ARACA LA CANA
Redrado irá al BCRA aunque lo esperan decenas de policías
El todavía jefe del Central desafió al gobierno a que lo frene, en lo que puede transformarse en el escándalo más grande del verano. La policía custodia el BCRA
El por ahora presidente del Banco Central, Martín Redrado, afirmó que seguirá en su cargo hasta tanto el Congreso se expida sobre un decreto presidencial que ordenó su remoción en medio de una batalla judicial por el uso de reservas.
"Sería de mi parte una irresponsabilidad aceptar presiones que dejen el camino libre a quienes quieren manejar las reservas de todos los argentinos sin seguir los pasos que marca la ley para la remoción de los directores del Banco Central", sostuvo Redrado en una columna con su firma que publica el diario La Nación.
El 6 de enero pasado la presidenta Cristina Kirchner echó al funcionario por decreto, pero obvió una consulta parlamentaria que exige la Carta Orgánica del Banco, lo que motivó una batalla judicial que ordenó su tratamiento en el Congreso, debate que comenzará el martes próximo.
"Mantengo mi decisión de seguir desempeñando mis deberes de funcionario hasta que el Congreso disponga lo contrario", dijo Redrado mientras desde el gobierno advirtieron que su ingreso al banco este lunes será impedido por la fuerza pública.
"Martín Redrado no entra más al Banco Central", aseguró días atrás el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al informar que "se instruyó a la Policía Federal para que no lo dejen entrar más al Banco".
El viernes la justicia ratificó la prohibición del uso de reservas para el pago de deuda pública, como pretende el gobierno a través de la creación por decreto de un fondo con 6.569 millones de dólares provenientes del Banco Central, que atesora unos 48.000 millones de dólares.
El presidente del Banco Central "no está expuesto al dilema de 'obedecer' o 'rebelarse' ante instrucciones del Ejecutivo. Simplemente no las puede recibir", dijo Redrado al recordar que la entidad es un ente autárquico.
Kirchner pretende utilizar reservas para afrontar parte de los vencimientos de deuda de este año por más de 13.000 millones de dólares y normalizar otros 20.000 millones en bonos de acreedores externos que rechazaron ingresar al canje de 2006, en una propuesta que obtuvo más del 75% de adhesión.
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