FRACASO

PREPAGAS, LAVADO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
2 sesiones en Diputados, 3 temas pero hay olor a fracaso

Fracasó la reunión entre los líderes de los sectores de la oposición y el oficialismo para consensuar una sesión ordinaria incluyendo 3 temas: Prepagas, Lavado de Activos y Acceso de la Información, con modificaciones. La centroizquierda asistirá a las 2 sesiones. Hay incertidumbre por la sesión en Diputados.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Cámara de Diputados se encuentra en tiempos de paralización política provocada por la disputa de poder entre oficialistas y opositores

¿Sesión especial de la oposición a las 10:00 o sesión especial del oficialismo a las 14:00?

Una pregunta que nadie se anima a contestar. Los pesismistas dicen que fracasarán las dos.

Ante la convocatoria a dos sesiones especiales pedidas para este miércoles 04/05 y dada la trascendencia de los temas que ambas incluyen, el interbloque Proyecto Sur resolvió dar quorum en las dos.

El objetivo es evitar que este tema se patee para adelante.

Para el interbloque, el oficialismo y el grupo A privilegian sus intereses electorales y los anteponen a la resolución de los problemas que la sociedad tiene.

En este contexto, dará quorum en ambos casos porque los temas que se tratan no son del oficialismo ni de la oposición, son temas con mucho trabajo parlamentario y deben ser tratados, por eso agotará todas las instancias tal como lo hiciera en el caso del matrimonio igualitario para que no queden excusas que habiliten una nueva dilación.

La oferta K

Desde el bloque Frente para la Victoria ofrecieron incluir en la sesión un tema que exigen los sectores contrarios a la Casa de Gobierno. El proyecto es Acceso a la Información pero con modificaciones por lo que debería volver al Senado.

Esta propuesta fue aceptada por parte de la oposición, pero el Pro y la Coalición Cívica se opusieron, por lo que las negociaciones fracasaron, y en la reunión que se realizó en el despacho de la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, Patricia Fadel, los ánimos estuvieron muy caldeados entre los propios opositores que no se ponían de acuerdo ante la firme postura del Frente para la Victoria de no tratar Publicidad Oficial y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

Como ninguno de los dos sectores garantizaba tener número para iniciar su propia sesión -129 diputados- se reunieron el martes 04/05 para negociar los temas a tratar en una sesión ordinaria y dar de baja las dos sesiones especiales pedidas por ambos sectores.

Lavado y Prepagas

En el tratamiento de estos dos temas ambos sectores –oficialismo y oposición – coinciden en la urgencia de su debate en el recinto aunque tienen marcadas diferencias en los proyectos de ley sobre cada punto a discutir.

El proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado.

Hasta el momento, de acuerdo con la ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero pero “para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”.

La nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

El proyecto que ingresó el 23 de junio de 2010 con la firma de la Presidente Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el Ministro de Justicia, Julio Alak, propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos y pena con prisión de 2 a 10 años a quien conviertiere, tranfiriere, administrare, vendiere, aplicare, de cualquier modo dinero u otras clases de bienes proveniente de un delito y siempre que el valor la suma supere los 200 mil pesos, en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre si.

El proyecto de ley deja en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), el análisis, el tratamiento y la transmisión de de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráficos y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornogafía infantil.

La UIF estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que considere útil para el cumpliento de sus funciones.

En caso de una operacion sospechosa la Administración de Ingresos Públicos, deberá revelar el secreto fiscal de las personas físicas o jurídica involucradas en el hecho.

La persona que física o jurídica que incumpla algunas de las obligaciones de informaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), será sancionada con multas de una 10 veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito grave.

Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes la multa será de 10 mil a 100 mil pesos.

Desde el año 2000 Argentina forma parte de del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) y por tal mantiene una participación activa de las reuniones plenarias. En el año 1990 el organismo internacional ha dictado más de 40 recomendaciones sobre lavado de activos a las que se suman las 9 añadidas en el año 2001, relacionadas con la rpevencion de la financiacion del terrorismo. Si bien las recomendaciones no son vinculantes (obligatorias), se exige a los países miembros que respondan en funcion de los estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando, en forma permanente, su sistema preventio y represivo.

