decreto presidencial en el corto plazo otorgará beneficios a los jubilados, con el propósito que el costo a pagar no sea tan grande.