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miércoles, 12 de mayo de 2010

ACOSO


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La Justicia como herramienta de acoso

¿Acaso no existe un artículo en el Código Penal que sancione la persecución judicial como medio intimidatorio? Esto lleva a situaciones antagónicas inexplicables que se suceden a diario en el país.

Por Juana Marco


Cada vez se evidencia más el uso de la justicia penal contra los opositores y contra quienes puedan representar un riesgo para el gobierno nacional.

La estrategia es la estrategia y utilizar la justicia como instrumento para amedrentar a los disidentes, a los medios, a los comunicadores sociales, a políticos, empresarios etc. y a quien no comulgue con las imposiciones gubernamentales. Ya que nadie con la plena convicción de que la acusación es falsa o no se ajusta a los hechos puede negarse a presentarse ante la Justicia para defender su inocencia.

Así como en una oportunidad se intimó judicialmente a diputados y dirigentes del agro acusándolos de obstruir la libre circulación por un paro rural, al igual que se acusó de otras causas a tantos otros de distintos sectores de la sociedad antes y después de esa oportunidad, de manera de lograr cierta intimidación y presión sicológica sobre los acusados.

Asimismo "se escrachó" a modo de advertencia a un grupo de periodistas a través de afiches y de una parodia judicial publica callejera. Para no perder la sintonía de esta modalidad, en estas semanas se citó al Jefe de Gobierno porteño acusándolo seguramente de una causa en la que él no haya intervenido ni participado. De esa manera se logra concentrar su atención en la defensa y evita se active su labor ejecutiva.

Según trasmitió el funcionario le solicitó al juez que lo acusara de un hecho concreto o que le hiciera evidente una prueba. Nada de eso sucedió. “Es imposible defenderse de una causa donde no existe una acusación firme que demuestre la culpabilidad”, sentenció el líder del PRO.

También en reiteradas oportunidades se descalificó al vicepresidente, al empresario por la Prov. de Bs. As. durante su campaña, a un candidato a diputado, denostando y difamando a personas públicas.

Sea o no que existan razones para demandar judicialmente, siempre se procura buscar un motivo que obligue a aclarar la inimputabilidad.

Ahora bien, ¿cómo es posible que cuando se acusa al gobierno y sus funcionarios de diferentes causas de corrupción logran mantenerse alejados de la Justicia y sin demostrar siquiera la más mínima preocupación?

Tampoco queda claro cómo no existen suficientes pruebas como para exigir se los exima de su inmunidad para ser sometidos a la Justicia. ¿Acaso las evidencias no son suficientes o faltan certificaciones que avalen las acusaciones de lo que se los imputa?

Sospechas, pruebas, evidencias etc.… han puesto al margen de sus funciones a un presidente del primer mundo en una ocasión, como a otros funcionarios en distintos países avanzados. Entonces, ¿cómo es posible que si existen tantas evidencias que se denuncian y salen a la luz, desde el faltante de fondos públicos multimillonarios en la Prov. de Sta. Cruz o de dinero proveniente de otros países etc., no se los pueda juzgar y someter a la Justicia para declarar en estas causas en que se los imputa?

A pesar de esta realidad que experimentan los argentinos lo más sorprendente es lo paradójico de la situación. Un matrimonio gobernante que se dice utiliza la Justicia Penal para acorralar a quienes no son funcionales, sin siquiera preocuparles la posible penalidad por la falta de pruebas. Mientras que por otro lado, dirigentes de la oposición que aseguran tener sobradas evidencias no logran siquiera frenar la impunidad de su poder y de sus actos, que avasalla los derechos de todos y posterga el crecimiento del país en forma voluntaria y premeditada.

Sólo caben dos preguntas muy importantes para poder vislumbrar el futuro próximo: ¿podrán los opositores evitar su propia crispación y su atomización actuando en consecuencia hasta lograr se haga justicia y se regularice la situación? ¿O seguirán siendo victimas de estas hábiles estrategias? Mientras, avanzan hacia una impunidad cada vez mayor siendo los jueces funcionales a su arbitrio y determinación.

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