DELITO OFICIAL

Castellanos - 05-Mar-10 - Opinión

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EDITORIAL
Delito Oficial

Constitución Nacional: Artículo 99 (inciso 3) El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

No cumplir con la letra de la ley es un delito. Cuando sucede con los jueces se llama prevaricato. ¿Y cuando lo hace la Presidente de la Nación?...

En eso ha incurrido la Presidente virtual del país real con la trapacería de su nuevo DNU.

No vamos a reseñar el desprecio del matrimonio presidencial por la Constitución. No hace falta. Tan sólo queremos marcar el terreno sobre el que estamos parados.

Nunca un presidente ha denostado tanto al Poder Judicial en forma pública y solemne como al hacerlo en el acto de apertura del Congreso; tampoco ningún presidente se ha burlado en igual forma de los legisladores como lo ha hecho Cristina Fernández anunciando un DNU abortado y otro recién nacido contra natura o contra la ley. La única preocupación de los Kirchner está en la Corte Suprema de Justicia, no en el Congreso.

Es fácil deducirlo. Un juicio político necesitaría de los dos tercios de ambas cámaras para poder efectivizar cualquier sanción. Pero la Corte es otra cosa.

El 28 de Junio de 2009 no sólo significó una derrota electoral para los Kirchner, sino también un alerta al ver los sucesos de Honduras. Allá la Corte de Justicia ordenaba a las fuerzas armadas la detención del ex presidente Zelaya. Ex presidente, según esa Corte, porque había incurrido en una actitud que provocaba su autodestitución. Luego se caratularía como golpe de estado merced a los reclamos de Chávez y sus seguidores, para los cuales esto significaba un precedente fatal.

Honduras salvó su bache político con el llamado a elecciones que preveía la ley y el proceso se fue dando tal y como lo contempla la misma Constitución de Honduras. Cristina Fernández aún se niega a reconocer al nuevo presidente.

Torear a la Corte Suprema es una estrategia. Con ella se intenta ir creando la conciencia de que esta tiene una animosidad manifiesta hacia la Presidente. Llegado el caso será un argumento para intentar removerla.

Ahora, si la Corte llegara a la conclusión de que el accionar del ejecutivo es una insanable violación constitucional y adoptara una decisión similar a la de su par hondureña ¿quién podría llevar a cabo dicha sentencia?

Carecemos de fuerzas armadas; la policía federal depende de Aníbal Fernández al igual que la gendarmería y no tenemos más. Sólo quedan los boys scouts de Don Bosco. En resumidas cuentas la autocracia está a salvo. Sólo un largo proceso, lejano en el tiempo podría poner punto final a tanto delito oficial.