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martes, 27 de abril de 2010

EVITAR EL SUICIDIO COLECTIVO


RECORDANDO EL PASADO, SIN OLVIDAR EL PRESENTE, PARA CONSTRUIR UN VENTUROSO FUTURO

Hace algunos años fue publicado en nuestro periódico un articulo titulado “Evitar el suicidio colectivo” de nuestro amigo y colaborador Carlos J. González Cabral, el cual resulta oportuno refrescar en estos tiempos para recordar el pasado, repasar el presente y cimentar un futuro sin umbrales nocivos, sabiendo quien es quien.

EVITAR EL SUICIDIO COLECTIVO

Por Carlos J. González Cabral (*)

Los argentinos en general estamos convencidos que vivimos en un país prisionero del sistema de corrupción, donde prima el “vale todo”. Nuestro presidente “K”, que gobernó Santa Cruz, fue íntimo de Cavallo y con su esposa apoyó la extranjerización de YPF y las ambiciones descontroladas de Menem. Después de recibir el apoyo de Duhalde y del PJ se sentó en el sillón de Rivadavia y desde el mismo, disfrazándose de “furioso” izquierdista, traicionó a todos sus padrinos. Hoy está operando para regalarle los atributos del mando a su esposa, mientras sigue latente el misterio de los millones de dólares evaporados de los fondos de la provincia, sabe Dios, a qué bolsillos emparentados.

Lo que sucede en la provincia de Santa Cruz no es ninguna novedad pues comenzó hace más de 14 años. El 24 de enero de 1992 se publicó en “El Informador Público” (Pág. 9) que el entonces gobernador Néstor Carlos Kirchner había firmado el decreto 0309, refrendado por la ministra de Asuntos Sociales, (su hermana) Alicia M. Kirchner. Por dicho decreto se agredió a más de 32 mil empleados públicos y jubilados.

En su artículo primero declaraba la imposibilidad del pago de haberes de los funcionarios y empleados públicos activos y pasivos, concesionados o no, de la administración centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, banco de la Provincia de Santa Cruz y cualquier otro ente que presupuestariamente dependiera de la provincia, así también como los de los poderes Legislativo y Judicial.

El obispo de Río Gallegos, en ese entonces monseñor Miguel Ángel Alemán, angustiado por la situación generada recordó en la Opinión Austral del 15/01/1992: “Estamos en una gravísima crisis económico-social” y criticó fuertemente a Kirchner por no haber congregado a las fuerzas vivas.

Con la consigna de “Unidad para resistir” el gremio de Luz y Fuerza de Santa Cruz exhortó a defender a la provincia. Además denunció la entrega de los recursos renovables de la patagonia. De esta forma quedaba demostrado que el gobernador Kirchner estaba ensamblado en la política antinacional del gobierno de ese entonces y que pretendía –y lo logró- cubrir sus déficits presupuestarios con las privaciones y el hambre de los asalariados. Se implantaba así una política de “miedo y sometimiento”.

El panorama santacruceño de 1992 es imposible de olvidar. En ese entonces los diputados justicialistas Argentino Alvarez, Miguel de Cristófaro, Oscar Vázquez, Daniel Notaro, Héctor Icazuriaga y Cristina Fernández de Kirchner, solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que pusiera en marcha los mecanismos para la formación de un tribunal de enjuiciamiento contra el juez Rodolfo Milano. Precisamente este magistrado había hecho lugar a la solicitud de no innovar ordenando a la caja de previsión social pagar a los jubilados haberes que el gobernador les había congelado.

Vale recordar que la actual candidata a presidente (Sra. “K”) impulsó en febrero de 2006 la modificación del Consejo de la Magistratura, medida que rompió todo el equilibrio que constitucionalmente debe existir entre las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Los ¿ex montoneros? que nunca arriesgaron sus vidas preparaban el camino para una dictadura con disfraz democrático. Sin duda alguna el proyecto podría llamarse “.K.K.”, sin que ello signifique dejar de respetar las funciones estomacales. Este tema puede conocerse ampliamente leyendo el artículo publicado el 27 de febrero de 2006, por el abogado Jorge Scala, en el diario La Mañana de Córdoba.

