ALBERDI

Se necesitan "Alberdis"

por Elena Valero Narváez

El gobierno kirchnerista somete a reglamentaciones coercitivas a las actividades económicas y en su nombre ha vuelto a reincidirse, una vez más, en la regulación autoritaria de los precios, en una mayor y decidida concentración en manos estatales de la producción ganadera y agrícola del país como, así también, de empresas que antes eran privadas.

Se está por imponer la Ley de Contratos Agrarios donde se violan los artículos 16 y 17 que protegen la propiedad. El proyecto convierte a la locación agraria -como lo asegura en sus análisis agropecuarios J. Gómez Andrade- en un contrato virtualmente ilícito, en el que está prohibido todo aquello que no está permitido y en cuanto a lo permitido, solo puede hacerse del modo y la forma minuciosa en que nuestros legisladores consideran que debe hacerse, incluyendo la Comisión de Uso de la Tierra, integrada hasta por trabajadores rurales con capacidad de denunciar al propietario por el mal uso de la misma.

Se unirá a los precios máximos sugeridos, las prohibiciones a exportar carne, a la necesidad de mantener un "encaje", las retenciones confiscatorias y discriminatorias, los ROE, las intervenciones de la ONCCA contra el mercado y otras medidas que disminuyen ostensiblemente la producción y la productividad.

En nombre de supuestos planes de defensa y protección se va reemplazando la iniciativa privada por la de los funcionarios públicos: fijan objetivos y programas de producción mediante normas e impuestos arbitrarios que impiden el normal funcionamiento de la economía.

Tanto importadores como exportadores quedaron sometidos a la voluntad del gobierno negando el espíritu y la letra de la Constitución. Los empresarios también dependen de las órdenes y manejos de funcionarios del estilo de Guillermo Moreno: dejan huérfanos de estabilidad jurídica cualquier contrato. Sobre bases frágiles que dependen de voluntades y humores personales se tornan inseguros. Es por eso que no se invierte ni ingresan capitales.

El gobierno kirchnerista no es partidario ni de la libertad, ni del derecho, basta remitirse a los hechos. A tal punto están vulnerando el orden social y económico, poniendo en jaque la estabilidad institucional, que, empresarios preocupados por la situación se han reunido con el gobierno en busca de soluciones. Hechos de violencia sacuden diariamente a los habitantes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, también en el Interior, sin que se apliquen las normas jurídicas que amparan el derecho al trabajo y a la seguridad individual. El gobierno peca por acción y por omisión porque no respeta ni hace respetar las normas constitucionales que marcan con claridad esos derechos.

Los argentinos poco a poco vemos alejarse las posibilidades de gozar de nuestra propiedad, de trabajar, de comprar, a la par que el gobierno se convierte en empresario y patrón de todos los argentinos sin que nadie se lo haya pedido.

Debemos volver a las ideas de Juan Bautista Alberdi, necesitamos convertirnos en "Alberdis" para, como él, decir y obrar sobre la base de que "todo reglamento que so pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional que en esa libertad tiene su principio mas fecundo".

Sus recetas no son otras que las que hicieron rico a nuestro país en épocas pasadas y están haciendo prosperar a países que antes estaban sumidos en la pobreza. La confianza necesaria para que levantemos vuelo vendrá de sus sabias recomendaciones. Ni la ley, ni poder alguno deben arrancarnos el derecho a la libertad política y económica. La libertad, en el que se lanza a esa empresa, se convierte en promesa mentirosa y la Constitución en opresora al dejar de lado, en los hechos, su letra y espíritu.

Los resultados de la política kirchnerista nos muestran como la competencia, la creatividad y la productividad disminuyeron asfixiados por los controles burocráticos, mientras los partidos deben competir con sindicatos que pretenden adueñarse de sus funciones a la vez que amenazan la transparencia, la heterogeneidad y la dimensión de los mercados, en especial, el mercado del trabajo. Se resisten a la innovación. Luchan en contra de la competencia en pos de seguridad psicológica y se unen a la acción del gobierno para quitarles representatividad a los partidos mediante acciones violentas y coacciones arbitrarias que solo ellos pueden efectuar al movilizar a sus adherentes.

Solo la Justicia, en la Argentina de hoy, podría defender la propiedad privada y garantizar sus logros contra la violencia, las coacciones, y las arbitrariedades del gobierno, haciendo respetar los principios constitucionales que institucionalizan al
Gobierno limitado y el estado de derecho.

Elena Valero Narváez. Autora de "El Crepúsculo Argentino"LUMIERE: 2006
evaleronarvaez@hotmail.com