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Reabren la investigación sobre el asesinato de José Ignacio Rucci

El fiscal Patricio Evers requirió la realización de medidas de pruebas relacionadas con el homicidio, ocurrido el 25 de septiembre de 1973. Esta medida se da tras la decisión de los hijos de presentarse como querellantes y solicitar que se reactive la causa.



CRIMEN. Rucci fue asesinado por un grupo comando, en el barrio de Flores.

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A 35 años del crimen de José Ignacio Rucci, e l fiscal federal Patricio Evers reabrió hoy la causa del homicidio del ex secretario general de la CGT al requerir la realización de medidas de pruebas relacionadas con la investigación.

El dictamen de Evers, dirigido al juez federal Ariel Lijo, "significa la reapertura de la investigación penal" por el asesinato de Rucci, perpetrado en Capital Federal el 25 de septiembre de 1973.

La misma conclusión surge de la resolución de Lijo de tener por "querellantes" a los hijos del sindicalista, Claudia y Aníbal Rucci, quienes anteayer habían pedido reiniciar la investigación.

El "hecho nuevo" sobre el que se basó el planteo judicial fue la reciente aparición del libro "Operación Traviata", del periodista Ceferino Reato, según el cual dos de los presuntos responsables del crimen "estarían vivos".

Los querellantes solicitaron, entonces, que se ordene a Editorial Sudamericana la remisión de un original del texto y que se cite a declarar como testigo a Reato. Para los hijos de la víctima la investigación periodística de Reato "despeja muchos interrogantes" y posibilita la reapertura de la investigación que, sin procesados, fue archivada en 1988.

Lijo, tras admitir como querellantes a los hijos de Rucci -cuyo objetivo es conocer a los autores materiales e intelectuales del homicidio-, notificó la presentación a Evers, para que el fiscal brindara su opinión.

Evers "como no fue requerido sobre otras cuestiones, se limitó a requerir la producción de las dos medidas de prueba reclamadas" por los querellantes, indicaron allegados al fiscal.

Rucci fue asesinado por un grupo comando el 25 de septiembre de 1973 en el barrio de Flores, en el marco de la violencia política de la década del 70. Aunque su crimen se atribuyó a la ultraderechista Triple A, todos los indicios apuntaron a la guerrilla de Montoneros.

La causa está paralizada desde 1989, con un sobreseimiento provisional y sin condenados ni procesados. Por ello, un eventual nuevo imputado podrá alegar en su defensa la prescripción de la pena. Sólo en ese caso el juez Lijo se verá en la obligación de determinar si se trató o no de un crimen de lesa humanidad, como planteó la semana pasada el actual titular de la CGT, Hugo Moyano.

"Según este libro, el crimen de mi padre fue obra de la cúpula montonera, que decidió tirarle un cadáver al general Perón para demostrarle que debía tenerlos en cuenta", expresó Aníbal Rucci. El asesinato del líder sindical ocurrió tres meses después del regreso de Perón al país y de la denominada "masacre de