GARPANDO AL VACIO

El anuncio del pago de 6.706 millones de dólares de deuda al Club de París no logra revertir la situación de los mercados. Hoy cayeron los bonos de la deuda doméstica con bajo volumen negociado, mientras el dólar subió a 3,06 pesos y el Riesgo País argentino rozó los 700 puntos. Pero, aunque parezca difícil, esta no es hoy la mayor preocupación del gobierno en cuanto al rutilante desembolso.



El principal escollo que encuentra hoy la Casa Rosada para dar vía libre al pago es legal. Hoy apareció en el Boletín Oficial el decreto 1394/2008, el que dispone la “cancelación total de la deuda contraída con el Club de París con reservas de libre disponibilidad”, tal cual explica el texto. Ahí, justamente, reside el enorme obstáculo




El decreto que firmó Cristina Kirchner –junto a Sergio Massa y Carlos Fernández- se apoya en la ley 23.928 –conocida como ley de convertibilidad del Austral-, la misma que modificó Néstor Kirchner mediante un decreto Néstor Kirchner en 2005 para pagarle al FMI. Allí explica que “las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales”.



Con esto, Kirchner creó una entidad hasta ahora inexistente como son las “reservas de libre disponibilidad”. Lo que hizo con la firma del decreto 1599/2005 -publicado en Boletín Oficial el 16 de mayo de 2006-, en síntesis, fue asegurarse acceso directo a millones y millones de dólares guardados en las cajas del Banco Central, sin previa autorización del Parlamento ni control alguno.



El decreto de Cristina



La contradicción reside en que el propio decreto de Cristina afirma que “el Club de París agrupa a la totalidad de los países acreedores respecto del nuestro que en general ostentan deudas bilaterales originadas en créditos a las exportaciones”.



Es decir, que el término “organismo financiero internacional” al que se limita el pago, según la modificación de Kirchner, no le cabería al Club, una entidad inexistente como tal, sino que es un ámbito donde se juntan las potencias europeas para definir políticas económicas comunes.



Esto mismo destaca hoy Ámbito Financiero en una excelente nota de Pablo Wende y el propio Roberto Lavagna hoy en declaraciones al Radio Continental. Incluso, hay quienes afirman que ésta es una de las razones por la cual los mercados no reaccionaron positivamente al anuncio.



El texto completo del decreto publicado hoy destaca entre paréntesis, cada vez que figura el término “Club de París”, que se trata de “sus países miembros con acreencia vencida o a vencer respecto de la República Argentina” o simplemente a sus “países miembros”.



Resta definir si esta aclaración sirve para encasillar al Club de París dentro del marco de la ley 23.928, pero lo cierto es que la presidenta tuvo con este decreto la posibilidad de modificar una vez más el artículo 6º de esta ley y agregar la utilización de las reservas para pagos a otras entidades. Pero no lo hizo.



“La Presidenta no está facultada para darle un cambio al objeto de la ley. Debería, en tal caso, girarla al Congreso, y éste a su vez, modificar la ley anterior ampliando el objeto de las Reservas de Libre Disponibilidad”, explicó un economista. Y agregó rotundo: “Esto demuestra cuán vulnerable es la figura de estas reservas y lo fácil que resulta disponer de ellas”.



El Club



La duda latente es saber si el Club de París puede de alguna forma encasillarse bajo el término “organismo financiero internacional”. La primera impresión, es que no.



“No es una entidad ni organismo, sino un mecanismo de convocatoria informal por parte de acreedores oficiales de países endeudados, para negociar en forma coordinada y conjunta esas deudas”, explicó a La Política Online un prestigioso economista.



Este mecanismo opera desde la Tesorería del gobierno de Francia, y en este caso, participan 19 países desarrollados.



“En la página Web del Club de París, se señala que se trata de un grupo informal, cuya finalidad es permitir a acreedores oficiales la coordinación de una solución para países deudores que enfrenten dificultades de pago. Y para que no queden dudas agrega que se puede describir como una no institución”, explica Ámbito.



Difíciles salidas



En este marco, y de confirmarse la imposibilidad legal del grueso pago, al gobierno le quedarán dos salidas más complicadas aún que la modificación de la ley.



La primera es enviar un proyecto de ley al Congreso que autorice al Poder Ejecutivo a emitir el pago. Allí encontraría serias dificultades.



Basta con ver las grandes modificaciones que tuvo que hacer en los proyectos que bajó para la reestatización de Aerolíneas Argentinas y la movilidad jubilatoria, pedidas por su propio bloque, para verificar la situación de su “mayoría”. ¿Cuántos votarán a favor de una salida de 6.706 millones de dólares de reservas cuando los especialistas recomiendan una refinanciación con una tasa mucho más baja que la que, por ejemplo, se paga a los bonos que compra Hugo Chávez?



La otra sería una rendición a un modelo que Cristina embandera: la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sus reacciones intempestivas criticando a la prensa porque no destaca su invicto en la firma de este tipo de decretos, del cual se vanagloria, sería algo que la presidenta no está dispuesta a ceder. O tal vez sí.
BRUNO SOLARI