EL GRAN DELITO

Por Denis Pitté Fletcher

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Es ya conocido por todos los argentinos que durante el mes de enero pasado la presidente de la Nación dictó un decreto de necesidad y urgencia para tomar las reservas del Banco Central, a fin de estar en condiciones de continuar financiando la fiesta del gasto público, el mayor en términos nominales y en términos reales de la historia argentina.

Es sabido también que la oposición se presentó ante la Justicia para impedir ese saqueo, obteniendo una medida de no innovar dictada por la juez federal María José Sarmiento, luego confirmada dicha medida por la Cámara de Apelaciones, y que sería seguramente confirmada por la Corte Suprema de haber llegado la causa a su estudio.

Es sabido también que el ex presidente del Banco Central, Hernán Martín Pérez Redrado, se opuso terminantemente a transferir las reservas del Banco Central, lo que movió a la presidente de la Nación a removerlo de su cargo, con la ayuda del vicepresidente Cobos en la Comisión bicameral que avaló tal remoción.

Pues bien; ante la certeza de la presidente de que no obtendría autorización del Congreso para transferir las reservas, y de que la Corte Suprema confirmaría la prohibición de transferir los fondos ordenada por la Juez Sarmiento y la Cámara de Apelaciones, decidió ejecutar un plan que no se diferencia en mucho al de los punguistas: distraer por un lado mientras otro comete el despojo.

¿Cómo ejecutó tal plan? En primer lugar, nominando a Mercedes Marcó del Pont –conocida amanuense de los Kirchner- como presidente del Banco Central, obviamente con la condición de que se hiciera cómplice en el delito que se ejecutaría.

Paso siguiente: dictar un nuevo decreto de necesidad y urgencia con el mismo contenido que el anterior, pero con otro número y otro nombre. Ahora, en lugar de Fondo del Bicentenario, se denominaría Fondo del Desendeudamiento. Su objeto, como el anterior, era el de tomar las reservas del Banco Central, con el argumento de que la prohibición de innovar dictada por la Justicia reposaba sobre el anterior decreto y no sobre le nuevo. Una trampa infantil que no admite la menor discusión.

Marcó del Pont acató inmediatamente la orden, y, antes de que el Congreso y la Justicia pudieran reaccionar, transfirió los fondos del Banco Central al Tesoro de la Nación. Delito consumado.

La Justicia, sin embargo, reaccionó rápidamente, y la juez federal Rodríguez Vidal estableció con toda lógica que por tratarse el nuevo decreto de una réplica del anterior, la medida de no innovar era extensiva a ese nuevo decreto, lo que le valió que la presidente de la Nación utilizara la cadena nacional para enlodarla y para manifestar al mejor estilo chusma de barrio que esta juez era pareja de otro juez, violando así la privacidad con que nos protege a todos los ciudadanos el art. 18 de la Constitución Nacional.

Reflexiones. En primer lugar, la Justicia Federal en lo Criminal que entiende en la denuncia que formularon algunos diputados nacionales contra Marcó del Pont y el resto del Directorio del Banco Central, debiera llamar inmediatamente a indagatoria a los imputados –que no poseen fueros como la presidente de la Nación-, y procesarlos por los delitos de desobediencia de una prohibición judicial y por malversación de caudales públicos, lo que debiera culminar en una inevitable condena a prisión, incluida la multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído que prevé el art. 262 del Código Penal.

No se explica la razón por la que el Juez Federal y el Fiscal intervinientes en dicha causa penal no actúan con mayor rapidez ante un delito evidente y consumado. ¿Será que el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, designado por Kirchner, dio alguna instrucción al respecto? ¿O será simplemente que el magistrado tiene temor al Consejo de la Magistratura?

En segundo lugar, todo senador que vote favorablemente la designación de Marcó del Pont al frente del B.C.R.A. quedaría incurso en los mismos delitos que ella cometió, pues de ese modo estarían avalando su conducta típica, antijurídica y culpable, designando, además, a una persona que no reúne el requisito de idoneidad exigido por la Constitución para los cargos públicos. Y, por tanto, serían pasibles, una vez que pierdan los fueros que los protegen, de ser procesados por idénticos delitos y condenados a idénticas penas, inclusive las pecuniarias.

Tercero: ¿qué recibieron a cambio las senadoras Latorre y Bongiorno para venderse al oficialismo en un tema tan grave? Estas dos senadoras merecen el repudio de toda la ciudadanía de bien, pues están decidiendo con su voto que Marcó del Pont quede blanqueada luego de haber violado la ley de un modo grosero y con grave perjuicio para la República.

Cuarto. El gobierno argumenta que con los dólares del Banco Central se pagará deuda para obtener intereses más bajos. Pero, claro, omiten mencionar el mecanismo con el que se adquirieron esos dólares por el Banco Central. Ese mecanismo consiste en emitir moneda nacional (imprimir billetes a rabiar), para con ese dinero adquirir dólares en el mercado.

A su vez, y para que los pesos que ingresaron en el mercado a cambio de los dólares no provoquen inflación (pues es moneda espuria que no tiene respaldo en la producción), el Banco Central emitió bonos a tasas de interés elevadísimas para que los inversores los compren y de ese modo vuelvan a ingresar los pesos en el Banco Central. La tasa de interés de los bonos es del 15% anual. Sí, leyó bien: 15% anual. Y el gobierno enarbola la bandera del desendeudamiento para que algunos desprevenidos lo aplaudan.

Quinto. Resulta también llamativo que el ex presidente y actual senador Carlos Menem –descalificado sin pausa por el actual gobierno- apoye a Marcó del Pont expresando que es una profesional con “una capacidad increíble y es talentosa”, señalando que él se abstendrá de votar en la sesión en la que se decida su futuro. Esta actitud del Dr. Menem, favorable al oficialismo y que desconoce el delito que se ha cometido, muestra hasta qué punto algunos políticos carecen de dignidad y cómo se ha propagado el virus de la borocotización.

Por último, la causa de estos grandes desastres es el fabuloso incremento del gasto público producido en la era K, con obvios fines de construcción de poder absoluto. La demagogia que permite la caja no tiene rival. Y es que en el presupuesto nacional aprobado para el 2010, ya se encuentra contemplada una partida para el pago de la deuda, con los recursos correspondientes.

De tal modo que, al sustraer ahora los fondos del Banco Central para tal fin, luego, con una simple decisión administrativa del jefe de gabinete, los recursos fijados en el presupuesto para el pago de la deuda serán desviados para otros fines, con lo cual esta maniobra no hace más que incrementar aún más, por una vía ilegal, el gasto público.

Para los K, cuyo poder se construyó mediante la caja, esta es una guerra a muerte, pues sin caja su poder quedaría diezmado y su libertad correría serio peligro. Toda su tropa correría peligro. La oposición debiera tener plena conciencia de ello, pues la prudencia que algunos declaman puede llevar a la cobardía. Y la cobardía a la complicidad.

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Gentileza en exclusiva para NOTIAR