Más alla del proyecto del PE, hay otra iniciativa de la diputada Elisa Carrió, que propone eliminar la Unidad de Información Financiera (UIF ) y crear una Agencia de Inteligencia Financiera, dependiente del Congreso. Y separar el lavado del encubrimiento agravado, como en la actualidad.
Resta discutir quién será el encargado de perseguir a los acusados por lavado de dinero. Mientras el oficialismo quiere dejarlo en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, la oposición reclama que su titular sea o bien elegido por el Ejecutivo a partir de una terna impulsada por el Congreso, o bien escogido a partir de un concurso público.

Prepagas

El proyecto obtuvo la última semana consenso de kirchneristas, radicales y Proyecto Sur y sólo se opuso el PRO.
La iniciativa, que afecta a cerca de 4,5 millones de afiliados, es resistida por las empresas que dicen que no podrán seguir manteniendo la calidad del servicio, debido a la complejidad y a los costos.

La futura Ley obliga a las empresas a cambiar los términos de contratación, ya que no podrán obligar a nuevos afiliados a un período de espera antes de comenzar la cobertura.

En otros puntos, las prepagas deberán cubrir todas las enfermedades previstas en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de las Obras Sociales sindicales y no podrán fijar cuotas más altas para los pacientes que tengan más de 65 años y 10 de permanencia en el sistema.

Además, quedarán obligadas a cubrir el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

El proyecto fue aprobado primero en la Cámara de Diputados en agosto de 2008 y en noviembre de 2010 en el Senado con cambios, por lo que ahora retornó a la Cámara Baja. Por lo tanto, los diputados ahora sólo pueden optar o por el texto original, para insistir, o por el reformado por los senadores, pero no pueden rechazarlo ni reemplazarlo.

Pese a que el actual sistema tiene como clientes de la medicina privada a muchas obras sociales sindicales que contratan los servicios para darle atención a sus afiliados, el titular de la CGT, Hugo Moyano pidió hace dos meses que se impidan los pases de las mismas hacia las prepagas. Sin embargo, la discusión actual no prevé esta posibilidad.

Los empresarios del sector rechazan el proyecto por considerarlo que es un ataque del Estado a contratos celebrados entre privados y aducen que si cualquiera puede entrar al sistema sin restricciones y la autoridad regulatoria fija las cuotas el sector desaparecería.

En cambio, dicen, si se producen ingresos masivos y no se permite el ajuste a los mayores de 65 años, los valores deberían subir tanto que se produciría una fuga masiva de afiliados, lo que haría colapsar las otras patas del sistema de salud.

Aunque consienten en que la actividad debería regularse, el sector pide que la discusión en el Congreso sea parte de un tratamiento general para todo el sistema de salud, una legislación que incluya a los hospitales públicos de comunidad y a las Obras Sociales sindicales, para asegurarle a toda la población ese derecho básico.

Los puntos claves

> Obliga a las empresas de medicina prepaga a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

> Los contratos entre las prepagas y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se incluyan en el Programa Médico Obligatorio.

> Las prestaciones de las empresas de medicina prepaga no podrán ser inferiores al PMO de las obras sociales sindicales.

> Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud, además de que los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna.

> La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión.

> Las empresas no puedan rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes.

> A los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.

> Se impondrían mecanismos para que desde el Gobierno se autorice o no el aumento de las cuotas.

Publicidad Oficial

Por su parte, el Peronismo Federal, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica impulsan el tratamiento del proyecto de ley que regula la Publicidad Oficial y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, lo que generó polémica.

El régimen regulatorio de la publicidad oficial establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un plan anual de publicidad, que será elevado a una comisión bicameral del Congreso para su aprobación. Se creará la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, como organismo descentralizado, dirigido por un funcionario designado por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

Quedan alcanzados las contrataciones que tengan por objeto publicidad oficial celebrados por la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada y entidades autárquicas, Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta.

Control y restricciones: La publicidad oficial no podrá contener imágenes o referencias a ningun funcionario, ni sus firmas, ni de candidatos a cargos electivos, ni manifestaciones engañosas o que impliquen marginación o perjuicio fundado en razones ideológicas o políticas. No podrá destacar logros de gestión ni tampoco podrá contener ningún tipo de orientación partidaria.

