LEY DE MEDIOS

CLARÍN NO ES LA ÚNICA RAZÓN POR LA QUE EL GOBIERNO NECESITA UN FALLO DE LA CORTE

La suspensión de la ley de medios pone en riesgo al multimedios oficial y la televisión digital


Por Carlos Tórtora

La ofensiva kirchnerista contra la Corte Suprema para que ésta se avenga a convalidar la Nueva Ley de Medios Audiovisuales en un expediente que todavía no llegó al tribunal tiene más de una lectura. El gobierno necesita contar con mayoría en la Corte y para ello le sería útil la jubilación de Carlos Fayt. De ese modo, estaría un poco más cerca de un fallo que revierta la suspensión de la aplicación de la ley dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ésta decidió la suspensión, argumentando la existencia de graves vicios en el procedimiento de sanción de la ley. Pero no es sólo la victoria o derrota sobre Clarín lo que está en juego. La suspensión de la aplicación de la ley tiene otros costos -poco conocidos- para el gobierno. El Decreto 1526/2009 dispuso la creación de Radio y Televisión Argentina (RTA) Sociedad del Estado, el ente que sucede al Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. RTA tiene a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional.

La totalidad de las frecuencias de televisión y radio que administra el Estado pasaron ahora a RTA. Pero el caso es que el nuevo super ente cumple funciones asignadas por la Ley de Medios. Al estar la aplicación de ésta suspendida, RTA también quedó semiparalizada. No se trata, entonces, sólo de que el gobierno no puede avanzar en la aplicación de las normas para desguazar Clarín, sino que tampoco puede ejecutar las políticas de comunicación propias, por ejemplo, adjudicar frecuencias. Esto hacer que la situación sea todavía más grave y que la necesidad de un fallo favorable de la Corte se vuelva acuciante para los Kirchner.

La Televisión Digital en el aire

Julio De Vido anunció que el 25 de mayo se pondrá en marcha la Televisión Digital Terrestre, en el marco de un Sistema Estatal y Nacional de Señales Digitales Audiovisuales, que hasta ahora no tiene respaldo normativo alguno. Las consecuencias de la iniciativa no son pocas. A saber:

- La Inversión Estatal inicial será de 700 millones. Se desconoce el costo final.

- Hay un abrupto cambio de reglas en la TV Cable y Digital.

- Competencia desleal con las pequeñas Empresas de TV Cable del interior del País.

- El estado se queda con el “monopolio” de la TV Cable y TV Digital.

- El Estado Nacional, de estar habilitado por la LEY de tener 1 (un) sólo canal de TV Aire “canal 7”, pasa por “motus propio” a 5 (cinco) señales Digitales en mayo y 20 (veinte) en 2011.

Semejante operación, que transformará el mercado de las comunicaciones y afectará derechos adquiridos de empresas privadas, excede largamente las posibilidades de un simple decreto. Definitivamente, se trata de una materia que es competencia del Congreso. En este marco, el único sustento que el gobierno podría darle a la televisión digital para evitar fallos judiciales en contra, sería justamente el de la Ley de Medios.

El panorama que se le presenta al oficialismo es oscuro, porque estando suspendida la aplicación de la ley de medios y semiparalizada RTA, la televisión digital saldría a la luz con una vulnerabilidad tan grande jurídica que podría caer también bajo los golpes de fallos judiciales adversos.