NO RESPETAN NADA

A QUIEN SE RECURRE CUANDO ES EL GOBIERNO EL QUE NO RESPETA NI SIQUIERA SUS PROPIAS LEYES?

Por Miguel Ángel Reynoso (*)

Cuando el 20 de julio del año pasado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires fue publicado el Decreto 1050, reglamentario de la nueva Ley del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aprobada anteriormente por la legislatura provincial fue fácil advertir de que a pesar de retornar algunos justos beneficios para el personal policial dejados de lado por la gestión “arslaniana”, sus redactores habían incurrido en serias violaciones a derechos individuales consagrados por la Carta Magna de los argentinos especialmente en lo que hace a determinadas acciones que se contemplan como faltas en el régimen disciplinario.




Pero lo verdaderamente llamativo resultó el contenido del artículo 354 que abiertamente establece que las diferencias de sueldo con motivo del reescalafonamiento y demás bonificaciones establecidas por la ley de personal solo generaría efectos salariales y previsionales a partir del 1ro. de enero del corriente, es decir ni más ni menos que, a mayores jerarquías que correspondiera y por ende mayores obligaciones todo el mundo debió resignar gratuitamente estas cargas laborales con la sola esperanza de comenzar a percibir las diferencias más de cinco meses después de publicada la norma.




Está claro de que ninguna otra actividad laboral pública o privada en nuestro país este verdadero despojo se podría ni siquiera haber mencionado sin que las entidades gremiales respectivas adoptaran las medidas necesarias para que ello no ocurriera, pero claro, al negarse sistemáticamente a los trabajadores policiales el derecho sindical y el reconocimiento oficial de entidades como APROPOBA para ejercer representativa y válidamente ese derecho estas cosas no solamente pueden llegar a ocurrir sino que ocurren.




Por supuesto que ninguno de los “representantes del pueblo”, es decir legisladores ni oficialistas ni de la oposición advirtió esta negación de un derecho fundamental, más preocupados seguramente en ver cuando y con quien saldrán en la foto de la próxima entrevista periodística, opinando sobre el futuro de nuestro país y de los armados políticos cuando es innegable que el presente les pasa inadvertido.




Si todo ello fuera poco, cuando todo el mundo policial pasó por los cajeros a cobrar los haberes del mes de enero con la esperanza de ver aunque mas no sea la adecuación de los mismos a los montos establecidos por la norma tal como se menciona anteriormente, en forma precisa y concreta, a pesar de tener conocimiento que ello no significaría llevar por el momento un peso más al bolsillo por conocer que el primer mes es incorporado a los recursos de nuestra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones, advierten alarmados que ni siquiera, y tal como es costumbre, dicha diferencia no figuraba en los recibos como haber y como descuento, sin que al respecto ninguna autoridad institucional ni política haya acertado a aportar alguna información al respecto.




La noticia aparecida en un diario de la víspera y publicada en nuestra página sobre la demora en esas adecuaciones salariales y la aclaración expresa de que “técnicamente” el gobierno provincial no se encontraría en mora por cuanto precisamente la primera diferencia de todo aumento se destina a la Caja, no resulta otra cosa que una cachetada mas para el trabajador policial, CLARO QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL SE ENCUENTRA EN MORA, LOS APORTES PREVISIONALES SON DE PROPIEDAD DE LOS APORTANTES Y DEBERIAN YA ESTAR DEPOSITADO EN NUESTRA CAJA DE RETIROS, lo contrario constituye una grave falta que si fuera el caso de un empleador particular debería afrontar serios problemas.




De todas maneras la ilegalidad en la actuación del ejecutivo provincial aparentemente no nos da otra opción que la de ser soportada ya que sigue negándose a la posibilidad de iniciar un diálogo sobre este y otros temas de importancia para el trabajador policial, mientras que respecto a los dos poderes restantes del estado, ya dijimos que quienes constituyen el legislativo se encuentran ocupados en cuestiones políticas muchas veces personales y en cuanto al judicial lamentables experiencias tenemos los policías en las oportunidades en que al mismo hemos recurrido en busca de amparo y protección para incurrir nuevamente en la ingenuidad de presentar recursos o mostrar verdades a ojos que no quieren ver.




Quiera Dios que tanta injusticia, no rebalse la paciencia de los policías que cansados de arriesgar sus vidas diariamente contra una delincuencia de violencia sin sentido, cuyos derechos son mucho más tenidos en cuenta que los de los que deben esforzarse en demasía por hacer cumplir la Ley recibiendo como pago un mezquino salario, pagos “en negro” y hasta se les niegan las diferencias establecidas por la misma ley votada por propuesta y reglamentada por este mismo gobierno,… aunque resulte difícil de creer.-

(*) Miguel Ángel Reynoso es Comisario Inspector (R.A.) y Secretario General de APROPOBA (Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires)