HONDURAS: MAS CLARO IMPOSIBLE

Fundacióm Atlas 1853 - 02-Jul-09 - Actualidad

¿Golpe de Estado o destitución presidencial en Honduras?
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por Gerardo E. Martínez-Solanas


Manuel Zelaya fue arrestado mediante una burda maniobra castrense en la madrugada del domingo 28 de junio por uniformados enmascarados que lo trasladaron en ropas de dormir al avión que lo llevó sin miramientos al exilio en Costa Rica.

El 26 de junio, el entonces Presidente Zelaya había destituido al Jefe de las Fuerzas Armadas, General Romeo Vásquez, provocando con su acción de fuerza la renuncia de los jefes de la aviación y la marina. Esta acción presidencial se gestó en la política impulsada por Zelaya de coordinación con los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua y de estrechamiento creciente de sus relaciones personales con los mandatarios de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). El ejemplo de estos mandatarios lo impulsó apenas seis meses antes de terminar su mandato a intentar apresuradamente una reforma constitucional que favoreciera sus aspiraciones de mantenerse en el poder mediante la reelección.

Para lograrlo, trató de forzar unilateralmente un referendo que le permitiría la convocatoria a una Asamblea Constituyente posterior. Ese referendo, que recientemente bautizaría como "encuesta", debería celebrarse este domingo 28 de junio, añadiendo una "cuarta urna" a la consulta electoral prevista.

La destitución de los jefes militares fue el desenlace del enfrentamiento del entonces Presidente con prácticamente todas las instituciones políticas de la nación en su empeño por forzar el mecanismo conducente a su futura reelección. En días anteriores, el Tribunal Electoral había rechazado la legalidad de tal referendo o "encuesta". No se enfrentaba Zelaya a "la oposición" en el Congreso, puesto que tal "oposición" incluía a su propio partido, en una rara coincidencia multipartidista de rechazo a sus pretensiones continuistas. Además, los militares que custodiaban las urnas hasta el momento de las elecciones, habían recibido orden judicial de no entregar las 15,000 "cuartas urnas" que el Presidente exigía para el referendo.

Cumpliendo con esta orden judicial, respaldada por el pleno del Congreso, el General Vásquez ordenó a sus subalternos no entregar las urnas adicionales bajo su custodia que el Presidente pretendía agregar al proceso del domingo. Zelaya optó entonces por un envalentonado derroche de poder presidencial. Al frente de una multitud de seguidores se presentó en el centro militar, allanó el recinto y se llevó las urnas por la fuerza. Procedió después a destituir al Jefe de las Fuerzas Armadas por insubordinación.

Al día siguiente, el Tribunal Supremo anuló la destitución de los jefes militares, reintegrándolos en sus cargos. Argumentaron la destitución improcedente porque los militares habían cumplido sus funciones de custodios de las urnas y obedecido las órdenes del Poder Judicial que había declarado ilegales las pretensiones del Presidente.

Zelaya optó por ignorar las órdenes judiciales, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Electoral, así como también la censura del Congreso. Intentó dividir a las Fuerzas Armadas y tachó de oligarcas tanto a los representantes del pueblo como a los jueces y la fiscalía. No sólo se declaró en rebeldía frente a los otros poderes del Estado sino también frente a todas las instituciones civiles y militares. Intentó realizar por la fuerza un referendo ilegal.

Ante el peligro inminente del desacato presidencial, el Poder Judicial dictó una orden de arresto contra el entonces Presidente Zelaya y el Poder Legislativo se reunió de urgencia para destituirlo el domingo 28. Es asombroso que gran parte de la prensa, muchos gobiernos y organizaciones internacionales insistan en tachar este desenlace como un "golpe de Estado". Se trata de una destitución provocada por la crisis política creada desde el Poder Ejecutivo por un Presidente que pretendía iniciar por la fuerza una reforma constitucional destinada a establecer normas de continuismo presidencial a semejanza de sus homólogos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, sin respeto alguno por las decisiones congresionales o judiciales. Cabe destacar que las agresiones flagrantes de los mandatarios del ALBA contra el Poder Legislativo y el Poder Judicial en sus respectivos países en años y meses recientes no hayan encontrado ni por asomo una reacción similar.

Pese a la burda maniobra castrense, la destitución de Zelaya y la sucesión presidencial se realizaron estrictamente de conformidad con los parámetros de la Constitución de Honduras. El Presidente Interino Micheletti, ha prometido mantener la fecha de las próximas elecciones en noviembre de este año y respetar la decisión popular llegado ese momento. Nadie desde el exterior tiene derecho a dictarle a Honduras los parámetros del proceso de sucesión democrática que ha escogido.