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miércoles, 27 de enero de 2010

OFENSIVA


Nueva Mayoría - 27-Ene-10 - Análisis

http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2056&Itemid=39

Ofensiva K contra Redrado y Cobos

por Rosendo Fraga


La ofensiva contra el Vicepresidente fue impulsada por el oficialismo para dejar en un segundo plano la crisis del Banco Central. Al no poder resolverla, se creó un enfrentamiento político mayor para encubrir el fracaso en la primera. Nunca como en esta oportunidad fue tan homogéneo el pedido de renuncia de Cobos. Lo hicieron el mismo día y al mismo tiempo el Jefe de Gabinete, el gobernador de Buenos Aires, el Presidente del bloque oficialista en el Senado, el de Diputados y el secretario general de la CGT. Al mismo tiempo, Luis D'Elía continuó diciendo que Cobos encabeza un golpe institucional. La suspensión del viaje de Cristina a China trató de dar mayor relieve a esta ofensiva, como respuesta a una supuesta conspiración, aunque implique un costo importante para la Argentina en términos de política exterior. Pero fueron las declaraciones de Elisa Carrió y de Mauricio Macri justificando el pedido de renuncia -lo ven como un candidato opositor para 2011- lo que terminó potenciando la crisis. Consciente de que el oficialismo no tiene mayorías suficientes para destituirlo mediante un juicio político, Cobos desafió a que lo intenten. El Vicepresidente no renunciará hasta tres meses antes de la elección, en el caso que finalmente sea candidato. Al día de hoy, sigue siendo el político argentino con mejor imagen y más intención de voto.

Simultáneamente, la crisis por el Banco Central se ha agravado. Decisiones judiciales, sumadas a dificultades económicas, han hecho inviable el decreto que establecía el pago de deuda con reservas. En cuanto a la destitución de Redrado, la Comisión que debe emitir dictamen al respecto se reúne esta semana y seguramente prolongará su trabajo hasta entrado el mes de febrero. Esta comisión está presidida por Cobos y el oficialismo queda en minoría. Aunque este dictamen no sea obligatorio para el Ejecutivo, es probable que la Comisión resuelva que primero el Congreso debe expedirse acerca del decreto sobre el uso de reservas -que no ha sido derogado-, antes de resolver sobre Redrado. Que se le haya impedido entrar al Banco Central con la policía un día y medio antes que se reúna dicha Comisión y con una medida cautelar vigente, no hace más que profundizar la crisis institucional que se ha generado. La realidad es que ha entrado en crisis la forma como pensaba gobernar el kirchnerismo en 2010 y 2011: Decretos de Necesidad y Urgencia cuando el Congreso no apruebe lo que el Ejecutivo quiere y el veto cuando apruebe proyectos en contra del oficialismo.

La crisis por el Banco Central ha potenciado el rol del Congreso. Una Cámara de Diputados con mayoría opositora y un Senado donde el oficialismo ya no tiene el control, no iban a tener rol hasta el 1 de marzo, cuando se iniciarán las sesiones ordinarias. La oposición no cuenta con la unidad necesaria para que el Congreso se autoconvoque, pero el oficialismo no tiene el control en caso de que lograra hacerlo y eso es lo que puede suceder a partir de dicha fecha. Pero la decisión del Ejecutivo de convocar a la Comisión que debe dictaminar sobre el reemplazo de Redrado -sin cuyo dictamen la Justicia seguirá diciendo que la remoción no es válida mientras no renuncie, más allá de que no sea vinculante- lo lleva a un ámbito donde Cobos vuelve a tener un rol protagónico y puede llegar a desempatar, dado que la Comisión está integrada por los Presidente de la de Finanzas (Prat Gay), que es opositor, y el de Presupuesto y Hacienda (Marconato), que es oficialista. Mientras no emita el dictamen, lo cual puede suceder porque se toma su tiempo para hacerlo o porque determina que primero el Congreso debe resolver sobre la causa de remoción, la situación del Decreto sobre el uso de reservas se puede prolongar.

La Justicia ha pasado a tener un rol preponderante. Es que mientras los tiempos del Congreso son lentos, los de la Justicia son inmediatos. Redrado ha presentado una denuncia penal contra el Ejecutivo por no habérsele permitido entrar al Banco Central y la Justicia deberá resolver. A su vez, el Gobierno ha presentado una denuncia penal contra él, que el juez Oyarbide parece manejar sin demasiado apuro. Mientras estas denuncias han caído en el fuero federal, donde la influencia del Gobierno sigue siendo importante, la validez de los decretos se tramita en el fuero administrativo, donde el Gobierno tiene un control más débil, como lo mostraron las decisiones de la jueza Sarmiento. Los jueces independientes están fallando contra el Gobierno y los que responden al oficialismo adoptan decisiones poco claras. Esta situación está llevando a un creciente conflicto de poderes, con el Ejecutivo cada vez mas dispuesto a desacatar a la Justicia por necesidades políticas. Es en este contexto que desde la oposición ha comenzado a plantearse la posibilidad del juicio político al Jefe de Gabinete, quien manda la fuerza pública.

En conclusión: la ofensiva contra el Vicepresidente fue lanzada por el oficialismo para dejar en segundo plano el fracaso con el Banco Central; en la Comisión que dictamina sobre la permanencia de Redrado, el kirchnerismo está en minoría y no puede imponer tiempos; la crisis del Banco Central ha dado un inesperado rol al Congreso y puesto en evidencia que Cristina Kirchner no podrá gobernar en base a los DNU y el veto y la Justicia, donde la influencia del oficialismo disminuye, toma decisiones de efecto inmediato y esta crisis ha potenciado su importancia política.

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