LA NACIÓN LO DEMANDA

Por el Lic. Claudio Valdez

Aunque en el nuevo Artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina aparezca suprimida la admonición “Si así no lo hiciere. Dios y la Nación me lo demanden”. La penalidad de no “observar y hacer observar fielmente la Constitución” subsiste para el cargo de presidente (o vicepresidente de la Nación).

Aunque ya no se jure “por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios” la Nación siempre demandará el incumplimiento, la omisión y las transgresiones a su Ley Fundamental, porque el sentido de nación refiere a “sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común” y se manifiesta, también, como “entidad jurídica formada por el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno”.

En el mundo americano las “revolucionarias entidades jurídicas” se crearon en base a acuerdos y pactos, finalmente plasmados en “Constituciones escritas”. Cualquier incumplimiento de los consensos estipulados produce, como inmediata consecuencia, la ruptura de legitimidad política y favorece el estado de anarquía que precedió a la organización de estas nuevas naciones. Los resultados de las rupturas, en aquellos tiempos, fueron muerte y miseria en inacabables años de guerra para sus poblaciones.

Hemos presenciado recientemente la situación de Honduras, Venezuela y Bolivia, en que las transgresiones de sus gobernantes incitaron y continúan incitando, en algunos de estos países, a sostenida conflictividad que deviene en vías de hecho. Esto es lo que las Constituciones pretendieron superar para poder continuar la vida, en forma independiente del dominio español, en paz, unidad y bienestar.

En la Nación Argentina, si bien en las últimas décadas solo se han producido agresivas disputas sin mayores consecuencias durante las campañas electorales, se corre grave riesgo de conflicto de poderes y ruptura institucional. Las serias transgresiones a la voluntad constituyente y a las normas legales vigentes mediante engaños, desinformación, abusos o simple desobediencia, hacen responsable al poder federal de las impredecibles consecuencias que puede generar la llana omisión de los fundamentos institucionales acordados en nuestra “carta magna”.

Se vislumbra, de esta manera, la desintegración de la forma de gobierno que nos rige desde 1853 y el riesgo de debilitamiento de la “Unión Nacional”. Sin ninguna duda nuestro Estado, entendido como “nación organizada políticamente”, se encuentra material y moralmente afectado por los despropósitos de los representantes y funcionarios que deberían consolidarlo.

El pueblo de la Ciudad de Buenos Aires llegó a expedirse, de viva voz, ante los disparates de los gobernantes nacionales y reclamó “que se vayan todos”. Los fracasados políticos organizaron nuevos comicios y se atribuyeron, mediante artilugios electorales, nuevos períodos gubernamentales. Sin embargo la realidad no ha cambiado, solo ha sido enmascarada y las consecuencias se harán sentir con fuerza inusitada en este nuevo año.

Son necesarias urgentes soluciones, para lo cual se requiere esfuerzo, ingenio, probablemente sacrificio y por sobre todo honestidad; cualidades que no se observan en los sectores dirigentes, que aún intentan proponer irrelevantes proyectos y hacer creer al electorado propuestas que bien saben no podrán ser establecidas ni cumplidas. El régimen político y su doloso sistema instalado no permite margen para la necesaria superación.

Continúan mintiendo, desde la primera magistratura hasta el último intendente. Saben que no tienen los recursos, ni la superior voluntad para obrar a favor del bien común que exige el rescate de la patria: de hecho la venden, la hipotecan, la regalan a cambio de mezquinos beneficios que omiten compartir y solo se ocupan de promocionar demagogia sectaria, que no alcanza para restituir el amputado destino común.

No obstante, la nación lo demanda. De no lograrlo peligra nuestra unidad social, política, económica y cultural, debiendo quienes resulten responsables responder como “infames traidores a la patria”.

Argentinos; ¡a las cosas!