Queda prohibida toda distribución y concentración discrecional de la publicidad oficial. Las contrataciones deberán realizarse mediante licitaciones públicas o compulsas de precios, bajo pena de nulidad. No se permitirá la contratación directa de medios ni de agencias de publicidad. Las únicas excepciones se admitirán cuando deban publicarse mensajes destinados a advertir a la población sobre posibles riesgos ocasionados por enfermedades,catástrofes naturales.

Mayor control: Se crea una unidad ejecutora de la publicidad oficial dirigida por un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, pero con acuerdo del Senado. Y se propone una comisión bicameral parlamentaria para la revisión.

Rendición de cuentas: El Gobierno debe presentar un plan anual de publicidad oficial y presentar un informe semestral al Congreso.

La campaña: No se podrá contratar publicidad oficial en los períodos electorales, es decir, dos meses antes de la votación. En la oposición temen que el Gobierno use la enorme masa de fondos del área como propaganda electoral encubierta. Consideran que sería un fuerte foco de desigualdad, ya que la nueva ley electoral impide contratar publicidad de campaña en televisión a todos los candidatos.

El reparto: Todos los medios de comunicación, productoras y agencias de publicidad, deben inscribirse en un registro único.

Montos concretos: Ninguno de los medios que reciban publicidad oficial podrá acceder a más de un 10 por ciento de los recursos totales que invierta el Estado. Hoy, no hay tope y el Gobierno puede fomentar incluso la creación de nuevos grupos de medios, al direccionar altas sumas de recursos a empresarios afines.

Los criterios de distribución: El reparto de fondos se realizará según criterios de tiraje, audiencia, cantidad de población destinataria. Actualmente eso se hace a discreción de los funcionarios a cargo del tema

Aumento no imponible Impuesto a las ganancias

El Grupo A tiene habilitado el tema desde Septiembre del año 2010 cuando la Comisión de presupuesto y hacienda emitió 3 dictamenes para subir el piso el mínimo no imponible a partir del cual un trabajador comienza a pagar Ganancias pero nunca pudo ser tratado por negativa del Kirchnerismo

El proyecto opositor eleva el piso salarial a descontar:

Trabajador soltero: $ 6.131.-
Trabajador casado con dos hijos: $ 8.400.

En la actualidad los valores se ubican por decreto en:

*Trabajador soltero $5.782
*Trabajador casado con dos hijos $ 7.998.

Los diputados opositores quieren tambien que las personas de existencia visible tengan derecho a deducir de sus ganancias netas:

a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de $ 13.300, siempre que sean residentesen el país.

b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a $ 13.300, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

* $ 14.700 anuales por el cónyuge
* $ 7.400 anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 años o incapacitado para el trabajo.
* $ 5.600 anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor 24 años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre,abuelo,abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de 24 años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de 24 años o incapacitado para el trabajo.

c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 16.600 cuando se trate de ganancias netas siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas obtenidas por todo acto que importe la disposición de bienes, a título oneroso, excluidos los comprendidos en la tercera categorían y toda clase de enriquecimiento que no esté expresamente incluido en las otras categorías.

A principios de Abril,el Gobierno que elevó por decreto el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias a $ 7.998 para trabajadores casados y a $ 5.782 para solteros. Esta modificación seguirá vigente, pero en forma provisoria, hasta que el Congreso lo efina por ley.

El contexto político evidencia una extrema polarización que obliga al Socialismo; al GEN de Margarita Stolbizer y al interbloque de Proyecto Sur, que lidera Fernando “Pino” Solanas, tomar una decisión sobre a cual sesión concurrir.

Desde el GEN, el Partido Socialista y Proyecto Sur aseguraron que asistirán a la sesión convocada por la oposición y también a la del oficialismo.

Desde la Coalición Cívica adelantaron que la jefa de bloque de Diputados, Elisa Carió; Patricia Bullrich y otros legisladores de la bancada no asistirán a la sesión porque llegan al país, recién el jueves 06/05 por la noche.

En definitiva, la realización de la sesión es todavía incierta, y reina la incertidumbre. Mientras desde todos los sectores intentan negociar para que no fracase una vez más la sesión en Diputados.

leer +