TRAGAMONEDAS

Yo Acuso (de la directora del diario Hoy en un tema de tragamonedas)
POR MYRIAM CHÁVEZ DE BALCEDO
La directora del diario Hoy, de La Plata, denunció una persecución judicial contra su hijo Marcelo Balcedo, director de la FM Red 92, como derivación de la difusión de pagos de coimas vinculados con las licencias de tragamonedas:


LA PLATA (Diario Hoy). En las puertas del Bicentenario de la histórica Revolución de Mayo asistimos a un país en el que el 40% de nuestros compatriotas es pobre y miles están condenados a morir de hambre en una tierra rica.

Asistimos a un país que carece de Justicia, donde peligrosos violadores y delincuentes de guante blanco pueden gozar de plena libertad, y donde políticos con prontuarios integran listas para mantener sus fueros y garantizarse la impunidad.

Esta penosa realidad golpea con más fuerza en la provincia de Buenos Aires.

Por eso yo acuso al poder político corrupto de las últimas dos décadas, a los legisladores genuflexos y a la corporación judicial bonaerense que, por acción u omisión, son los máximos responsables de estos flagelos.

Han vapuleado y pisoteado los valores que nos han legado nuestros próceres de la gesta de Mayo.

Una de las tantas víctimas de este perverso sistema es mi hijo, el ingeniero Marcelo Balcedo, máster en Comunicaciones por Satélite en Washington DC, que es el director de Red 92: la radio más escuchada de La Plata.

Mi hijo está sufriendo una persecución judicial que no registra antecedentes y que constituye un claro ataque a uno de los principios constitucionales de nuestro país: la libertad de expresión, y el derecho a informar y ser informados.

La persecución se inició luego de que el ingeniero Balcedo dio a conocer una investigación periodística sobre el pago de coimas que se habría pergeñado para que se apruebe la renovación automática de las licencias para la explotación de las máquinas tragamonedas en la Provincia, durante el mandato del entonces gobernador y actual candidato a diputado Felipe Solá.

Esta persecución se instrumentó a través de una causa inventada por supuesta 'coacción agravada', que fue armada por algunos oscuros personajes del poder político, como el diputado Raúl Pérez y el entonces senador Juan Amondarain -actual funcionario de la jefatura de Gabinete de la Nación- , que estaban seriamente involucrados en el negociado, al igual que Solá.

Ellos eran los principales operadores políticos para que el oscuro convenio entre las firmas del juego (especialmente Codere) y el gobierno provincial sea aprobado en la Legislatura.

La investigación de la Red 92 salió al aire durante cinco días y luego recién se inició la persecución judicial, por lo que la acusación de coacción no resiste el más mínimo análisis, salvo que se crea que un gobernador y su séquito de legisladores sean unos “pobres indefensos”.

Además, Pérez también arrastra una causa por enriquecimiento ilícito desde hace 12 años, y llamativamente sigue siendo el vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, desde donde designa a dedo a jueces, fiscales y defensores.

A raíz del escándalo que generó la investigación, el convenio nunca pudo ser sancionado por ley, y Solá lo ratificó por decreto.

Codere es la misma empresa que se instaló en la Provincia de la mano del menemismo y que, a fines del año pasado, fue denunciada por el gobierno bonaerense por lavado de dinero y evasión fiscal.

Lo preocupante es que la Justicia, en lugar de haber investigado el pago de coimas y las numerosas irregularidades que se registraron durante la renovación de licencias, se dedicó a perseguir al responsable de la investigación periodística.

Se trata de la misma corporación judicial -conformada por algunos jueces de Garantías, integrantes del Tribunal de Casación y hasta de la Procuración y de la Suprema Corte- que permitió la excarcelación de un sindicalista ( que tuvo como abogado a un ex juez ) que disparó contra una multitud; que liberó a peligrosos pedófilos y que es la responsable de que los asesinos de José Luis Cabezas estén en libertad.

No todos los jueces y fiscales forman parte de esta oscura corporación.

Muchos han demostrado probidad y honestidad, pero ellos también terminan siendo víctimas de las relaciones de poder y de los padrinazgos políticos que carcomen a uno de los tres poderes del Estado.

La persecución que sufre el ingeniero Balcedo sienta un precedente nefasto para todos los que amamos la libertad de expresión, y luchamos desde hace años contra los monopolios informativos y los intereses enquistados desde la década menemista.

Lo que le sucedió a mi hijo también le podría pasar a cualquier otro periodista que se atreva a desentrañar los negociados que involucren al poder de turno.

Me he presentado personalmente ante la fiscal que entiende en la causa y he presentado escritos en los que detallé que yo le recomendé a mi hijo que no se presente a declarar, dado que estaba en juego su vida y no existía -ni existen- garantías de que iban a ser respetados sus derechos.

Es más, ofrecí una caución para que, en libertad, mi hijo pudiera defender su buen nombre y honor. Pedimos que haya un juicio rápido y justo, donde todos los actores involucrados tengan que dar la cara y se aclare quién es quién en esta historia.

Esperé más de dos años para romper el silencio, confiando en que la verdadera Justicia iba a prevalecer.

Lamentablemente, los negocios que unen al poder político y a la corporación judicial siguen siendo más fuertes.

Pero la lucha que se pierde es la que se abandona.

Y tengo la esperanza de que finalmente se hará Justicia.

Que así sea.