GUALEGUAYCHÚ

Castellanos - 28-Abr-10 - Opinión


Enfoque
El caso Gualeguaychú

por Manuel A. Solanet *

El fallo de la Corte Internacional de La Haya compren-dió tres dictámenes. El primero dice que el gobierno uruguayo no respetó los procedimientos formales de aprobación de nuevos emprendimientos que establece el Estatuto del río Uruguay. En el segundo se dice que, a pesar de ello, Uruguay ha cumplido los objetivos de fondo de dicho Estatuto. Esto puede traducirse en que la planta construida cumple con los estándares ambientales, lo que en idioma técnico significa que no contamina. Corroborando esto, en un tercer dictamen la Corte dijo que rechazaba los demás planteos de ambas partes, entre ellos el realizado por la Argentina sobre la contaminación y por Uruguay sobre el corte del puente. No impuso penalidades, diciéndole al gobierno argentino que deberá darse por compensado con que el fallo confirme que el gobierno uruguayo ha incumplido con las exigencias procesales del Estatuto.

Esto corrobora definitivamente que la planta celulósica de Fray Bentos no será trasladada y por lo tanto ya no queda un objetivo a lograr por parte de los asambleístas con sus medidas de fuerza. Se hace entonces aún más evidente el sinsentido y la ilegalidad del corte del puente. Ahora el gobierno y la Justicia argentina están claramente ante la obligación de hacer cumplir la ley, lo que los enfrenta a un problema político que deberán resolver. Si los vecinos no levantan voluntariamente el corte y por lo contrario continúan, la falta de ejercicio del principio de autoridad será más flagrante de lo que fue en los tres últimos años. Habrá que hacer uso de la persuasión y si no, en forma prudente y responsable, de las atribuciones del Estado para hacer respetar la ley.

Inmediatamente después del fallo, el gobernador Colombi de Corrientes anunció su intención de promover la construcción de más de una planta celulósica en las costas de su provincia sobre el río Uruguay. También hay proyectos brasileños y otros uruguayos. En los últimos veinte años se han plantado enormes extensiones de eucaliptos y pinos en la región y su destino económico no puede ser solamente el aserrado ni tampoco agregarse simplemente a la naturaleza. El río Uruguay y el Alto Paraná son localizaciones apropiadas para estas plantas industriales por la disponibilidad de agua y transporte. La actual tecnología en la producción de celulosa, tal como la aplicada por Botnia, ha permitido superar con plena seguridad los impactos contaminantes que caracterizaban tradicionalmente esta industria. En Finlandia y otros países están funcionando plantas sobre lagos cerrados, de los cuales simultáneamente se extrae el agua potable. Hoy no hay ninguna razón medioambiental para rechazar la instalación de plantas celulósicas.

Siendo esto así, ¿cómo pudo generarse una reacción como la de Gualeguaychú? El análisis sociológico denomina este fenómeno como "collective outrage". Una comunidad se siente severamente amenazada y desarrolla reacciones defensivas solidarias que escalan sobre los límites y reglas que esa propia comunidad aceptaba. Los de Gualeguaychú son ciudadanos correctos, pero la defensa contra un supuesto mal superior los llevó a justificar el corte de una frontera. La mayoría de los habitantes de esa ciudad ha creído desde el inicio que Botnia contaminaría el río y el aire afectando su salud, su bienestar, el valor de sus propiedades y el turismo. Muchos pensaron que tendrían que abandonar su ciudad. A estas creencias contribuyeron voces alarmistas de líderes ecologistas maximalistas y de técnicos desinformados respecto de los avances tecnológicos en la industria, que son los que se aplicarían por Botnia. Un ingeniero que había actuado en una planta obsoleta y contaminante en Pontevedra desparramó terror en Gualeguaychú. La fuerza política y la presión humana del collective outrage encontraron un gobierno nacional propenso al populismo y a la irresponsabilidad. Desde el presidente Kirchner hasta el intendente local, en lugar de informar correctamente y apaciguarlos, se subieron demagógicamente a la ola y le dieron el carácter de causa nacional. La información aportada por el gobierno uruguayo, o por organismos internacionales o por la empresa, no logró penetrar. Toda razón en contrario al sentimiento colectivo se la supuso interesada y contraria a la comunidad gualeguaychuense. Así se pasó a tres años de corte de frontera, a la innecesaria concurrencia a la Corte Internacional de la Haya, a recibir un fallo que era esperable y al dilema actual de cómo hacer cambiar y deponer de sus actitudes a los vecinos de Gualeguaychú. El gobierno argentino se ha cocinado en su propia salsa y el caso pasará a ser un tema de estudio en los manuales de política y de psicología social.