DENUNCIAS PENALES

Dos denuncias penales por supuestos fraudes con recursos de la Anses
Por Silvia Stang
Especial para lanacion.com
A menos de un año de la estatización de los fondos que estaban en el sistema jubilatorio de capitalización, existen dos denuncias penales presentadas por diputados de la oposición, por supuesto fraude a la administración pública en la gestión de los recursos, que integran el fondo de garantía de sustentabilidad del régimen de reparto.

En los dos casos se pide que se investiguen decisiones tomadas por el actual ministro de Economía, Amado Boudou, cuando estaba al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La demanda más reciente fue iniciada el 5 de octubre por la diputada María Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital Federal) y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Jueza María Romilda Servini de Cubría.

El hecho cuestionado es la compra de títulos públicos a un precio superior al de mercado, lo que habría perjudicado, según se indica, en $ 475,16 millones el valor del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema jubilatorio. La denuncia es por "fraude a la administración pública" y "violación de deberes de funcionario público".

Según el escrito de Reyes, la Anses le compró a la Tesorería de la Nación, títulos Bonar 14, por un precio que superó en un 35,12% al valor de cotización que tenían esos papeles en el mercado financiero. La cuestionada suscripción fue aprobada por una resolución conjunta de las secretarias de Finanzas y de Hacienda, del 19 de junio último. Allí se dispuso una ampliación de la emisión del Bonar 14, el mismo título que unos meses antes había tomado la Anses al canjear los llamados "préstamos garantizados al Estado" que tenía en cartera. El organismo pagó $ 102,11 por cada $ 100 de deuda nominal, para adquirir un título que en ese momento se negociaba a $ 65,25.

Reyes agrega que se suscribieron efectivamente algo más de $ 1353 millones, dato que surge de las actas de la reunión que el 29 de junio mantuvo el Comité Ejecutivo del fondo de garantía. En ese encuentro, Boudou y otros funcionarios acusados en la denuncia, avalaron todas las inversiones financieras.

"Nada justifica que la operación no se haya hecho a precios de mercado, que son los que miden el riesgo de los bonos del gobierno", advirtió Reyes. Operadores financieros del sector privado coincidieron en que debió haberse hecho la suscripción siguiendo valores de cotización.

Reyes integra la Comisión Bicameral de control de fondos de la Anses, que preside el senador del Frente para la Victoria, Eric Calcagno. Esa comisión recibió por primera vez información sobre la gestión del fondo previsional luego de casi seis meses desde que se habían estatizado los ahorros acumulados en cuentas individuales, por quienes estaban afiliados a las AFJP, eliminadas por una ley aprobada en noviembre de 2008.

La denuncia penal de Reyes fue precedida por otra, presentada por el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital Federal) y que tramita el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid. La causa se inició por la compra, con recursos del fondo de garantía, de títulos de deuda pública que no cotizan en los mercados secundarios, algo que está expresamente prohibido por ley. Concretamente, se acusa a los funcionarios de haber adquirido los llamados préstamos garantizados a principios de este año, con la intención de incrementar los efectos del canje de esos títulos que el Gobierno realizó luego (entregando a cambio los Bonar 14, eje de la denuncia de Reyes).

Según Lozano, los informes de la Anses presentados en la Comisión Bicameral del Congreso permiten deducir que el organismo "debió haber comprado" préstamos garantizados por $ 2173 millones a otros inversores -en operatorias que el diputado define como "muy oscuras"-, entre diciembre de 2008 y febrero de este año, dado que existen inconsistencias entre el stock que se había declarado tener y el monto de tenencias de los bonos resultantes del canje. El diputado agrega que eso parece corroborarse en un informe presentado por Boudou en el que un ítem hace referencia a "compras PGs (por préstamos garantizados)" aunque por un monto de $ 2263 millones.

El diputado advirtió que la operatoria se hizo "a precios no conocidos", que pudieron haber sido "ruinosos" para el fondo.