INVESTIGAR A KRETINA

Piden a la Justicia que investigue a
Cristina por supuestas irregularidades

El titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, sospecha que la Presidenta está involucrada en casos de cohecho, administración fraudulenta, designaciones ilegales e infracción a la ley de Ética Pública.

El titular de la Asociación Civil Anticorrupción y abogado porteño, Ricardo Monner Sans, radicó hoy una denuncia penal en la Justicia para que se investiguen cuatro hechos que involucran a la presidenta de la Nación.

Fuentes judiciales señalaron que el letrado pidió que se investigue si un avión privado de la petrolera Repsol-YPF, "propiedad de españoles", vino de Europa a recoger a la presidenta Cristina Fernández y la transportó a Ginebra, donde la primera mandataria asistió a la reunión de la OIT.

"¿Cuánto costó esa contratación o de haber sido una 'gentileza' de la siempre privilegia Repsol-YPF cómo se compadece ello con las directrices de la Ley de Ética Pública 25.188?", se preguntó el abogado.

Monner Sans planteó además que se investigue si la designación de Juan Gabriel Mariotto al frente del Comfer ha sido o no ilegal dado que el funcionario, según el denunciante, tuvo una radio comunitaria en Temperley que vendió a "Aribet SRL", pese a que la emisora había sido declarada ilegal por el ente de control y en 2005 consiguió un permiso precario.

También se refirió a si la Presidenta le quitó a la agencia estatal Telam la ejecución de la pauta publicitaria oficial de la AFIP, PAMI y las superintendencias de Salud, Riesgos de Trabajo, Seguros y que se determine "¿quién o quiénes la han sustituido?" en el manejo de ese dinero público.

Asimismo, solicitó que se ahonde la pesquisa sobre el jet privado que vino usando el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para sus desplazamientos hasta que el diario La Nación denunció la situación y se determine "de quién es la sociedad titular del sofisticado aparato".

Monner Sans planteó que se investigue si esos hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho, administración fraudulenta, designaciones ilegales, infracción a la ley de Etica Pública.

La denuncia recayó en el juzgado federal número dos, a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.