POTESTAD INDECOROSA

La reciente novedad de la compra de una importante cantidad de dólares estadounidenses por parte de un Ex Presidente, quien además es un hombre gravitante en la política actual, en cuanto se trata del esposo de la actual primera mandataria nacional, pone en el centro de la escena un tema que vale la pena profundizar.


No es preciso caer en el bajo recurso de la descalificación al conductor del oficialismo. Se trataría de una mera artimaña plagada de oportunismo investigativo y judicial propia de una casta opositora sin ideas propias, y ávida de hechos que faciliten el ya iniciado descenso de la imagen gubernamental de cara a sus futuras probabilidades electorales.


Lo cierto es que, independientemente de la situación particular de este caso paradigmático, y de las derivaciones políticas y legales que puedan surgir a partir de este suceso, el hecho instala otro debate, mas significativo y menos coyuntural.



Es que no se trata de hurgar sobre el origen de los fondos, la legalidad del procedimiento o hasta las eventuales intenciones especulativas de tal maniobra. No debiera ser necesario siquiera aclararlo, aunque las actitudes de uno y otro lado demuestren lo contrario por estas horas.



Lo que desnuda este incidente, casi anecdótico en algún punto, aunque pueda constituirse luego en un hito determinante en la cuestión política electoral, es que la discrecionalidad de las decisiones, la concentración de poder y un Estado dominante, ponen en situación de sospecha a quien tiene responsabilidades decisorias y que tiene un claro conflicto de intereses entre los generales que debe defender y los individuales.



No es noticia, ni en Argentina, ni en América Latina, ni en el mundo entero, que el manejo de “información privilegiada” disponible de modo oportuno, permite tomar decisiones anticipadas que minimizan o neutralizan el riesgo. Con una llamada telefónica que comunica “extraoficialmente” una decisión económica, o hasta política de un gobierno, con antelación, quien recibe la comunicación podrá, comprar, vender, o hacer lo que fuera necesario para obtener un provecho personal a expensas de ese “dato obtenido gentilmente” de la mano del funcionario amigo.



Esto pasa en todos lados. Y sucede, no por la corrupta actitud de deshonestos funcionarios, ni por la excesiva ambición de individuos inescrupulosos que lucran con tal ventaja originada en la información privilegiada. Sucede, simplemente, porque un ser humano tiene el PODER suficiente para decidirlo y está legitimado por normas instrumentales que hacen de esa aberración moral una cuestión absolutamente ajustada a derecho. El PUEDE decidir y ese es el punto.



Somos los individuos, las sociedades en su conjunto, las que delegamos graciosamente el mando, poniendo en manos de ALGUIEN o ALGUNOS un desproporcionado poder capaz de generar las condiciones ideales para que las personas desplieguen sus mas deshonestas actitudes. Ni siquiera deben recurrir al ilícito, una cuota de picardía combinada con un concentrado poder decisorio basta y sobra.



En casi todo el mundo un Banco Central, estatal por cierto, incide directa o indirectamente en la determinación de los precios relativos de la moneda, y no solo en ello. El mercado de divisas funciona así con una flotación sucia, asistida, en la que un funcionario, determina cuanto y cuando comprará o venderá el Estado y por lo tanto cual será su rol para sostener, aumentar o disminuir el precio de alguna divisa en particular. También tendrá la potestad de emitir mas o menos moneda, si vuelca dinero fresco e inunda, mucho o poco, la plaza local, teniendo de este modo una clara participación a la hora de determinar el valor “pretendido” de la divisa en cuestión.



En algunos países esto funciona de un modo más equilibrado, menos burdo. Allí las instituciones están compensadas, existen los contrapesos de poder, y este efecto se ve disminuido. Pero el hecho tiene similares ribetes que no cambian la cuestión de fondo.



Ahí también, algunos individuos, que bajo el paraguas que les concede el poder cedido por los ciudadanos, deciden con mas o menos arbitrariedad, como incidirán en el mercado para determinar el valor de las monedas en relación a la de circulación local.



Por eso, escuchar explicaciones acerca de la legalidad de la “operación testigo” que dispara el debate, no parece relevante. Ese no es el tema central. No debiera estar en tela de juicio la cuestión formal ( aunque algunos elegirán ese sendero ). Se trata de que quien opera como individuo protegiendo legítimamente su patrimonio personal y familiar, es la misma persona que toma “virtualmente” la decisión de cuanto será el valor de la moneda nacional en relación otra extranjera en su mercado doméstico, gozando no solo de información privilegiada como marca la ya patética tradición en el asunto, sino siendo el protagonista principal de la decisión. Allí radica el problema.



No se puede apostar por un equipo en una competencia, cuando al mismo tiempo se ocupa la posición de árbitro. La posibilidad de influir decididamente en el resultado, debiera eximirlo de participar. El protagonista de esta hipotética historia enfrentará así al dilema de intentar hacer lo correcto, o ceder a la tentación de lo inadecuado.



En este caso especifico, mucho mas aún que en el de los que trafican influencias e información, el hecho podría ser más que cuestionable desde lo moral. Pero no corresponde agotar el asunto en la particularización del debate. Porque un próximo gobierno, aquí o en casi cualquier nación del mundo, se encontrará con esta permanente contradicción intrínseca del sistema. Se trata de revisar a fondo esta potestad indecorosa que los ciudadanos del globo, delegamos a diario en esta y tantas otras cuestiones.





Alberto Medina Méndez

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