Pero además el perseguido Juez Milano imponía la restitución por despidos arbitrarios para dirigentes gremiales y a jubilados y pensionados. Con respecto al dictatorial decreto 0309 se dijo: “No privilegiar ni respetar las fuentes de trabajo, la enseñanza y la nutrición de los niños y el derecho de los ancianos a vivir con dignidad son los verdaderos peligros de desestabilización. Si en Santa Cruz no se consolida un mejor orden en las relaciones de sus clases y sectores sociales se seguirá caminando por el filo de la cornisa”. (V. La Opinión Austral de Río Gallegos (22/02/1992) y la Gaceta del Sur de Río Gallegos (22/01/1992). El 28 de febrero del mismo año el mencionado Informador Público advirtió que el gobernador Kirchner estaba provocando con su gestión de gobierno un éxodo patagónico. No fue mera casualidad que se pretendiera en ese entonces cesantear al dirigente de Luz y Fuerza, Nicolás E Perrota, quien sugirió dar un perfil distinto a la economía de la provincia y concretar un plan social que detuviera el éxodo poblacional.

También debe recordarse a la dirigente del gremio judicial, Marisa Arteaga, quien defendió al juez Milano que se jugó su cargo por defender a los trabajadores. Dentro de la docencia, la secretaria general de ADOSAC, Eva Carrasco, denunció la intención oficial de enfrentar a los educadores. (V. La Opinión Austral, págs. 8 y 9, del 20/02/1992). Como posición ante la arbitrariedad, ADOSAC expresó: “la docencia en Santa Cruz no le tiene miedo al terrorismo –en referencia al gobernador Kirchner- que está sembrando el gobierno en todos los sectores…y está dispuesto a enfrentar una oposición en la política de desmantelamiento en la escuela pública”. El Colegio de Abogados de Río Gallegos y los abogados del foro local ante el pedido de “jury” contra Milano reclamó la independencia del poder judicial y la inmovilidad de los jueces, destacando “sin división de poderes no existe administración de justicia, se pierde la libertad individual, se cae en el autoritarismo”.

La Asociación de Empleados Judiciales, con las firmas de Carlos Cardinale, Marisa Arteaga, Mónica García y Francisco Gómez, con respecto a esta situación declararon: “…es obvio que el doctor Icazuriaga (legisladpr provincial y propiciante del juicio contra el doctor Milano ) desconoce que de acuerdo a la Constitución, la suma del poder público constituye traición a la patria, y quien la consienta o la propugne es un infame traidor.”

El año 1992 fue muy difícil para la sociedad santacruceña. La Opinión Austral publicó una denuncia por extorsión contra el Interventor de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Raúl Lascano (28/02/1992) por intimación a un empleado, a través del despido, para que renunciara el juicio que mantenía con la empresa. Se produjo un caos en el sistema educativo y se redujeron más de 1000 cargos docentes, poniéndose en marcha un plan devastador en las escuelas rurales. Ver los Autos caratulados “Navarro Margarita c/Banco de la provincia de Santa Cruz. S/Amparo”, expediente N-13967/92 (Secretaría N° 2) Tomo XXXII, Registro 4589 folio 6345, es un ejemplo altamente ilustrativo. (V.solicitada La Opinión Austral - 25/02/92 - pág.11)

Esta situación insostenible dio lugar a una declaración multisectorial titulada “Todos juntos por Santa Cruz”. Con respecto a “un grupo de dirigentes que se ha encaramado en el Estado provincial” se manifestó: “Hoy estos dirigentes aplican medidas de persecución que favorecen el éxodo y que colaboran en el proyecto de la entrega territorial, de las riquezas petrolíferas, gasíferas y carboníferas, de la calidad y el nivel de vida, convirtiéndose en los modernos ejecutores de la injusticia social, agravada con decretos como el del secuestro salarial”.

Lamentablemente el presidente “K” logró estar aplicando en la Nación el genocida “plan de gobierno parido en Santa Cruz”.El factor social y espiritual –repito una vez más- y el renacer de la responsabilidad ciudadana gravitarán para evitar un nuevo gobierno sucesorio matrimonial. La opción está en decidir ser Nación o colonia.

“Unidad nacional sobre bases programáticas y activa participación de las jóvenes generaciones son la única esperanza para sortear el desastroso momento argentino”.

(*) Especial para Crónica y Análisis por Carlos J. González Cabral. Maestro normal nacional. Se desempeñó como secretario de Gobierno y Hacienda (1958-1961) y como concejal (1963-1966) en la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos (Bs.As.) en representación de la UCRI y del MID, respectivamente. Fue electo diputado provincial por el FREJULI (1973-1976). Entre 1989 y 1995 acompañó al ex presidente Frondizi como secretario político y privado.

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