CONGRESO DE TERROR

Según indican los analistas políticos, el Congreso de la Nación está dictando leyes con muy escaso consentimiento comunitario, lo que determinaría que esas normas, aunque legales, carecerían de legitimidad, sobre la base de que la ética política exige tal aquiescencia.

Por el Dr. Jorge H. Sarmiento García


En principio, la legalidad debería coincidir con la ética en aquellos aspectos de la moralidad que son jurídicos, lo que quiere decir que la ley positiva no tiene como fin realizar la eticidad en todas sus dimensiones, porque los actos internos o estrictamente personales no caen bajo el imperio de la ley humana (por el principio de intimidad, receptado en el art. 19 de la Const.). No se pretende que la ley positiva tenga que castigar, p. ej., la sospecha temeraria sobre la fama ajena, ni el vicio de la gula, ni los deseos de subvertir por la violencia el orden social, etc. La ley positiva, al ser derecho, connota siempre alteridad, es decir, se refiere a aquellos actos que tienen trascendencia social, comprometiendo el bien común.

Mas actualmente se advierte una clara tendencia a transferir al ámbito meramente personal -propio de la ley moral- acciones antes consideradas con trascendencia social (lo que ha llevado, por ejemplo, a la despenalización del adulterio, del comercio pornográfico, a la legalización del aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, etc.) Ante ello, es preciso afirmar claramente que cuando esos comportamientos son legalizados no son “moralizados”. Tales acciones legislativas inciden claramente en el ámbito del derecho natural, dándose así una diferencia o margen cada vez mayor entre la legalidad y la moralidad o eticidad (o, más claramente, entre lo jurídico-positivo y lo jurídico-natural). Esta diferencia que es una antítesis, hace que aumente el número de las leyes que pueden y deben denominarse injustas. Y esta situación no está exenta de contradicciones: por ejemplo, mientras se “liberalizan” conductas que llevan a la eutanasia, al aborto, etc., las leyes se hacen más rígidas en materias que, en ocasiones, son moralmente menos graves: régimen fiscal, leyes de tránsito, autorizaciones para la importación o exportación, etc. …

El Estado no es creador de la moralidad; y, por otra parte, ni la extensión de un determinado comportamiento anti ético, ni la existencia de una ley que lo permita, puede cambiar la sustancia de ese acto, afirmación esta que, fundada en lo moral, es también garantía de defensa de la libertad: si el Estado fuese creador de la moralidad, sería por ejemplo éticamente bueno el genocidio dictado por una ley que contase con la suficiente mayoría parlamentaria o, simplemente, que emanase de la voluntad de un tirano...

Ahora bien, según indican los analistas políticos, el Congreso de la Nación está dictando leyes con muy escaso consentimiento comunitario, lo que determinaría que esas normas, aunque legales, carecerían de legitimidad, sobre la base de que la ética política exige tal aquiescencia. En efecto, como entre otros ha puesto de manifiesto Olsen Ghirardi, no es poco común que una norma se base en la legalidad, pero carezca de legitimidad. El vocablo “legítimo” tiene mayor extensión significativa que “legal”. Legítimo es lo que es conforme, no solamente al derecho positivo, sino que lo es también a la moral, a la razón y a la equidad. El acto más inicuo podrá apoyarse totalmente en la ley, pero no es legítimo si no es conforme a la ética o moral y a la razón (así, los jueces del “Tercer Reich” condenados en Nüremberg, aplicaban la legalidad y, precisamente por ello, cometieron crímenes de “lesa humanidad”). La legalidad sólo nos dice que algo está reglado conforme a una norma, a una prescripción, sancionada según regulares disposiciones correctamente estatuidas en las regulaciones de las instituciones del Estado. La legitimidad, además de ello, está justificada por lo que es justo y por lo que es honesto.

Así las cosas, esas leyes supuestamente “ilegítimas” serían injustas y, por tanto, inconstitucionales en nuestro sistema, según hemos apuntado en notas anteriores, llevando –al menos– al problema de la desobediencia a la ley injusta que plantea y resuelve la filosofía, jurídica y política.

La Revista del Foro

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