LA CORTEDAD DE LA CORTE

La cortedad de la Corte



“Si corazón y nervios y músculos y empeño

pones sólo al servicio del supremo ideal

y soportas la prueba, ya sin clara esperanza,

dando ejemplo de terca y ardiente voluntad”

Rudyard Kipling (por Juana de Ibarbourou)



El único hecho político de don Néstor, q.e.p.d., reconocido unánimemente como positivo por todo el arco de opositores, es la integración de una Corte Suprema de Justicia independiente y calificada. Que eso se haya realizado mediante el antirrepublicano método de expulsar, lisa y llanamente, a los ministros anteriores, fue considerado por la sociedad entera como un pecado venial, tapado por las virtudes personales de quienes hoy la integran, pese a que su aceptación de los cargos implicaba consentir y convalidar esos nefastos procedimientos.



Si bien algunos fallos emitidos han contradicho políticas del oficialismo desde 2003 a la fecha (vgr., ajustes previsionales, distribución de la publicidad oficial), es imposible dejar de observar que el Tribunal supremo del país ha adoptado una conducta que, como mínimo, puede calificarse de pusilánime, a la hora de hacer cumplir sus decisiones.



El supremo Tribunal parece haber olvidado, dejando en el altar de una supuesta paz política jirones del prestigio personal de sus miembros, que encabeza uno de los tres poderes del Estado y que, como tal, no puede tolerar que otro, uno igual, se permita desconocer su rol constitucional y, además, hacer gala de ello.



Tal vez el caso más emblemático sea el del Procurador Sosa, despedido por Kirchner, Gobernador provincial entonces, en una abierta violación de la Constitución de Santa Cruz. La Corte se ha pronunciado, desde entonces, no menos de tres veces ordenando la reposición del Dr. Sosa en su cargo, pero todos los sucesores que heredaron el sillón de Río Gallegos hicieron caso omiso de tales decisiones. Y la Corte nada ha hecho, verdaderamente, al respecto.



El año pasado, la crisis de las reservas del Banco Central que terminó con la renuncia de Martín Redrado a su Presidencia y el consecuente saqueo de las mismas por el Poder Ejecutivo, tuvo como uno de los capítulos de ese trágico sainete la insólita persecución personal y policial de don Anímal Fernández a la Juez Sarmiento. Y la Corte no reaccionó.



Cuando el mismo Anímal ordenó a la Policía Federal no cumplir una expresa orden judicial referida al desalojo de la sede del gremio de los aeronavegantes por patoteros oficialistas, la Corte nada hizo, y lo dejó pasar.



En meses recientes, a raíz de la ocupación del Parque Indoamericano, nuevamente el Poder Ejecutivo nacional desconoció órdenes expresas de los jueces y, sin embargo, la Corte no reaccionó ni denunció penalmente a los funcionarios responsables.



Todavía continúa la situación de usurpación, por parte de unos muy organizados miserables, que le han quitado las viviendas asignadas a otros miserables. Un Juez federal de Quilmes, en nombre de la propia Corte Suprema, ordenó reiteradas veces a la Policía Federal que desalojara el predio; ni la Ministro de Seguridad ni el Jefe de Gabinete obedecieron la orden, y la Corte no tuvo, al respecto, reacción alguna.



Don Hugo “Camión” Moyano hizo gala de su proceder sedicioso, convocando a un paro nacional y a una marcha, en Plaza de Mayo, para extorsionar al Gobierno. Con ello, con el simple anuncio y las contemporáneas amenazas, cometió un delito. La Corte tampoco se manifestó al respecto ni, como debía, por omisión de los funcionarios del Ejecutivo, formuló la pertinente denuncia penal.



Que el kirchnerismo ha fabricado un desbarajuste institucional que no tiene antecedentes históricos no es nada novedoso, pero sí lo es que esta Corte, su logro más invocado y preciado, abdique de sus facultades y de sus obligaciones, dejando a la ciudadanía librada al capricho de dos sucesivos presidentes que, como lo han demostrado ad infinitum, hacen y deshacen a su antojo.



Tampoco es un hecho menor el tema de la franca complicidad de esta Corte con el Poder Ejecutivo en relación a los juicios contra militares y civiles encarcelados, sin sentencia, desde hace muchos años, situación que ya le ha costado la vida a más de cien de ellos.



El Poder Judicial, que encabeza y comanda, ha permitido la aplicación retroactiva de leyes, la ignorancia de los elementales principios de la presunción de inocencia, de la legalidad y de la ley previa, y la vigencia de una Justicia absolutamente viciosa y tuerta, que habilita a quienes sembraron de bombas y muertes a la Argentina a ocupar hoy, impunemente, los más altos cargos de la Administración del Estado e indemniza con dineros públicos a asesinos de soldados, civiles y policías, mientras recluye en prisiones infectas a cientos de personas por el solo hecho, en la mayoría de los casos, de haber vestido un uniforme de la Patria e ignora a las víctimas inocentes de esos “jóvenes idealistas” que sembraron de terror y de cadáveres el territorio nacional.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta así, pruebas al canto, cómplice de la destrucción de la República; casi un infanticidio, ya que su renacimiento data de 1983, es decir, escasos veintiocho años.



Porque resulta imposible pensar en un futuro sin Justicia. Ésta resulta tan, pero tan esencial al concepto republicano como el agua para la existencia de la vida.



Para justificar este aserto basta con pensar en que una Justicia seria e independiente terminaría con la impunidad que ha permitido que los niveles de corrupción en la Argentina se hayan transformado en verdaderos genocidios, restablecería la vigencia de los organismos estadísticos y de control, impediría los atropellos a los que las circunstanciales mayorías parlamentarias nos tienen acostumbrados, haría respetar la libertad de prensa e información.



En resumen, haría cumplir las leyes y los contratos y, con ese simple resorte, restablecería la hoy inexistente seguridad jurídica y obligaría a que los presupuestos destinados a educación, salud y vivienda fueran invertidos en lo que corresponde, evitando los habituales desvíos hacia los bolsillos de los funcionarios responsables de su ejecución.



Como es natural, de la mano de la seguridad jurídica, volverían rápidamente las inversiones que el país tanto necesita y, de la mano de la aplicación de las leyes, también se reduciría mucho la gran preocupación actual de la ciudadanía -la inseguridad- porque los delincuentes de toda laya estarían cumpliendo sus condenas en las cárceles.



En este período electoral, cuando –como he dicho tantas veces- resulta imprescindible que el tema de la Justicia se transforme en una de las prioritarias políticas de Estado, y que todos los opositores, cualquiera sea su color político, se comprometan con ella.



Así, la Argentina podrá ser merecedora, en verdad, de la palabra República que hoy sólo ostenta en su nombre oficial.



Espero, contra toda esperanza, que todo esto se convierta en realidad.



Bs.As., 24 Mar 11




Enrique Guillermo Avogadro
Abogado